CNDH alerta que gentrificación, turistificación y patrimonialización ponen en riesgo derechos humanos en México
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La CNDH advierte que el alza de rentas, el turismo y la transformación urbana pueden afectar vivienda, agua, trabajo y vida comunitaria
La gentrificación, la turistificación y la patrimonialización pueden generar riesgos para el ejercicio de diversos derechos humanos, entre ellos el acceso a una vivienda adecuada, al agua potable, al trabajo y a la vida comunitaria, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo presentó el “Informe Especial sobre Derechos Humanos y Gentrificación. México 2026: el año del Mundial de Futbol”, en el que documentó los efectos de estos fenómenos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades que fueron sedes del Mundial de 2026.
Aunque el torneo ya concluyó, la CNDH plantea que las transformaciones urbanas y económicas asociadas con eventos masivos y el crecimiento de las actividades turísticas pueden tener efectos que permanecen después de su realización.
¿CÓMO AFECTA LA GENTRIFICACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS?
De acuerdo con la CNDH, uno de los principales efectos identificados es el incremento de los precios de la vivienda. El informe documentó aumentos de entre 20 y 600 por ciento en las rentas de zonas cercanas a estadios y áreas turísticas.
El encarecimiento de los alquileres puede dificultar que las familias que históricamente han habitado determinadas colonias permanezcan en ellas, generando procesos de desplazamiento.
La situación tiene implicaciones en el derecho a una vivienda adecuada, particularmente para familias con menores ingresos que enfrentan mayores dificultades para absorber los aumentos en los costos de alojamiento.
La CNDH también señaló que estos procesos pueden modificar la composición social de los barrios y provocar la ruptura de redes comunitarias vinculadas con el cuidado, la memoria y la identidad barrial.
TURISTIFICACIÓN SUSTITUYE VIVIENDA PERMANENTE POR ALOJAMIENTO TEMPORAL
Otro de los fenómenos analizados por la CNDH es la turistificación, relacionada con la transformación de zonas habitacionales para atender principalmente la demanda de visitantes.
El organismo identificó la sustitución de vivienda destinada a residentes permanentes por alojamientos turísticos de corta estancia, incluidos aquellos que se ofrecen mediante plataformas digitales como Airbnb.
Esta transformación puede reducir la oferta de vivienda disponible para quienes viven y trabajan en las ciudades, además de contribuir al aumento de las rentas en determinadas zonas.
Para la CNDH, el problema debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente como un fenómeno relacionado con el mercado inmobiliario o turístico.
EL ACCESO AL AGUA TAMBIÉN ENFRENTA PRESIONES
La transformación de determinadas zonas urbanas también puede generar presiones sobre los servicios públicos.
El informe documentó conflictos relacionados con el acceso equitativo al agua potable en colonias populares, en un contexto en el que el crecimiento urbano y turístico incrementa la demanda de servicios.
La CNDH planteó que garantizar el acceso al agua requiere considerar las condiciones de las comunidades que ya habitan los territorios y evitar que determinados sectores enfrenten mayores dificultades para acceder a servicios básicos.
TRABAJADORES Y COMUNIDADES TAMBIÉN RESULTAN AFECTADOS
Los efectos de estos procesos no se limitan a la vivienda. La CNDH identificó afectaciones para personas trabajadoras no asalariadas, particularmente por las condiciones establecidas para la realización de eventos masivos.
Asimismo, señaló que mujeres, comunidades indígenas, personas adultas mayores, familias de menores ingresos y poblaciones históricamente excluidas enfrentan mayores obstáculos para permanecer en sus barrios y conservar sus medios de vida.
El organismo propuso, por ello, incorporar los principios de igualdad sustantiva, no discriminación, progresividad y justicia territorial en el análisis y diseño de políticas relacionadas con la transformación de las ciudades.
PATRIMONIALIZACIÓN TAMBIÉN PUEDE TRANSFORMAR LOS BARRIOS
La CNDH incluyó la patrimonialización entre los procesos que deben analizarse desde una perspectiva de derechos humanos.
El reconocimiento y aprovechamiento turístico de determinados espacios, inmuebles o zonas con valor histórico y cultural puede transformar las dinámicas económicas y sociales de los lugares donde se encuentran.
Cuando estos procesos incrementan la presión inmobiliaria o turística, pueden generar condiciones que dificulten la permanencia de las comunidades que históricamente han habitado esos territorios.
Por ello, el informe plantea la necesidad de considerar no solo el valor cultural o turístico de una zona, sino también los derechos y las condiciones de vida de las personas que la habitan.
CNDH PIDE VIGILAR EL AUMENTO DE LAS RENTAS
Ante los efectos identificados, la CNDH formuló recomendaciones y sugerencias de buenas prácticas para los tres órdenes de gobierno.
Entre las medidas propuestas están la regulación del arrendamiento temporal, la consolidación de reservas de uso habitacional permanente y la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
También planteó que los gobiernos locales monitoreen los incrementos de las rentas, establezcan mecanismos accesibles para presentar denuncias y garanticen el suministro equitativo de agua potable en las colonias populares.
El organismo propuso además desarrollar indicadores y metodologías georreferenciadas que permitan dar seguimiento a la gentrificación y la turistificación, así como mecanismos de monitoreo antes, durante y al menos un año después de eventos masivos.
LA VIVIENDA COMO DERECHO HUMANO
La CNDH sostuvo que la transformación urbana debe considerar a las personas y comunidades que habitan los territorios.
En ese sentido, señaló que los beneficios económicos y de infraestructura derivados de la modernización urbana no deben producirse a costa del desplazamiento de las comunidades ni de la pérdida de sus medios de vida.
El informe plantea que la vivienda debe entenderse como un elemento vinculado con la dignidad, la vida en comunidad y la pertenencia colectiva, y que las políticas públicas deben incorporar mecanismos que permitan a las comunidades participar en las decisiones que modifican sus entornos.
