La SRE resalta la falta de pruebas para extraditar a políticos acusados
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos exigió la extradición del gobernador Rocha Moya de Sinaloa y 9 funcionarios de gobierno
El 29 de abril, las autoridades de los Estados Unidos solicitaron la extradición de 10 funcionarios políticos del gobierno de Sinaloa por vínculos con el crimen organizado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la administración de Roberto Velasco Álvarez, recibió la notificación de los Estados Unidos a las 18 horas del 28 de abril. La mañanera del día siguiente, con la presidenta Sheinbaum, fue considerada como una de las más cortas en realizarse. Posteriormente, se compartieron las denuncias de Estados Unidos en contra de estos políticos.
En una entrevista, el senador Ignacio Mier afirmó a la prensa que la solicitud de extradición es real, sin embargo, declaró que la solicitud es una primera revisión, sin ‘sustento probatorio’.
Hasta el momento, la presidenta Sheinbaum no ha emitido su declaración sobre las denuncias, sin embargo, el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores emite que ‘de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.’
En el comunicado de la SRE se detalló que los documentos, entregados por la Embajada de los Estados Unidos, no otorgan suficientes pruebas para poder determinar la responsabilidad de las personas, presuntamente, vinculadas, según el marco del Tratado de Extradición bilateral.
Para proceder con las exigencias de detención provisional, previas a la extradición, los casos serán analizados por la Fiscalía General de la República. De esta manera, se determinará si las acusaciones cumplen con el sistema jurídico mexicano.
El comunicado concluye con que ‘en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.’
Se debe destacar que el informe de la SRE no menciona por nombre a los funcionarios denunciados por los Estados Unidos. No obstante, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un comunicado, hace pública la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damasco Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contresa Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
En su comunicado, el Departamento de Justicia los acusa, de manera general, por tráfico de drogas, asociación con la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa y la captura de un informante de la DEA, lo cual acusan que causó la muerte de los familiares.
