El libreto del monopolio: cuando los intereses empresariales se disfrazan de preocupación ciudadana

En México, los servicios esenciales como el agua, la energía o el gas son parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, en muchos de estos sectores se ha consolidado históricamente una lógica monopólica: grandes empresas que, al controlar casi en su totalidad la distribución o el acceso, gozan de ventajas desproporcionadas frente a cualquier posible competidor.

Cuando estas posiciones se ven amenazadas por la entrada de nuevos actores, suele repetirse un mismo libreto: en lugar de competir ofreciendo mejores precios, servicios o innovaciones, se despliega una estrategia para crear un ambiente adverso que desaliente a la población de aceptar a la competencia.

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Este fenómeno no es exclusivo de México. Los estudios sobre competencia económica y regulaciones en diversos países muestran cómo, ante la apertura de mercados, los monopolios despliegan tácticas de presión política, mediática y social. En nuestro País, esto sucede con frecuencia en sectores estratégicos que dependen de concesiones del Estado.

CÓMO OPERAN LAS MALAS PRÁCTICAS

El repertorio de estas prácticas es reconocible y sigue un patrón que se repite con variaciones: Campañas mediáticas alarmistas: titulares que buscan instalar miedo en la población, apelando a riesgos de “explosiones”, “desabasto” o “colapso”, aunque no existan datos que lo respalden.

Protestas fabricadas: grupos movilizados con recursos de las propias empresas interesadas, que se presentan como ciudadanos preocupados, pero en realidad responden a un guión pagado.

“Expertos exprés”: voces sin trayectoria ni respaldo técnico, amplificadas en medios locales, que repiten mensajes alarmistas para dar apariencia de legitimidad.

Sobrerregulación selectiva: presiones para endurecer requisitos solo a los nuevos competidores, mientras se mantienen privilegios o laxitud para los actores dominantes.

El objetivo es claro: proteger el monopolio a costa de los derechos de la ciudadanía, que pierde la oportunidad de contar con opciones más competitivas y eficientes.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO PARA LA CIUDADANÍA

Detrás de cada campaña de miedo hay algo más profundo: la posibilidad de que la gente pueda elegir mejores servicios y pagar precios más justos. Cuando se bloquea a la competencia, se limita el acceso a alternativas energéticas más limpias, más económicas o más seguras. En términos prácticos, lo que se defiende no es la seguridad de la población ni la sustentabilidad del entorno, sino los intereses económicos de una sola empresa.

Este fenómeno se ha visto en distintos puntos del País. Por ejemplo, en Baja California, cuando surgieron intentos de abrir el mercado de gas LP (monopolio de Zeta Gas, de los hermanos Zaragoza), la narrativa pública se llenó de acusaciones y notas que buscaban deslegitimar a los nuevos jugadores, muchas veces sin sustento comprobable. Algo similar ocurrió en Cancún, durante las obras en bulevar. Colosio, donde la introducción de infraestructura energética fue acompañada por campañas que hablaron de riesgos exagerados y movilizaciones que, más que ciudadanas, parecían organizadas para proteger al proveedor tradicional.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS LOCALES

Un factor clave es la legitimidad de los medios locales. Al ser los principales canales de información para las comunidades, sus coberturas pueden influir fuertemente en la percepción pública. Sin embargo, en este tipo de fenómenos los medios a veces terminan amplificando sin cuestionar narrativas que provienen directamente de intereses económicos, presentando como hechos lo que son campañas de desinformación.

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Por eso, es fundamental que la ciudadanía reconozca este patrón, que se pregunte quién se beneficia cuando se difunden mensajes alarmistas y qué intereses pueden estar detrás de esas coberturas.

UNA CONVERSACIÓN NO NECESARIA

No se trata de señalar culpables sin pruebas, sino de abrir la conversación sobre un fenómeno real: cómo los monopolios defienden sus privilegios a través de prácticas desleales que perjudican a la gente. Entender este libreto es el primer paso para exigir transparencia, competencia leal y mejores servicios.

El reto está en que la sociedad, los medios y las autoridades no se dejen llevar por narrativas fabricadas, sino que pongan en el centro el interés público: acceso a servicios de calidad, opciones más económicas y un entorno de competencia justa que beneficie a todos.