La SCJN reabre caso de 276 mil mdp en contratos penales de Calderón y García Luna

La Suprema Corte abrió la posibilidad de castigar a tres exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública que, entre 2010 y 2011, adjudicaron de manera directa ocho contratos por más de 276 mil millones de pesos para la construcción y operación, por parte de la iniciativa privada, de doce penales en presuntas condiciones ventajosas.

Por siete votos contra dos, la Corte revocó el fallo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que pretendía archivar la causa penal contra los exservidores, al considerar que la SSP no tiene legitimidad para interponer un amparo en un delito formal que consistía únicamente en “firmar contratos sin tener la facultad para hacerlo” y no en “perder presupuesto”.

“El análisis de la afectación patrimonial no puede agotarse en la clasificación dogmática del tipo penal, sino que debe atender a la relación económica real entre la conducta imputada y el patrimonio del ente público”, indicó el proyecto de resolución de la ministra Loretta Ortiz.

En 2020, tres funcionarios, entre ellos el director de adquisiciones y el de administración, fueron acusados por la SSP de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa en la firma —durante las gestiones del expresidente Felipe Calderón y el exsecretario Genaro García Luna, preso en Estados Unidos— de ocho contratos para la construcción de los centros penitenciarios para 32 mil 500 internos, bajo un esquema de Asociación Público-Privada y su operación por 22 años a un costo diario de 3 mil 500 pesos por reo. Al cabo del plazo, los penales pasarían a ser propiedad de las empresas privadas.

Los ocho contratos involucraron centros penitenciarios federales ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila; en referencia al Cefereso 18, ubicado en Ramos Arizpe.

“Aquí hubo abusos de todo tipo”, dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 13 de enero de 2021 al anunciar la rescisión o modificación de los contratos “leoninos”, así como las denuncias contra funcionarios. En abril siguiente, agregó que ya se habían construido ocho penales y se habían erogado 85 mil 398 millones, pero que seguían comprometidos 190 mil 638 millones de pesos, por lo que renegociarían los contratos.

En enero de 2022, un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso y sobreseimiento parcial a favor de los acusados al considerar que los delitos ya habían prescrito. La SSP promovió un amparo, que fue desechado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Ayer, por siete votos a favor y dos en contra de los ministros Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Figueroa, la SCJN avaló la propuesta de Ortiz y aclaró que no anuló el fallo sobre la presunta prescripción del delito ni ordena que los acusados deban ser vinculados a proceso, sino que solo reconoció la legitimidad de la SSP, por lo que se devolverán los autos al Tercer Tribunal Colegiado, que deberá admitir el amparo de la SSP.