Frena juez federal revisión de contratos por $786 mdp otorgados en la T2 del AICM
Un amparo frenó la revisión anticorrupción a contratos de seguridad por $786 mdp en el AICM, manteniendo vigente la adjudicación al consorcio con mayor costo
En un episodio más de la nueva justicia en México, un juez federal salvó a un consorcio que está en la mira de autoridades anticorrupción.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ordenó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) revisar dos licitaciones para seguridad y vigilancia en la Terminal 2 que fueron entregadas en 2025.
Dichos contratos fueron obtenidos por un consorcio integrado por Grupo Pryse y la empresa Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, compañías que cotizaron 32 por ciento más que una competidora descalificada.
Hace más de cuatro meses, el Órgano Interno de Control (OIC) en el AICM ordenó reponer los fallos de estas dos licitaciones, al declarar fundadas las inconformidades de la empresa Formación Personalizada en Vigilancia (FPV), que solo pedía 593 millones de pesos para ambos contratos hasta mayo de 2027, en contraste con los 786 millones del consorcio ganador.
La razón para descalificar a la competidora inconforme fue que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana ( SSPC ) aún no terminaba el trámite para renovar su autorización como empresa de seguridad privada, que venció el 14 de marzo de 2025.
El OIC ordenó una nueva evaluación de las ofertas de Formación Personalizada en Vigilancia, pero su orden no se ha ejecutado, pues el consorcio promovió un amparo. El juez federal Gabriel Regis le concedió una suspensión definitiva, que por ahora impide reponer el fallo y mantiene vigentes los contratos más costosos.
“De suspenderse la ejecución de los servicios públicos de seguridad en cuestión, se afectaría a la colectividad al impedirse el adecuado funcionamiento de las áreas de la terminal aeroportuaria licitadas” , indicó el juez.
El pasado 2 de julio, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la suspensión definitiva, que estará vigente durante todo el tiempo que tome resolver sobre la legalidad de la decisión de la Secretaría Anticorrupción.
“Los aspirantes a participar en un procedimiento licitatorio, por considerarse indebidamente excluidos (como en el caso lo es FPV), sólo cuentan con un interés individual en que se les permita intervenir en el procedimiento” , resolvió el tribunal.
“Su interés es que eventualmente se les adjudique el contrato y se les otorgue la contraprestación económica respectiva, pero dicho interés no resulta de mayor trascendencia que una afectación ocasionada al interés colectivo, si los servicios públicos licitados se paralizan en su ejecución” .
Grupo REFORMA publicó el 6 de julio que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ( TFJA ) confirmó la inhabilitación de un año que la Anticorrupción impuso a Grupo Pryse en septiembre de 2025, por presuntamente presentar información falsa en una licitación de la Secretaría de Salud.
Además, las empresas Grupo Pryse y Formación Personalizada en Vigilancia han sido inhabilitadas por la Secretaría Anticorrupción en 2025 y 2024, pero han obtenido suspensiones para seguir participando en licitaciones.
