FGR impulsa nuevo proceso penal contra Javier Duarte por presunto desvío de recursos de salud

La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en proceso de abrir un nuevo proceso penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos federales destinados al sector salud.

La audiencia inicial está programada para este martes 30 de diciembre en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, después de que el gobierno de Guatemala autorizó a México formular cargos adicionales relacionados con corrupción.

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De acuerdo con información publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio, la FGR pretende presentar una imputación formal y solicitar la apertura de juicio penal por la presunta responsabilidad de Duarte en el manejo indebido de fondos federales dirigidos a programas de salud durante su administración.

La causa será llevada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), encabezada por María de la Luz Mijangos, a partir de uno de los casos incluidos en más de 100 carpetas de investigación derivadas de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias federales.

EXPEDIENTE PRESENTARÁ CASO POR MÁS DE CINCO MILLONES DE PESOS Y AUDIENCIAS DIFERIDAS

El expediente que se presentará ante el juez involucra malos manejos por más de cinco millones de pesos de un fondo específico para salud.

Según autoridades federales consultadas por el medio antes citado, la comparecencia había sido programada originalmente para el 27 de noviembre, pero la defensa del exmandatario solicitó un diferimiento por un supuesto problema de salud, lo que movió la audiencia al 30 de diciembre a las 11:00 horas.

El objetivo de la FGR es someter nuevamente a Duarte a proceso antes de concluir 2025. Si la imputación prospera, la Fiscalía podrá solicitar medidas cautelares como prisión preventiva justificada, lo que impediría su liberación al concluir su condena prevista para abril.

ANTECEDENTES JUDICIALES Y NEGATIVA DE LIBERTAD ANTICIPADA

La situación jurídica de Duarte cambió en noviembre, cuando la jueza federal Ángela Zamorano Herrera le negó la libertad anticipada solicitada por su defensa, la cual argumentó buena conducta en el penal del Altiplano.

La jueza determinó que no cumplía dos de los siete requisitos legales, entre ellos la ausencia de otros procesos judiciales activos, como el de desaparición forzada en Veracruz.

Durante la audiencia, la FGR presentó testimonios sobre presuntas estrategias para retardar procesos judiciales, incluyendo dilaciones procesales y simulaciones de enfermedades para aplazar comparecencias.

Cinco integrantes de la Fiscalía de Veracruz declararon que el exgobernador habría obstaculizado el esclarecimiento de casos, entre ellos la desaparición de un taxista en 2013, además de enfrentar acusaciones por peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada.

La defensa de Duarte argumentó que los privilegios penitenciarios con los que cuenta, como acceso a teléfono celular, espacios diferenciados y facilidades para visitas y comunicación con su equipo legal, forman parte de su derecho a preparar su estrategia jurídica.

TRAYECTORIA JUDICIAL DE JAVIER DUARTE

Javier Duarte fue arrestado el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, en cumplimiento de una orden de captura internacional.

Fue extraditado a México en julio de ese año y sentenciado a nueve años de prisión en 2018 por lavado de dinero y asociación delictuosa, luego de declararse culpable en un procedimiento abreviado. La sentencia no incluyó los delitos de peculado ni desaparición forzada.

AUTORIZACIÓN DE GUATEMALA PERMITE NUEVOS CARGOS EN CONTRA DE JAVIER DUARTE

El nuevo proceso penal se fundamenta en la autorización reciente del gobierno de Guatemala, que aplicó la “regla de especialidad” y habilitó a la FGR para formular cargos distintos a los que motivaron la extradición en 2017.

La FEMCC había solicitado desde meses atrás ese permiso para judicializar nuevas carpetas de investigación.

La administración de Duarte ha sido señalada por la ASF y otras instancias federales por un presunto desfalco de más de 62 mil millones de pesos en fondos federales.

Las investigaciones refieren el uso de al menos 400 empresas fantasma que habrían recibido contratos del gobierno veracruzano para desviar recursos públicos, simular transacciones y redireccionar fondos etiquetados.

Un testimonio clave en el caso es el de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal, quien bajo un criterio de oportunidad declaró que los recursos presuntamente desviados se canalizaban a través de estas empresas y se usaban para gastos personales y entregas directas al entonces gobernador.

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NUEVA INVESTIGACIÓN DIFICULTARÍA LA LIBERACIÓN DE JAVIER DUARTE EN 2026

Con esta nueva causa penal, se complicaría la eventual liberación de Javier Duarte prevista para 2026, luego de que en noviembre buscó sin éxito obtener libertad anticipada.

Si el nuevo proceso avanza y se dictan medidas cautelares, el exmandatario permanecería bajo proceso penal, aun cuando finalice la sentencia que actualmente cumple.

Con información de MILENIO e INFOBAE