Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy, a la FGR y fiscales por fallas en el Banco de Datos Forenses
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Margarita López y Brenda Valenzuela exigen interconectar en tiempo real las bases forenses para agilizar la identificación de personas desaparecidas
Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, presentaron un amparo contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y los 32 fiscales generales de las entidades federativas, ante la falta de interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses.
La demanda fue presentada el 7 de octubre de 2026 ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito. Las quejosas sostienen que, hasta esa fecha, no existe información pública suficiente sobre el funcionamiento del sistema y señalan que el portal digital del Banco Nacional de Datos Forenses permanece inactivo.
El recurso fue promovido por la organización Defensorxs, en representación de López Pérez y Valenzuela Gil, así como de una colectividad más amplia integrada por víctimas directas, familias buscadoras y víctimas indirectas de desaparición en México.
La demanda señala como autoridades responsables a Ernestina Godoy; a la fiscal Mariana Díaz Figueroa; a la fiscal especial Adriana Lizárraga González, y a los titulares de las fiscalías generales de las 32 entidades, junto con sus respectivas áreas especializadas en materia de desaparición.
MADRES PIDEN INTERCONEXIÓN EN TIEMPO REAL DEL BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES
Las promoventes solicitan al juez federal que ordene a las autoridades garantizar la interconexión real y en tiempo real del Banco Nacional de Datos Forenses con las bases de información de las fiscalías estatales.
De acuerdo con la demanda, esta conexión es necesaria para que los datos sobre restos humanos localizados puedan cruzarse con los registros de personas desaparecidas sin depender de comunicaciones manuales entre las instituciones.
El Banco Nacional de Datos Forenses fue creado como una plataforma para concentrar y cruzar información de las fiscalías del país, con el propósito de contribuir a la identificación de cuerpos y restos humanos y establecer posibles coincidencias con reportes de personas desaparecidas.
Sin embargo, las madres y la organización que las acompaña señalan que el sistema no opera plenamente. También sostienen que el sitio registros.bndf.fgr.org.mx se encuentra fuera de servicio.
EL COMPROMISO DE INTERCONECTAR LAS BASES DE DATOS NO HA SIDO CUMPLIDO
El 22 de diciembre de 2022 fueron firmadas las Bases de Colaboración mediante las cuales la FGR se comprometió a habilitar mecanismos tecnológicos para permitir la interconexión en tiempo real con las bases de datos de las fiscalías estatales.
Posteriormente, el 11 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de inicio de operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses. En ese documento se estableció que la interconexión sería gradual.
La demanda sostiene que, más de tres años después de aquel compromiso, el sistema no funciona de manera plena y las autoridades no han garantizado las condiciones necesarias para que opere como una herramienta nacional de consulta e identificación.
Las quejosas argumentan que esta situación obliga a las fiscalías a realizar cruces de información de manera manual. El procedimiento, según el documento, implica el envío periódico de oficios entre fiscalías para solicitar y comparar información.
LA FALTA DE CONEXIÓN PUEDE RETRASAR LA IDENTIFICACIÓN DE RESTOS
El amparo señala que la falta de interconexión puede provocar que restos humanos que ya fueron localizados y permanecen bajo resguardo de los servicios forenses no sean identificados oportunamente porque la información no se cruza con los registros de otras entidades.
De acuerdo con la demanda, en estos casos los restos pueden permanecer en instalaciones periciales o fosas comunes mientras sus familiares continúan con la búsqueda y sin conocer que una persona podría haber sido localizada.
Las promoventes consideran que esta situación prolonga la incertidumbre de las familias y obstaculiza los procesos de búsqueda, identificación y restitución de restos.
LOS CASOS DE MARGARITA LÓPEZ Y BRENDA VALENZUELA
Margarita López Pérez es fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México. Su búsqueda comenzó después de la desaparición de su hija, Yahaira Guadalupe Bahena López, ocurrida en 2011 en Oaxaca, cuando tenía 19 años.
