FGR asegura que Genaro García Luna encubrió al segundo tirador del caso Colosio

El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, enfrenta al menos tres denuncias activas en el país, según informó el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la existencia de estas denuncias durante la conferencia matutina del 18 de octubre, y señaló que se ha solicitado información a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer cuántas carpetas de investigación están abiertas.

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García Luna fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de cárcel y una multa de dos millones de dólares por sus vínculos con el crimen organizado, lo que ha motivado un renovado interés en las denuncias que enfrenta en México, incluido un caso que involucra el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Acusaciones por encubrimiento en el caso Colosio

El caso más relevante señalado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia, es la acusación de encubrimiento en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994.

Según la FGR, el exfuncionario encubrió a Jorge Antonio “S”, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) asignado a la protección de Colosio y señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato.

Rodríguez explicó que las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo muestras de sangre encontradas en la ropa de Jorge Antonio “S”, apuntan a su participación en el crimen.

Además, la FGR sostiene que García Luna ayudó a ocultar la identidad del agente y facilitó su salida de Tijuana tras el asesinato, lo cual fue considerado un acto de encubrimiento.

DENUNCIAS PENDIENTES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

El Gobierno federal ha hecho un llamado para que la FGR informe sobre el estado de las investigaciones en curso contra García Luna, buscando transparencia y avances en el proceso judicial. Las denuncias abarcan no solo el caso Colosio, sino también otras vinculaciones con el crimen organizado que se encuentran bajo análisis.

IMPLICACIONES JURÍDICAS Y LA POSTURA DEL GOBIERNO

El anuncio de las denuncias y la solicitud de información a la FGR demuestran la intención del Gobierno de avanzar en los procesos judiciales contra el ex secretario de Seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de estos casos, subrayando que “hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México”, lo que sugiere que el exfuncionario podría enfrentar más acusaciones en el futuro cercano.

Con el enfoque actual del Gobierno en desmantelar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho, el caso de García Luna se presenta como un ejemplo emblemático de las complicidades en la seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

¿QUÉ DELITOS COMETIÓ GENARO GARCÍA LUNA EN MÉXICO?

La secretaria Rosa Icela Rodríguez explicó que, entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de Genaro García Luna y que no tienen vinculación con el proceso penal de EU se encuentra la relacionada con su participación en la operación “rápido y furioso” por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones cartuchos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea,

Al respecto precisó que la investigación inició en 2009 por la extinta Procuraduría General de la República y fue hasta 2020 que se pudo judicializar por la actual FGR.

La funcionaria recordó que la estrategia “rápido y furioso” introdujo más de 2 mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y, con ello, desarrollar inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales. “Lo cual nunca ocurrió”, expresó.

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La segunda orden de aprehensión en contra de García Luna es por el uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

“Se debe a que la SSPC, en 2020, promovió una denuncia penal ante la FGR, ya que Genaro García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de readaptación social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada logrando que se aprobara el 10 de diciembre de 2010 un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de manera directa a empresas creadas entre julio y octubre de 2010, exprofeso, para este fin y se hizo una justificación del proyecto ante Secretaría de Hacienda para reducir el gasto por cada recluso; sin embargo, el gasto aumentó entre 10 y 15 por ciento por interno, generando un quebranto a la Hacienda Pública”, expuso Rosa Icela Rodríguez.