Confirma Sheinbaum que mandará su ‘Plan B’ de la reforma electoral al Senado

Luego de que su reforma electoral no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina anunció el envío de una nueva iniciativa conocida como “Plan B”, la cual será discutida en el Senado con el respaldo de sus aliados, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La mandataria explicó que esta nueva propuesta se centrará principalmente en la reorientación del gasto público en el ámbito político, con el objetivo de reducir costos y destinar mayores recursos a obra pública en estados y municipios.

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De acuerdo con la información más reciente, el “Plan B” es una versión mucho más acotada de la reforma original, luego de que no se lograran consensos para modificar la Constitución. Entre sus principales puntos destacan:

Reducción del presupuesto de congresos locales y cabildos municipales, con la intención de generar ahorros que se canalicen a servicios públicos e infraestructura.

Disminución del número de regidores y legisladores locales, ajustándolo a criterios poblacionales para evitar estructuras sobredimensionadas.

Medidas de austeridad en el gasto político, manteniendo el objetivo de recortar privilegios en el sistema electoral.

La presidenta reconoció que esta nueva iniciativa no incluye cambios estructurales más profundos —como la eliminación de legisladores plurinominales o la reducción del financiamiento a partidos— debido a la falta de apoyo suficiente en el Congreso.

No obstante, Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de impulsar esos temas en el futuro, e incluso planteó mecanismos como consultas populares para avanzar en reformas más amplias del sistema electoral.

El “Plan B” será enviado formalmente al Senado este martes, donde se prevé que cuente con el respaldo de la coalición oficialista, lo que permitiría su aprobación al tratarse de cambios que no requieren mayoría calificada, sino solo mayoría simple.

Con esta estrategia, el gobierno federal busca rescatar parte de su agenda de reforma electoral tras el revés legislativo, priorizando medidas de austeridad y redistribución del gasto político hacia el desarrollo local.