Gobierno de Sheinbaum analiza un esquema financiero para impulsar la explotación de gas no convencional con inversión mixta
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La iniciativa plantea que el fideicomiso funcione como un instrumento financiero encargado de administrar recursos, estructurar proyectos
El Gobierno de Claudia Sheinbaum perfila un nuevo modelo financiero para hacer viable el desarrollo de los yacimientos de gas natural no convencional del país, una estrategia que contempla la creación de un fideicomiso especializado como mecanismo para atraer inversión pública y privada sin modificar el régimen constitucional de propiedad de los hidrocarburos.
De acuerdo con información obtenida de documentos de trabajo y fuentes cercanas al proceso de análisis, la propuesta busca resolver el principal obstáculo que enfrenta el proyecto: la enorme cantidad de recursos que exige la exploración y explotación de este tipo de reservas, cuya inversión supera ampliamente la capacidad presupuestal del Estado y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La iniciativa plantea que el fideicomiso funcione como un instrumento financiero encargado de administrar recursos, estructurar proyectos, ofrecer garantías a los inversionistas y mantener separados los activos destinados a estas inversiones de la situación financiera de Pemex.
El objetivo es generar certidumbre para atraer capital sin modificar la propiedad de los hidrocarburos, que seguiría correspondiendo al Estado mexicano conforme al artículo 27 constitucional.
El proyecto surge en un contexto de creciente preocupación por la dependencia de México respecto al gas natural importado desde Estados Unidos.
Diversos análisis elaborados para sustentar la nueva estrategia energética concluyen que la producción nacional permanece rezagada frente al consumo interno, situación que ha llevado al Gobierno a considerar el aprovechamiento de los recursos no convencionales como un asunto de seguridad energética.
No obstante, el principal desafío no es únicamente técnico o geológico, sino financiero.
El desarrollo de estos yacimientos requiere inversiones de miles de millones de dólares en perforación, infraestructura, tratamiento de agua, transporte, tecnología especializada y operación, recursos que difícilmente podrían provenir exclusivamente del presupuesto público.
Ante ese escenario, dentro del Gobierno ha cobrado fuerza la idea de establecer un mecanismo que permita incorporar inversión privada bajo un esquema de control estatal.
La intención es diferenciar este modelo de los instrumentos creados durante la reforma energética de 2013, al sostener que el fideicomiso tendría únicamente funciones de administración financiera, supervisión y transparencia, sin otorgar derechos sobre los recursos naturales.
El diseño contempla reglas específicas de auditoría, rendición de cuentas y vigilancia para brindar confianza tanto a las autoridades como a los posibles inversionistas.
Además, permitiría recibir aportaciones públicas, privadas o mixtas dependiendo de las necesidades de cada proyecto.
Sin embargo, la discusión trasciende el ámbito económico. La eventual participación de capital privado representa uno de los temas más sensibles para el Gobierno y para Morena, partido que durante años cuestionó la apertura del sector energético a la inversión privada y promovió el fortalecimiento del control estatal sobre los hidrocarburos.
Aunque la administración sostiene que el nuevo esquema no implica una privatización ni modifica el marco constitucional vigente, la posibilidad de recurrir a inversionistas para desarrollar proyectos estratégicos podría generar cuestionamientos políticos tanto dentro del oficialismo como entre la oposición.
En el Congreso también se analizan distintos escenarios para respaldar la estrategia.
Legisladores consultados consideran que, por ahora, no sería necesario impulsar reformas constitucionales adicionales, debido a que la propuesta para prohibir la explotación de gas no convencional mediante modificaciones a la Carta Magna no avanzó durante la pasada Legislatura.
Entre los impulsores de la discusión destaca el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha promovido diversas alternativas para fortalecer la producción nacional de energía mediante un esquema que combine la rectoría del Estado con mecanismos de financiamiento capaces de atraer inversiones de gran escala.
Paralelamente, un comité de especialistas concluye la evaluación técnica y científica solicitada por el Ejecutivo para determinar la viabilidad ambiental, económica y energética del aprovechamiento de los yacimientos no convencionales.
La intención oficial es sustentar cualquier decisión en criterios científicos, al tiempo que se fortalece el argumento de reducir la dependencia del suministro externo de gas natural.
Especialistas coinciden en que, si el proyecto avanza, empresas internacionales con amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de recursos podrían convertirse en participantes relevantes, debido a su capacidad tecnológica y financiera.
No obstante, el Gobierno insiste en que cualquier participación se desarrollaría bajo las reglas del marco jurídico mexicano y manteniendo la propiedad de los hidrocarburos en manos del Estado.
La discusión refleja un cambio significativo en la estrategia energética nacional.
Mientras el Ejecutivo busca incrementar la producción de gas natural para reducir la vulnerabilidad frente a las importaciones, también enfrenta el reto de diseñar un esquema financiero que haga viable esa meta sin contradecir los principios que durante años definieron la política energética del movimiento gobernante.
En ese contexto, el fideicomiso aparece como el elemento central de la propuesta.
Su viabilidad podría determinar no solo el futuro del aprovechamiento del gas no convencional en México, sino también la forma en que el Estado y la iniciativa privada participen en los proyectos estratégicos del sector energético durante los próximos años.
