Empresario colombiano ligado al Cártel de Sinaloa defrauda en Oaxaca
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Un empresario sudamericano vino a México, dio de alta cinco empresas formales, recibió contratos millonarios del Fonden a través del gobierno de Oaxaca, y ahora lo indaga la Fiscalía de Colombia por lavado de dinero, corrupción política y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
La noche del 7 de septiembre de 2017 una onda sísmica y ondulante salió de las entrañas del golfo de Tehuantepec, en la costa del Pacífico, y cruzó el centro y sur del país. Una sacudida de 49 segundos bastó para derribar casas y construcciones a su paso, dejando como saldo 102 personas fallecidas y múltiples daños materiales, especialmente en el estado de Oaxaca.
Luego vino la reconstrucción y una de las áreas a atender fue la educativa: en Oaxaca se contabilizaron 402 escuelas afectadas, 60 con daños graves.
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En 2018 iniciaron los trabajos, primera mitad del gobierno estatal de Alejandro Murat Hinojosa, finales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre enero y mayo de ese año, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed, ahora Iocied) asignó por adjudicación directa cientos de contratos para la reconstrucción. Entre las empresas seleccionadas estaban cinco compañías mexicanas en las que aparecen como accionistas o representantes el colombiano Óscar Gerardo Salcedo González o su esposa[1] : Tulua Construcciones SA de CV, Aracataca Constructores SA de CV, Maver Ingeniería Especialistas SA de CV, R & M- Ingeniería Eléctrica SA de CV, y Salcedo Construcción y Supervisión SA de CV.
En respuesta a varias solicitudes de información, el Iocifed reconoce haber adjudicado 77 contratos valuados en 58.4 millones de pesos a las empresas vinculadas con Salcedo.
Pero las empresas del colombiano no realizaron obras. Instalaron unas oficinas en Ciudad Ixtepec, al sur del Istmo de Tehuantepec, y subcontrataron a empresas locales para llevar a cabo los trabajos que no se concluyeron, de acuerdo con denuncias de constructores locales quienes aseguraron que les dejaron de pagar las obras y luego desaparecieron del lugar.
Carlos Vázquez Rasgado, uno de los constructores a los que les incumplieron los pagos, afirma que había órdenes de favorecer al sudamericano, que venían de “arriba”, pero no identificaron de quién.
Se buscó una entrevista con el exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, ahora senador por Morena, pero no se concretó. También se intentó una entrevista con Hernández Montes pero no se pudo ubicar.
De diversas formas se trató de localizar a Salcedo González en los números telefónicos que aparecen en la página web de su empresa, pero ninguno enlazó la llamada. También en el correo institucional, sin embargo, rebotó los envíos. No hubo respuesta al mensaje que se le dejó en su perfil de Facebook. Se visitó el edificio Centro de Negocios Toluca, en donde alguna vez tuvo oficinas, pero ya no están ahí: hace años que dejó el lugar, dijeron empleados del sitio al ser consultados. Se le marcó a un teléfono celular que utilizaba en Colombia, y a este mismo se le envió un mensaje de texto, pero no hubo respuesta.
El diario colombiano El Tiempo platicó con Salcedo a principios del año pasado, luego de que se conociera en medios informativos que es propietario de un rancho en el estado de Tlaxcala. Aseguró que no tiene relación con “organizaciones al margen de la ley”, que cumplió a cabalidad con los contratos en México, “y que si hay obras inconclusas, ‘son volúmenes adicionales, responsabilidad del (gobierno del) Estado’”.
En Colombia, se lee en el diario, “Salcedo tiene un terreno de 18 hectáreas en Guacarí, con establos, pisos de mosaico y cultivos de caña y maíz. Además, figura en dos compañías –Kuadra Constructores y Salgut & Cía.– y en fotos con varios políticos”.
Óscar Gerardo Salcedo González, originario de Guacarí, Valle de Cauca, Colombia, dejó su país en 2010 y llegó a México sin bienes, sin siquiera una motocicleta con qué movilizarse, de acuerdo con la investigación que inició desde el 2018 la Fiscalía General de la Nación de Colombia (FGN) bajo la presunción de lavado de activos.
