Investigación precisa que despenalizar el aborto es insuficiente para un servicio seguro en México

CIUDAD DE MÉXICO- Si bien en México la despenalización del aborto avanza y que 24 estados ya tienen aborto legal, conseguir garantizar el acceso efectivo tanto a los “servicios seguros y de calidad” continúa siendo un desafío para el país; de acuerdo a la investigación “De ladespenalización al acceso: Contraloría social para el diagnóstico del aborto legal en ochoestados de México”, que fue realizada por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), en colaboración REDefine y redes de activistas proaborto, precisa un comunicado.

Por lo que el ILSB resaltó que estos avances son tan solo un primer paso en “un camino lleno de barreras” que obstaculizan que se pueda garantizar de manera efectiva este derecho en el país.

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En opinión de Silvia Soler, quien es la directora interina del ILSB “esta investigación surge de la necesidad de saber qué pasa después de que un Congreso aprueba una reforma para despenalizar el aborto y los hallazgos muestran que, aunque el derecho a decidir está reconocido legalmente, el acceso sigue limitado por una fragmentación institucional y territorial que perpetúa desigualdades históricas en salud reproductiva”.

Los autores de es este nuevo estudio que fue presentado el lunes en CDMX, llevaron acabo un análisis sobre cómo es la situación de la atención al aborto en relación con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Veracruz; “a través de análisis de datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), además de observación en clínicas y entrevistas a personal de salud y acompañantes de aborto llevadas a cabo en terreno por integrantes de REDefine México y la red de juventudes activistas del ILSB”, describe el comunicado.

“La despenalización en varios estados del país ha ampliado la disponibilidad local de los servicios”, expresó Soler.

Siendo así, añade la directora interina del ILSB, que “el acceso efectivo sigue siendo desigual, persisten barreras, objeción de conciencia sin regulación operativa, falta asesoramiento homogéneo, desconocimiento institucional y la existencia de lo que consideramos todavía más grave: el delito en el Código Penal Federal, que hace frenar a los organismos federales y locales y afecta a las denuncias contra mujeres”.

De acuerdo al comunicado, los puntos esenciales a para ser valorados fueron; la disponibilidad, así como la accesibilidad, además de la aceptabilidad y calidad; también los criterios que posibilitan un análisis integral “desde un enfoque de derechos humanos y salud”.

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Esta investigación encontró que a partir de la despenalización del aborto en algún estado del país, se perciben “cambios positivos”, tales como “el aumento en la disponibilidad de unidades que prestan el servicio, el incremento de los servicios de aborto otorgados desde el sector salud, la disminución gradual del uso del legrado y un mayor uso de medicamentos y AMEU, sin embargo, aún hay retos a vencer para garantizar este derecho”, detalla el comunicado.

Por su parte, Cristina Santana, quien fue la coordinadora de este nuevo estudio, acentuó que “la cobertura de servicios es insuficiente y se concentra principalmente en zonas urbanas”, con lo que el acceso de las personas que viven en poblaciones rurales se ve afectado.

Además, Santana subrayó el alarmante desabastecimiento de medicamentos, tales como la mifepristona y el misoprostol, en los estados que fueron analizados, así como la carencia de personal que esté capacitado para brindar atención a las pacientes.

Como consecuencia del desabastecimiento de medicamentos origina que sean las propias usuarias las que asumen el costo de la compra de las medicinas necesarias, este desembolso se suman a otros gastos como el del transporte o la pérdida de días laborables para asistir a unas consultas con una escasa flexibilidad de horarios, detalla el estudo.

“La investigación advierte que la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar concentran la mayor parte de los servicios de aborto seguro (SAS), mientras que el ISSSTE y los sistemas estatales participan de forma más reciente y aún con poca visibilidad. De manera general,instituciones como el IMSS Ordinario, SEDENA, SEMAR y PEMEX prácticamente no ofrecen estos servicios para la atención del aborto voluntario, lo que genera desigualdad entre derechohabientes y sobrecarga a las instituciones que sí los brindan”, describe el comunicado.

El texto añade que “los datos oficiales muestran disparidades territoriales y una fuerte centralización de los servicios, concentrando la mayoría de servicios en unidades de las capitales y generando complejidades para el acceso de personas que viven en entornos rurales. En los primero scinco meses de 2025 se registraron 18, 874 abortos en los ocho estados, concentrándose más de la mitad en la Ciudad de México (54 %), seguida del Estado de México (13.2 %) y Puebla (7.8 %), mientras que otros estados como Veracruz, Guerrero y Quintana Roo registraron menos procedimientos”.

Por otra parte, el comunicado indica que en relación con las “interrupciones voluntarias del embarazo (IVE)” como consecuencia de una violencia sexual, un dato importante precisa que entre 2023 y 2024 se registraron 1, 177 casos de embarazos que fueron producto de una violencia sexual en los ocho estados en los que se realizó el estudio, de ellos tan solo el 4% “fueron interrumpidos mediante IVE de acuerdo con datos de la DGIS”.

El ILSB considera estos datos como “evidencia graves deficiencias en la implementación de la NOM-046-SSA2-2005 y en el acceso efectivo a la justicia reproductiva, además de posibles subregistros, alta prevalencia de violencia sexual en el estado y falta de acceso oportuno a anticoncepción de emergencia”, concluye el comunicado.

Así también un dato relevante de la investigación es que encontró que el legrado uterino instrumental (LUI), que es una técnica obsoleta y que la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea erradicada, continúe siendo considerado siendo el segundo procedimiento que es más usado en los estados estudiados, con un 38.7 % de los casos.

“Nuestra investigación demuestra que no basta con reformar los códigos penales. El Estado mexicano debe tomar medidas para asegurar que la despenalización se traduzca en un acceso real y sin obstáculos que permee en todas las instituciones públicas”, concluye Soler.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).