CNDH emite nueva recomendación sobre Ayotzinapa; revisa papel del GIEI y del Ejército
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La CNDH revisó la actuación del GIEI y solicitó información al Ejército en su nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, un documento en el que reconoce violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como deficiencias en las investigaciones realizadas durante los años posteriores.
El organismo calificó el documento como una “recomendación reivindicatoria de la lucha de las víctimas directas e indirectas”, resultado de una nueva investigación iniciada a partir de solicitudes de madres y padres de los estudiantes desaparecidos y sustentada en la revisión integral de expedientes, documentos oficiales y nuevas evidencias.
La CNDH señaló que el propósito del nuevo instrumento es contribuir al acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, además de ofrecer un análisis desde una perspectiva de derechos humanos.
LA RECOMENDACIÓN RECONOCE A 92 VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES
De acuerdo con el documento, la investigación permitió identificar a 92 víctimas de diversas violaciones graves a los derechos humanos derivadas de los acontecimientos registrados en Iguala.
Entre ellas se encuentran 40 estudiantes considerados víctimas de desaparición forzada, así como casos de tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ejecuciones extrajudiciales.
La recomendación también reconoce de manera específica el caso de Julio César Mondragón, estudiante cuyo cuerpo fue localizado sin vida tras los hechos y cuya muerte es considerada por la CNDH como resultado de tortura y ejecución extrajudicial.
Asimismo, el organismo documentó afectaciones contra 46 estudiantes sobrevivientes por uso excesivo de la fuerza y diversos actos considerados violatorios de sus derechos humanos.
En el documento también se establecen violaciones al derecho a la verdad y al acceso a la justicia derivadas de una procuración de justicia considerada deficiente durante las investigaciones.
LA CNDH REVISÓ LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN 2018
La Comisión explicó que el origen de esta nueva investigación se remonta al 27 de enero de 2020, cuando la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, sostuvo un encuentro con el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Durante esa reunión se acordó revisar la Recomendación 15VG/2018 al considerar que sus conclusiones resultaban contradictorias y revictimizaban a los estudiantes, además de que respaldaban la denominada “verdad histórica” presentada anteriormente por la entonces Procuraduría General de la República.
Dos días después de ese encuentro, el 29 de enero de 2020, la presidenta de la CNDH emitió un acuerdo mediante el cual quedó disuelta la Oficina Especial para el Caso Iguala, responsable de elaborar la recomendación anterior.
PADRES DE FAMILIA PROMOVIERON UNA NUEVA INVESTIGACIÓN
La CNDH informó que el 24 de junio de 2021 un grupo de madres y padres de los normalistas presentó una nueva queja ante el organismo nacional, aportando hechos y elementos que permitían abrir un nuevo expediente por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2021, Rosario Piedra Ibarra instruyó formalmente la apertura del expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG, el cual dio origen a la Recomendación 208VG/2026.
Durante los meses siguientes más familiares de los estudiantes desaparecidos se adhirieron a la queja inicial, mientras que sobrevivientes de los hechos solicitaron ser incorporados como víctimas dentro del nuevo procedimiento.
La CNDH indicó que el 2 de julio de 2026 la presidenta del organismo sostuvo una reunión con estudiantes normalistas pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), donde refrendó el compromiso institucional con la búsqueda de verdad y justicia y firmó la recomendación que ahora fue hecha pública.
INVESTIGACIÓN INCLUYÓ REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y NUEVAS EVIDENCIAS
Como parte del proceso, la Comisión informó que realizó una revisión exhaustiva de actuaciones ministeriales, expedientes previos y documentación pública relacionada con el caso.
Además, solicitó información a distintas dependencias y revisó elementos contenidos en la Recomendación 15VG/2018 que, según el organismo, no fueron analizados completamente o fueron interpretados de manera parcial.
La investigación también incorporó información proveniente de informes elaborados por organizaciones nacionales e internacionales, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CNDH señaló que el objetivo no fue construir una nueva narrativa sobre el caso, sino aportar elementos comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, informó que elaboró un listado completo de víctimas directas e indirectas para apoyar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y participó en jornadas de búsqueda de información convocadas por madres y padres de los estudiantes.
EL DOCUMENTO INCORPORA NUEVAS LÍNEAS DE ANÁLISIS
La Recomendación 208VG/2026 incluye diversos aspectos relacionados con el desarrollo de las investigaciones realizadas durante más de una década.
Entre ellos se encuentra el análisis de los denominados 800 folios “CRFI”, cuya desaparición había sido señalada anteriormente y sobre los cuales la CNDH informó haber solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
También examina la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las consecuencias derivadas de resoluciones judiciales que permitieron la liberación de diversos imputados cuyas confesiones fueron obtenidas bajo tortura y posteriormente invalidadas.
El organismo dedicó un apartado específico al caso de Julio César Mondragón, cuya condición de víctima de tortura y ejecución extrajudicial, indicó, quedó plenamente documentada en esta nueva investigación.
Asimismo, analiza las narrativas construidas alrededor de los estudiantes normalistas y de la FECSM, organización que, según la Comisión, fue objeto de procesos de criminalización durante varios años.
LA RECOMENDACIÓN BUSCA FORTALECER EL ACCESO A LA VERDAD Y LA JUSTICIA
La Comisión sostuvo que el nuevo documento plantea la necesidad de fortalecer una estrategia nacional para atender el caso Ayotzinapa mediante la coordinación entre autoridades y víctimas.
El organismo consideró que la atención institucional debe responder a la complejidad del caso mediante acciones conjuntas orientadas al esclarecimiento de los hechos y la garantía de los derechos de las víctimas.
Entre las conclusiones, la CNDH reiteró que las investigaciones permitieron acreditar diversas violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, desaparición forzada, tortura, afectaciones a la integridad física y a la vida, así como deficiencias en la procuración de justicia.
LA RECOMENDACIÓN FUE DIRIGIDA A DIVERSAS AUTORIDADESLA RECOMENDACIÓN FUE DIRIGIDA A DIVERSAS AUTORIDADES
La Recomendación 208VG/2026 fue dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa; la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la Comisión Nacional de Búsqueda y diversas autoridades federales, estatales y municipales.
Entre los destinatarios también se encuentran la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Guerrero, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las corporaciones de seguridad pública de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco.
La CNDH informó que la recomendación ya fue notificada formalmente a todas las autoridades involucradas y señaló que el documento completo puede consultarse a través de su portal oficial.