México se ubica entre los países con mayor deterioro del Estado de derecho: WJP 2026

México continúa enfrentando importantes desafíos en materia de Estado de derecho.

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por el World Justice Project (WJP), el país se ubicó en la posición 125 de 143 naciones y jurisdicciones evaluadas, con una puntuación de 0.39 sobre uno, por debajo del promedio mundial de 0.55.

Los resultados, publicados el 21 de octubre de 2026, colocan a México entre los países que han experimentado un deterioro sostenido en sus condiciones de Estado de derecho durante los últimos cinco años.

En la clasificación regional, el país ocupa el lugar 28 de 32 naciones de América Latina y el Caribe, mientras que entre las economías de ingreso mediano alto se sitúa en la posición 43 de 44.

El informe también muestra un retroceso en la clasificación mundial respecto de la edición anterior. México pasó del lugar 121 en 2025 al 125 en 2026, con una disminución de su puntuación de 0.40 a 0.39.

Aunque la diferencia anual en la calificación es de un centésimo, la tendencia de largo plazo refleja dificultades persistentes en distintas áreas del funcionamiento institucional.

El índice del WJP constituye una evaluación comparativa de la manera en que las instituciones públicas y privadas se someten a la ley, así como de la capacidad de los gobiernos para garantizar derechos, mantener el orden, prevenir la corrupción y ofrecer mecanismos de justicia accesibles e imparciales.

Para ello, considera ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

JUSTICIA PENAL, EL ÁMBITO CON EL RESULTADO MÁS DESFAVORABLE

Uno de los principales focos de preocupación es el sistema de justicia penal, en el que México obtuvo una calificación de 0.22, la más baja entre los ocho factores evaluados. El país ocupó el lugar 139 de 143 a nivel mundial y el 28 de 32 en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el índice, la puntuación de este componente disminuyó 21.2% entre 2021 y 2026, lo que representa el mayor retroceso registrado por México durante ese periodo entre los ámbitos analizados.

Este factor examina aspectos relacionados con la investigación y persecución de los delitos, la eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia, el respeto al debido proceso y las condiciones en las que se garantiza la protección de las víctimas y de las personas acusadas.

Una calificación desfavorable en esta materia refleja dificultades para asegurar que los delitos sean investigados y resueltos de manera eficaz, que los procedimientos judiciales se desarrollen con imparcialidad y que las decisiones de las autoridades se ajusten a la ley.

El panorama se complementa con los resultados de la justicia civil, donde México obtuvo 0.34 puntos y ocupó el lugar 135 de 143 países. Este componente evalúa si las personas pueden resolver controversias y hacer valer sus derechos mediante procedimientos accesibles, oportunos, imparciales y libres de corrupción.

En conjunto, las puntuaciones de ambas áreas evidencian que la impartición de justicia constituye uno de los principales desafíos institucionales del país.

PERSISTEN PROBLEMAS EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

La ausencia de corrupción también representa uno de los puntos más débiles de México en la medición internacional. El país obtuvo 0.26 puntos y se ubicó en el lugar 135 de 143 naciones, así como en el puesto 29 de 32 en América Latina y el Caribe.

Este factor analiza si quienes ejercen funciones públicas utilizan sus cargos para obtener beneficios privados, así como la presencia de prácticas indebidas en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La puntuación refleja los desafíos que enfrenta el país para prevenir los abusos de autoridad, reducir los conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas se tomen conforme a la ley y no en función de intereses particulares.

La corrupción puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y afectar la aplicación imparcial de las normas. Asimismo, cuando no existen mecanismos eficaces de vigilancia y sanción, se dificulta la rendición de cuentas y se debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.

LÍMITES AL PODER GUBERNAMENTAL, OTRO INDICADOR EN RETROCESO

En el factor relacionado con los límites al poder gubernamental, México obtuvo una calificación de 0.39 y se ubicó en el lugar 109 a nivel mundial y en el 26 regional.

Según los datos del informe, este componente registró una reducción de 11.6% entre 2021 y 2026.

El indicador examina si quienes gobiernan están sujetos a controles efectivos y si existen mecanismos institucionales capaces de impedir el ejercicio arbitrario del poder.

También considera la eficacia de los contrapesos legislativos y judiciales, los organismos de fiscalización y el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación.

La importancia de este factor radica en que el Estado de derecho requiere que ninguna autoridad se encuentre por encima de la ley. Para ello, las decisiones gubernamentales deben estar sujetas a controles, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas.

El deterioro de esta dimensión plantea interrogantes sobre la fortaleza de los contrapesos institucionales y la capacidad de las instituciones para limitar posibles abusos de poder.

ORDEN Y SEGURIDAD: MÉXICO PERMANECE ENTRE LOS PAÍSES PEOR EVALUADOS

En materia de orden y seguridad, México alcanzó una puntuación de 0.50, con una reducción de 5.7% respecto de 2021.

El resultado colocó al país en el lugar 132 de 143 a nivel mundial y en el puesto 30 de 32 en América Latina y el Caribe.

Este componente evalúa las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin enfrentar amenazas persistentes contra su integridad, sus bienes o su tranquilidad.

También considera la capacidad de las instituciones para contener la criminalidad y prevenir la violencia.