La investigación de la Fiscalía pudo ser consultada gracias a la filtración de más de 13 millones de documentos realizado por el grupo de “hacktivistas” autodenominado Guacamaya (el mismo que filtró los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en México), y que sistematizó el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en el proyecto #NarcoFiles.
Ingeniero de profesión, Salcedo González llegó a instalarse en Toluca, Estado de México, siguiendo a su hermana, quien dos años antes había arribado a tierras nacionales.
Salcedo entró al negocio de la construcción especializado en infraestructura educativa, al formalizar ante notario la constitución de su primera empresa, Salcedo Construcción y Supervisión, en octubre de 2011.
Pero lo que disparó las sospechas en Guacarí fue el primer regreso de Salcedo González, cuando volvió a organizar su boda con una mujer colombiana. Y lo hizo a lo grande, cuentan en la región Valle del Cauca.
“En 2010 esta persona no era nadie en el pueblo..., por el contrario, era una persona que le hacía los mandados a Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, y así se ganaba unos pesos”, quedó asentado en un informe policial de la unidad de investigación de lavado de dinero de la Fiscalía de Colombia.
“De esa ceremonia –se lee en el informe– se conoció que se realizó con bombos y platillos, ya que hubo orquestas de alta categoría, la decoración y la comida fue estilo mexicano, con gente de México entre los invitados”.
La información recopilada por la policía colombiana sostiene que los retornos posteriores a su región, Salcedo González los ha hecho moviéndose en vehículos de alta gama, acompañado de un puñado de guardaespaldas mexicanos y colombianos, usando aeronaves privadas, presumiblemente suyas. Se anota que ha comprado fincas y propiedades, lo mismo en su municipio que “en diferentes partes del Valle del Cauca”. También ha formalizado la constitución de empresas espejo en los dos países.
Por ejemplo, en México constituyó las empresas Salcedo Construcción y Supervisión SA de CV y Salgut SA de CV, y en el país sudamericano tiene a Salcedo Construcción y Supervisión SA de CV Colombia y Salgut & CIA SAS, según los documentos de la FGN.
En febrero de este año, Carlos Vázquez Rasgado se plantó frente a la caravana en la que viajaba el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que estaba de visita por el Istmo para inaugurar la construcción de un rompeolas del Corredor Interoceánico, y por enésima ocasión exigió al gobierno federal y estatal el pago que, acusa, las empresas de Salcedo González les quedaron a deber a él y a tres constructores locales más. En total, 3.5 millones de pesos.
Cuenta que en 2018, cuando aceptó realizar los trabajos por las empresas del colombiano, corrían los tiempos en que Alejandro Murat gobernaba Oaxaca, y el entonces director del Iocifed le aseguró que él y la institución serían el aval.
En una reunión en la que estuvieron presentes Orlando Hernández Montes del Iocifed, y Edgardo Sánchez Juárez, identificado por Vázquez Rasgado como representante de Grupo Salcedo, les dijeron que la única manera de participar en la reconstrucción era que ellos financiaran la obra, y que Grupo Salcedo les pagaría periódicamente los avances.
“En el momento en que el director (Hernández Montes) nos hizo ver esa situación, pues nosotros dijimos que pues cómo nos iban a pagar, quién garantizaba el pago que esta empresa iba a hacer, y en ese momento él nos dijo: ‘no, yo me hago cargo de que se les pague, pues yo estoy al frente, ¿no?’ Y como él fue el que inició el programa emergente, y ahí no tuvimos ningún problema con los pagos, pues nosotros nos confiamos”, rememora.
Vázquez Rasgado habla en plural porque junto con él estaba otro arquitecto y constructor de la región, Tomás López Pineda, quien falleció en septiembre de 2021 tras contagiarse de COVID en el ir y venir para exigir el pago que nunca llegó.
“Durante todo el 2018 se realizaron los trabajos, tanto de demolición como de reconstrucción, todo con nuestros propios recursos, con nuestros equipos, con nuestro personal; ellos no pusieron absolutamente nada más que los técnicos que fueron a verificar las obras. Y así nos venían pagando. Nosotros avanzamos y ellos nos pagaban, pero al finalizar el 2018, en noviembre, eso se rompió, dejaron de pagarnos. Empezaron a argumentar que el Iocifed no les pagaba, a su vez a ellos”, continúa.
