Coahuila da pasos para armonizar la ley de ‘impuestos verdes’. 15 estados ya la aplican
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El Congreso de Coahuila está dando pasos para armonizar la iniciativa de ley en la que se establece un “impuesto verde” a las emisiones de gases de efecto invernadero, el diputado local Jorge Arturo Valdés Flores es el promotor de la propuesta
CIUDAD DE MÉXICO- Al menos 15 entidades, casi la mitad en el País, aplican desde este año impuestos ecológicos, mientras que otras 12 los incluyen entre sus fuentes de ingresos, aunque optaron por no cobrarlos en 2025.
El uso de dichos impuestos se extendió rápidamente desde 2016, cuando los aplicó por primera vez Zacatecas, entre cuestionamientos y litigios por parte de organismos empresariales, que los consideran injustificados, y las expectativas de que contribuyan a solucionar problemáticas ambientales específicas.
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De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el ejercicio fiscal de 2023 fueron 13 las entidades que incluyeron impuestos ecológicos en sus leyes de ingresos, con una previsión total de 2 mil 800 millones de pesos. El monto equivalía a 1.3 por ciento de los ingresos tributarios estatales en el País.
La entidad con mayor previsión de ingresos por impuestos ecológicos fue Nuevo León, con mil 526 millones de pesos.
Este año, las entidades que los aplican prevén recaudar un total de 2 mil 918 millones de pesos. El monto representa el 1.4 por ciento de los ingresos tributarios de esas entidades y el 0.18 por ciento de sus ingresos totales
De nueva cuenta, Nuevo León es la entidad con mayor monto esperado de recaudación por impuestos ecológicos, con los mismos mil 526 millones de pesos, seguida por Estado de México, con 290 millones y Querétaro, con 273 millones.
En 11 entidades se aplica un impuesto sobre emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, en 7 sobre emisiones contaminantes al suelo, el subsuelo y el agua, en 7 por remediación de extracción de materiales pétreos, y en 5 por almacenamiento de residuos. Durango, Nuevo León y Zacatecas aplican los cuatro tipos de impuestos ecológicos.
El cobro del impuesto sobre emisiones a la atmósfera se realiza con base a tarifas sobre la estimación del volumen equivalente de bióxido de carbono.
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Para los efectos de este impuesto, se considera emisión a la atmósfera la expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono, metano, Oxido nitroso, carbono negro, hidrofluoro carbonos y perfluoro carbonos.
”Ya sea unitariamente o de cualquier combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental por provocar calentamiento global”, indica la Ley de Hacienda de Durango.
En algunos casos, como el del Estado de México, se prevén descuentos para empresas que adopten medidas que disminuyan sus emisiones de carbono.
Para el ejercicio fiscal de 2025, esta contemplado en esa entidad un incentivo de 30 por ciento para “personas físicas y jurídicas colectivas obligadas al pago del Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera” que “implementen tecnologías sustentables consistentes en el reemplazo de parque vehicular a base de combustibles fósiles por vehículos eléctricos o híbridos”.
CUESTIONAMIENTO
La Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), considera que los impuestos verdes se convierten en un costo adicional para las empresas y no incentivan la reducción de emisiones contaminantes.
Tienen fines principalmente recaudatorios, sostiene, y carecen de un destino ambiental claro.
Los impuestos ambientales estatales no aseguran una contribución real a las metas de mitigación nacionales y estatales, considera, y sí implican riesgos importantes en la competitividad de esos estados, y del País en su conjunto.
”Los impuestos estatales sobrerregulan las emisiones de GEI, debido a que ya están cubiertas a nivel federal: 1) con el impuesto a los combustibles por su contenido de carbono (IEPS) y a través del Sistema de Comercio de Emisiones para las instalaciones que emiten de manera directa 100 mil toneladas o más de CO2 anualmente”, apunta en un análisis publicado a finales del año pasado .
Por Víctor Osorio, Agencia Reforma.