Dentro de este apartado, los indicadores reportados para México muestran dificultades en tres dimensiones específicas: el control efectivo del crimen, con 0.38 puntos; la capacidad para limitar los conflictos civiles, con 0.18; y la ausencia de violencia para resolver agravios, con 0.20.

Estas cifras muestran que la seguridad no depende únicamente de la existencia de leyes o instituciones, sino también de su capacidad para prevenir la violencia, resolver conflictos de manera pacífica y garantizar condiciones de protección para la población.

DERECHOS FUNDAMENTALES REGISTRAN UNA CAÍDA DE 6.4%

En el apartado de derechos fundamentales, México obtuvo una calificación de 0.46, lo que representa una disminución de 6.4% frente a 2021.

El país se ubicó en el lugar 96 de 143 naciones a nivel mundial y en la posición 27 de 32 en América Latina y el Caribe.

La evaluación considera el respeto a derechos y libertades esenciales, entre ellos el derecho a la vida y la seguridad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el debido proceso.

Los indicadores específicos muestran resultados desiguales. El debido proceso y los derechos de las personas acusadas alcanzaron 0.26 puntos; el derecho a la vida y la seguridad, 0.37; la igualdad de trato y la ausencia de discriminación, 0.38; y la libertad de opinión y expresión, 0.46.

Estos resultados ponen de relieve la importancia de garantizar que los derechos reconocidos legalmente puedan ejercerse en la práctica, sin discriminación y con acceso efectivo a mecanismos de protección y reparación.

La evaluación también subraya la relación entre los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones: su protección requiere autoridades sujetas a la ley, procedimientos imparciales y mecanismos eficaces para atender las violaciones.

GOBIERNO ABIERTO, EL MEJOR RESULTADO DE MÉXICO, PESE AL RETROCESO

El gobierno abierto constituye el factor mejor evaluado para México, con una puntuación de 0.54. El país ocupó el lugar 57 de 143 a nivel mundial y el puesto 12 de 32 en América Latina y el Caribe.

Sin embargo, esta dimensión también experimentó un retroceso. Su calificación disminuyó 9.9% entre 2021 y 2026, de acuerdo con los datos difundidos sobre el informe.

Este componente examina la transparencia gubernamental, la disponibilidad de información pública y las oportunidades de participación ciudadana.

Su propósito es determinar si las personas pueden conocer las decisiones de las autoridades, acceder a información relevante y participar en los asuntos públicos.

Aunque México mantiene aquí su posición más favorable dentro del índice, el descenso registrado advierte que todavía existen desafíos para fortalecer la transparencia, facilitar el acceso a la información y consolidar mecanismos de participación.

El resultado también evidencia que una mejor evaluación relativa en un factor no necesariamente significa que el país haya avanzado en términos absolutos: una puntuación puede seguir siendo la más alta entre las dimensiones analizadas y, al mismo tiempo, disminuir con el paso de los años.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO: DIFICULTADES PARA APLICAR LAS NORMAS

En el factor de cumplimiento regulatorio, México obtuvo 0.41 puntos y ocupó el lugar 118 de 143 países, además del puesto 27 de 32 en América Latina y el Caribe.

Este componente mide si las regulaciones gubernamentales se aplican de manera justa y efectiva, así como la capacidad de las instituciones para garantizar el cumplimiento de las normas en ámbitos administrativos, comerciales, laborales, ambientales y de salud pública.

También considera si los procedimientos administrativos respetan el debido proceso y si las personas cuentan con mecanismos eficaces para resolver controversias con las autoridades.

Una aplicación deficiente o desigual de las regulaciones puede generar incertidumbre jurídica, dificultar la resolución de conflictos y reducir la confianza en las instituciones.

Por ello, el cumplimiento de las normas constituye una parte esencial del Estado de derecho, tanto para la protección de los ciudadanos como para el funcionamiento de las actividades económicas.

UN DETERIORO QUE TRASCIENDE LA JUSTICIA

Los resultados del Índice de Estado de Derecho 2026 muestran que los desafíos de México no se concentran exclusivamente en el ámbito judicial. También abarcan la seguridad pública, el combate a la corrupción, los controles al poder gubernamental, la protección de los derechos fundamentales y la aplicación de las regulaciones.

La combinación de bajas puntuaciones en distintas dimensiones indica que el fortalecimiento del Estado de derecho requiere instituciones capaces de investigar delitos, resolver controversias, prevenir abusos, garantizar derechos y aplicar la ley de manera consistente.

El informe debe entenderse como una herramienta comparativa para identificar fortalezas y debilidades institucionales, no como una explicación única de las causas del deterioro ni como una medición aislada de un gobierno en particular.

En su evaluación global de 2026, el World Justice Project advirtió que el retroceso del Estado de derecho continúa siendo una tendencia internacional: por noveno año consecutivo, las naciones que registraron descensos superaron a aquellas que mostraron mejoras.

En este contexto, la posición de México refleja tanto sus problemas internos como un desafío más amplio para la vigencia de las instituciones y las libertades.

Para el país, el reto consiste en traducir los principios legales en resultados concretos: mayor eficacia en la procuración e impartición de justicia, controles efectivos sobre el poder público, reducción de la corrupción, mejores condiciones de seguridad y garantías reales para el ejercicio de los derechos.