Ante la falta de pago pararon los trabajos que tenían un avance cercano al 80%, comenzaron las protestas y, eventualmente, lograron la atención del gobierno estatal.
Tras las protestas que también organizaron padres de familias de las escuelas afectadas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Fiscalía Anticorrupción anunciaron desde marzo de 2019 que se investigaría a la empresa, pero eso nunca sucedió. La FGEO reconoció a una solicitud de información que no hay carpeta de investigación al respecto.
Vázquez Rasgado afirma también que una reunión que sostuvieron en febrero del 2020 con el entonces gobernador Murat les dijo: “olvídense ya de la empresa Salcedo, nosotros les vamos pagar”, cuatro años después siguen sin ver un peso.
De acuerdo con Vázquez Rasgado, las obras se concluyeron por parte del gobierno oaxaqueño y con otros contratistas bajo el amparo de otro programa.
En julio pasado este reportero logró comunicarse vía telefónica con el entonces titular de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas. Dijo no recordar el caso, pidió que se le mandara información para empaparse del tema y que al día siguiente se realizaría la entrevista, sin embargo, nunca más volvió a contestar a los correos, mensajes ni llamadas.
Tampoco hubo respuesta a la petición de entrevista en la FGEO ni del actual titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied), Alejandro López Jarquín.
En respuesta a una solicitud de información, el área jurídica del Iocied aseguró no tener ningún expediente de denuncias que involucre a Óscar Salcedo González, o a sus empresas.
Con el poder económico llegó también el poder político. Gerardo Salcedo Calero, padre de Salcedo González, se hizo con la alcaldía del municipio de Guacarí, entre 2016 y 2019. Tuvo el apoyo de uno de los clanes políticos de la zona, en particular, de la familia Abadía.
Se lee en los documentos de la fiscalía colombiana: “(en 2015) se acercan las elecciones para la alcaldía del municipio de Guacarí y, efectivamente, uno de los candidatos es el señor Gerardo Salcedo Calero. Su hijo comienza a viajar más seguido y empiezan a hacer reuniones en la finca Villa Sophia, se reúne con personas distinguidas como lo son el señor Herney Abadía, Juan Carlos Abadía y Fabio Navarro”.
Más allá de las afirmaciones en los papeles policiales, también hay registros del Consejo Nacional Electoral que muestran que Carlos Herney Abadía hizo parte del financiamiento de la campaña de Salcedo Calero al aportar 10 millones de pesos colombianos (unos 2 mil 400 dólares).
A esta familia la sigue la sombra de la corrupción. Juan Carlos Abadía fue gobernador del departamento del Valle del Cauca en el periodo 2008-2010, pero fue inhabilitado y acusado de peculado. Mientras que Carlos Herney Abadía, exsenador por el Partido Liberal, fue condenado por el caso de denominado “Proceso 8000”, que vinculó a miembros del Congreso de la República y a la candidatura presidencial de Ernesto Samper Pizano de recibir financiación del Cártel de Cali, justo después del asesinato de Pablo Escobar Gaviria.
De acuerdo con la organización colombiana Fundación Paz y Reconciliación (Pares), consultada para este trabajo, el municipio de Guacarí tiene un valor político en la región de Valle, pues es “nicho de Dilian Francisca Toro, prima y heredera de la estructura política de Carlos Herney Abadía”, y actualmente “líder de su propio clan político que controla la región”
En los papeles policiales también se registra que Salcedo González habría llevado a cabo actividades de “pitufeo”, es decir, cobros de giros en cantidades pequeñas para evadir la vigilancia del movimiento de dinero.
“Los giros eran reclamados en Palmira, Buga y Tuluá (municipios cercanos a Guacarí), generalmente utilizaban un conductor que utilizaba una Toyota Runner para trasladar varias personas en grupos de 5, completando en total hasta 50 personas. Los giros eran enviados por Wester Union, Bancolombia y Davivienda”, se lee.
