Dio Peña Nieto contrato de 4.2 mdd a empresa ‘fantasma’ ligada a ‘Pegasus’: MCCI
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Revela investigación contrato de Segob con Air Cap, creada por el empresario israelí Uri Ansbacher, señalado por presuntos sobornos al expresidente
El empresario israelí Uri Ansbacher, señalado por presuntos sobornos al ex presidente Enrique Peña Nieto para venderle el software “Pegasus”, recibió un contrato de la Secretaría de Gobernación (Segob) por 4.2 millones de dólares a cuatro meses de finalizar el sexenio de Peña.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el contrato fue otorgado a través de “Air Cap SA de CV”, empresa “fantasma” fundada por el empresario y que también se habría utilizado para triangular la venta de “Pegasus”.
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También se señala, de acuerdo con la investigación, que entre 2017 y 2020 acumuló asignaciones cercanas a los mil millones de pesos, tanto en el sexenio presidencial de Peña Nieto, como en el Gobierno del Estado de México con Alfredo del Mazo.
La Segob otorgó, el 31 de julio de 2018, un contrato por 4 millones 250 mil dólares a la compañía de Ansbacher por concepto de mantenimiento integral preventivo, programado y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para tres helicópteros Kazan MI-17 que forman parte de la flota aérea de la Policía Federal.
Según MCCI, el contrato se otorgó bajo la figura de adjudicación directa, argumentando que no podía ser bajo licitación pública para no revelar información de la contratación y condiciones para el servicio.
De cinco posibles prestadores del servicio que solicitó la Policía Federal, tres respondieron, uno de ellos Air Cap.
RELACIÓN AMLO-AIR CAP
La investigación también devela que Air Cap buscó seguir siendo contratista en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) invitó a la compañía para presentar cotizaciones de diferentes servicios, sin embargo en 2021 cesó en las invitaciones, tras revelarse que la empresa estaba involucrada en la venta del malware espía.
Sin embargo, documentos oficiales demuestran, según MCCI, que en el sexenio de AMLO -en 2020- se terminó de pagar a la empresa de Ansbacher el contrato obtenido en la gestión de Peña Nieto.
Originalmente el contrato de 4 millones de dólares contaba con una vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, lo que implica que se extendió al gobierno de López Obrador.
CONTRATOS CON DEL MAZO
Además de la relación con el gobierno federal, Air Cap también fue beneficiada en el Estado de México, durante el Gobierno de Alfredo del Mazo.
Según Aristegui Noticias, el ex gobernador mexiquense hizo tres compras: brazaletes electrónicos, por 96 millones de pesos; sistema de videovigilancia, por 60 millones; y bloqueadores de señal telefónica.
Pero MCCI halló otros cuatro contratos para equipo de seguridad y videovigilancia.
“En total, el Gobierno del Estado de México benefició a ‘Air Cap’ con 784 millones 514 mil 328 pesos, entre los años 2017 y 2020”, detalló el medio.
El 28 de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Air Cap en la lista definitiva de contribuyentes que simularon operaciones para incurrir en evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos.
La catalogaron como empresa “fantasma” por encontrar ausencia de activos, ausencia de personal e incapacidad material para llevar a cabo las actividades por las que emitió comprobantes fiscales.
Cuando el gobierno de López Obrador buscó contratistas, Air Cap dijo cumplir con sus obligaciones fiscales y ser una empresa grande con 250 trabajadores.
También se señala, de acuerdo con la investigación, que entre 2017 y 2020 acumuló asignaciones cercanas a los mil millones de pesos, tanto en el sexenio presidencial de Peña Nieto, como en el Gobierno del Estado de México con Alfredo del Mazo.
La Segob otorgó, el 31 de julio de 2018, un contrato por 4 millones 250 mil dólares a la compañía de Ansbacher por concepto de mantenimiento integral preventivo, programado y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para tres helicópteros Kazan MI-17 que forman parte de la flota aérea de la Policía Federal.
Según MCCI, el contrato se otorgó bajo la figura de adjudicación directa, argumentando que no podía ser bajo licitación pública para no revelar información de la contratación y condiciones para el servicio.
De cinco posibles prestadores del servicio que solicitó la Policía Federal, tres respondieron, uno de ellos Air Cap.
RELACIÓN AMLO-AIR CAP
La investigación también devela que Air Cap buscó seguir siendo contratista en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) invitó a la compañía para presentar cotizaciones de diferentes servicios, sin embargo en 2021 cesó en las invitaciones, tras revelarse que la empresa estaba involucrada en la venta del malware espía.
Sin embargo, documentos oficiales demuestran, según MCCI, que en el sexenio de AMLO -en 2020- se terminó de pagar a la empresa de Ansbacher el contrato obtenido en la gestión de Peña Nieto.
Originalmente el contrato de 4 millones de dólares contaba con una vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, lo que implica que se extendió al gobierno de López Obrador.
CONTRATOS CON DEL MAZO
Además de la relación con el gobierno federal, Air Cap también fue beneficiada en el Estado de México, durante el Gobierno de Alfredo del Mazo.
Según Aristegui Noticias, el ex gobernador mexiquense hizo tres compras: brazaletes electrónicos, por 96 millones de pesos; sistema de videovigilancia, por 60 millones; y bloqueadores de señal telefónica.
Pero MCCI halló otros cuatro contratos para equipo de seguridad y videovigilancia.
“En total, el Gobierno del Estado de México benefició a ‘Air Cap’ con 784 millones 514 mil 328 pesos, entre los años 2017 y 2020”, detalló el medio.
El 28 de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Air Cap en la lista definitiva de contribuyentes que simularon operaciones para incurrir en evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos.
La catalogaron como empresa “fantasma” por encontrar ausencia de activos, ausencia de personal e incapacidad material para llevar a cabo las actividades por las que emitió comprobantes fiscales.
Cuando el gobierno de López Obrador buscó contratistas, Air Cap dijo cumplir con sus obligaciones fiscales y ser una empresa grande con 250 trabajadores.