López localizó por cuenta propia los restos de su hija dos años después. A partir de esa experiencia fundó el colectivo, que actualmente acompaña a familias que buscan a personas desaparecidas.
La madre mantiene además un plantón frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República, donde, de acuerdo con la información proporcionada para la demanda, lleva más de 26 días y reclama ser recibida por la titular de la institución.
El caso relacionado con la desaparición de Yahaira Guadalupe está registrado en la carpeta CI/AP/FGR/FEMDH-FEIDDF/M6-02/2024, a cargo de la fiscal especial Adriana Lizárraga González, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.
Por su parte, Brenda María Valenzuela Gil busca a su hijo Carlos Emilio Galván Valenzuela, quien desapareció el 5 de octubre de 2025 en el restaurante-bar Terraza Valentino, en Mazatlán, Sinaloa.
Su caso se encuentra registrado en la carpeta FED/FEMDH/FEIDDF-SIN/226/2026, también bajo responsabilidad de la fiscal especial Adriana Lizárraga González.
EL AMPARO SEÑALA A LAS 32 FISCALÍAS ESTATALES
La demanda incluye como autoridades responsables a los titulares de las fiscalías de las 32 entidades federativas, debido a que el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses requiere el intercambio de información entre las instituciones encargadas de investigar desapariciones y realizar procesos de identificación.
Entre los funcionarios señalados se encuentran Manuel Alonso García, de Aguascalientes; María Elena Andrade Ramírez, de Baja California; Antonio López Rodríguez, procurador de Baja California Sur; Jakson Villacis Rosado, de Campeche; Jorge Luis Llaven Abarca, de Chiapas; César Jáuregui Moreno, de Chihuahua; Bertha María Alcalde Luján, de Ciudad de México, y Federico Fernández Montañez, de Coahuila.
También figuran Bryant Alejandro García Ramírez, de Colima; Sonia Yadira de la Garza Fragoso, de Durango; Gerardo Vázquez Alatriste, de Guanajuato; Zipacná Jesús Torres Ojeda, de Guerrero; Francisco Fernández Hasbun, de Hidalgo; Salvador González de los Santos, de Jalisco; José Luis Cervantes Martínez, del Estado de México; Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho en Michoacán; Fernando Blumenkron Escobar, de Morelos; Elvia Ludmila Heredia Verdugo, de Nayarit, y Javier Flores Saldívar, de Nuevo León.
La lista también incluye a Bernardo Rodríguez Alamilla, de Oaxaca; el fiscal general de Puebla, cuyo nombre no fue especificado en el documento; Víctor Antonio De Jesús Hernández, de Querétaro; Raciel López Salazar, de Quintana Roo; María Manuela García Cázares, de San Luis Potosí; Claudia Zulema Sánchez Kondo, de Sinaloa; Gustavo Rómulo Salas Chávez, de Sonora; Óscar Tonathiú Vázquez Landeros, de Tabasco; Irving Barrios Mojica, de Tamaulipas; el procurador general de Justicia de Tlaxcala, cuyo nombre tampoco fue especificado; Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, de Veracruz; Juan Manuel León León, de Yucatán, y Cristian Paul Camacho Osnaya, de Zacatecas.
MADRES BUSCAN QUE UN JUEZ ORDENE CORREGIR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Las promoventes fundamentaron el amparo en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución, además de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El objetivo central del recurso es que las autoridades federales y estatales garanticen la operación e interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses, de manera que la información pueda consultarse y cruzarse sin depender de solicitudes individuales entre fiscalías.
Para las familias que participan en la búsqueda de personas desaparecidas, la demanda plantea que contar con un sistema conectado permitiría reducir los tiempos entre la localización de restos, su identificación y la posibilidad de que sean entregados a sus familiares.
El amparo queda ahora sujeto al análisis del juzgado federal, que deberá determinar lo correspondiente respecto de los actos reclamados por las dos madres buscadoras y la colectividad representada por Defensorxs.
