Gilda Susana ‘N’ es vinculada a proceso por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados
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Gilda Lozoya fue vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados; la investigación seguirá cuatro meses
Una jueza federal determinó que existen elementos suficientes para llevar a juicio a Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Agronitrogenados.
La resolución fue emitida en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, al concluir una audiencia que inició la mañana del martes 7 de julio y finalizó durante los primeros minutos del miércoles 8 de julio.
Aunque la juzgadora resolvió vincularla a proceso, la determinación sobre la medida cautelar que deberá enfrentar, permanecer en libertad o ser sometida a prisión preventiva, fue diferida para una audiencia programada para el jueves, luego de que la defensa argumentó que recibió nueva evidencia de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la noche, sin contar con tiempo suficiente para analizarla.
Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo que concluirá el próximo 9 de noviembre.
LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
De acuerdo con la FGR, entre junio y noviembre de 2012 Gilda Susana Lozoya recibió 3.4 millones de dólares en una cuenta bancaria de la empresa Tochos Holding Limited, considerada por la autoridad como una empresa fachada y abierta en un banco de Ginebra, Suiza.
La investigación sostiene que Emilio Lozoya habría cedido a su hermana la titularidad de dicha cuenta con el propósito de ocultar el origen de los recursos, los cuales presuntamente provenían de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa encabezada entonces por Alonso Ancira Elizondo.
Según la acusación, posteriormente el dinero fue transferido nuevamente a México y distribuido entre diversas personas. Parte de esos recursos habría sido utilizada para adquirir una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, inmueble valuado en aproximadamente 34 millones de pesos y que ya fue asegurado por el Gobierno federal mediante una sentencia definitiva de extinción de dominio.
LA JUEZA MODIFICA LA HIPÓTESIS JURÍDICA PLANTEADA POR LA FISCALÍA
Durante la audiencia, la jueza avaló la existencia de elementos suficientes para continuar el proceso penal, aunque modificó la hipótesis jurídica presentada por la Fiscalía.
En lugar de considerar un esquema amplio de lavado de dinero, determinó que la conducta atribuida a Gilda Susana Lozoya corresponde específicamente a la recepción y depósito de recursos provenientes del extranjero hacia territorio nacional con la finalidad de ocultar su origen.
La resolución permite que el proceso continúe hacia las siguientes etapas judiciales mientras se desarrolla la investigación complementaria.
FGR SOSTIENE QUE GILDA SUSANA LOZOYAV FUNGIÓ COMO PRESTANOMBRES
La Fiscalía también sostiene que Gilda Susana Lozoya habría actuado como prestanombres de la empresa Tochos Holding Limited para facilitar la triangulación de recursos presuntamente ilícitos y ocultar operaciones relacionadas con actos de corrupción.
De acuerdo con la investigación ministerial, este esquema financiero comenzó antes de que Emilio Lozoya asumiera la dirección general de Pemex.
La FGR afirma que los recursos entregados por AHMSA constituyeron presuntos sobornos anticipados destinados a garantizar que, una vez al frente de la empresa productiva del Estado, favoreciera la adquisición de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.
Esa operación fue concretada por Pemex por un monto aproximado de 275 millones de dólares, pese a que, según diversas investigaciones oficiales, el valor de la planta era considerablemente menor.
Para sustentar la imputación, el Ministerio Público Federal presentó 54 datos de prueba obtenidos por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).
LA DEFENSA DE GILDA SUSANA LOZOYA RECHAZA LAS ACUSACIONES
Durante la audiencia, el abogado defensor Alejandro Rojas Pruneda sostuvo que no existe evidencia que demuestre que su representada haya recibido los recursos señalados por la Fiscalía.
Como parte de sus argumentos, indicó que entre 2008 y 2014 Gilda Susana cursaba la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), por lo que cuestionó la participación que se le atribuye en las operaciones financieras investigadas.
Asimismo, solicitó que fueran excluidas diversas pruebas que previamente fueron desechadas por un tribunal federal dentro del proceso penal que enfrenta Emilio Lozoya Austin.
La representación social respondió que dichas resoluciones aún no han causado estado y que cualquier solicitud de exclusión probatoria deberá plantearse durante la etapa intermedia del proceso.
FISCALÍA BUSCA PRISIÓN PREVENTIVA
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que Gilda Susana Lozoya fuera sujeta a prisión preventiva y trasladada a un centro penitenciario femenil.
Sin embargo, la jueza decidió aplazar el análisis de esa petición después de que la defensa argumentó haber recibido alrededor de 150 fojas con nuevos datos de prueba poco antes del inicio de la diligencia correspondiente.
La discusión sobre la medida cautelar será retomada durante la audiencia prevista para este jueves.
Al concluir la sesión, el abogado Alejandro Rojas Pruneda manifestó ante medios de comunicación que, desde su perspectiva, el procedimiento tiene un trasfondo político y afirmó que obedece a instrucciones provenientes de la Presidencia de la República.
DETENCIÓN DE GILDA SUSANA LOZOYA OCURRIÓ EN EL AICM
Gilda Susana Lozoya fue detenida el pasado 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando regresaba de Ámsterdam.
La orden de aprehensión en su contra había sido librada desde el 22 de junio de 2023, aunque su ejecución ocurrió más de tres años después.
Con la vinculación a proceso, la investigación judicial relacionada con el caso Agronitrogenados continúa avanzando mientras las autoridades federales determinan la situación jurídica definitiva de la imputada y el desarrollo del juicio correspondiente.
