‘No estamos a favor’... Arturo Zaldívar propone cambios a la reforma de Ley de Amparo para aclarar retroactividad
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Arturo Zaldívar propone cambios a la reforma de la Ley de Amparo para aclarar retroactividad. El Ejecutivo rechaza aplicar leyes con efectos al pasado y pide al Congreso ajustes de redacción
Arturo Zaldívar presentó en Palacio Nacional una propuesta de modificaciones a la reforma de la Ley de Amparo para dar claridad sobre la retroactividad de la norma, tras cuestionamientos en el Congreso y críticas de especialistas.
LA PROPUESTA DE ARTURO ZALDÍVAR
El debate en torno a la reforma a la Ley de Amparo ha generado controversia en el Congreso de la Unión y entre especialistas en derecho constitucional. Ante este escenario, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, propuso realizar cambios puntuales en la iniciativa para aclarar la retroactividad de las disposiciones legales.
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Durante la conferencia en Palacio Nacional, Zaldívar destacó: “No estamos a favor de ningún tipo de retroactividad. Por eso, de manera respetuosa y en el ánimo de un diálogo constructivo institucional entre poderes, sugerimos adecuaciones al artículo sin cambiar su sentido, simplemente dándole claridad”.
EL TEMA DE LA RETROACTIVIDAD
El punto de mayor debate ha sido la posible interpretación de la retroactividad en la nueva Ley de Amparo. El artículo 14 de la Constitución establece de forma tajante que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que significa que todas las reformas deben aplicarse únicamente hacia el futuro.
Zaldívar subrayó que la redacción actual del artículo 1, párrafo dos constitucional puede resultar ambigua al señalar que las reformas se regirán en lo sucesivo conforme a lo establecido en artículos transitorios. Esto ha generado dudas sobre si podrían aplicarse efectos hacia el pasado, lo cual sería contrario a lo que establece la Carta Magna.
UN DIÁLOGO ENTRE PODERES
El exministro señaló que el objetivo de estas propuestas no es modificar el sentido de la reforma, sino dar mayor certeza jurídica. En ese sentido, hizo un llamado a los legisladores a mantener un diálogo constructivo entre poderes, que permita afinar la redacción y garantizar que no exista margen de interpretación en contra de los principios constitucionales.
El Ejecutivo Federal ha dejado claro que no avala ningún tipo de retroactividad, y que la propuesta se orienta únicamente a la claridad legislativa, respetando en todo momento la división de poderes y la autonomía del Congreso.
LA LEY DE AMPARO Y SU IMPORTANCIA
La Ley de Amparo es uno de los pilares del sistema jurídico mexicano. Su función principal es garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridad que vulneren la Constitución. Por ello, cualquier modificación a esta ley genera un intenso debate público y político, ya que impacta directamente en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
En este contexto, las observaciones de Zaldívar buscan evitar interpretaciones que pudieran debilitar la confianza en este instrumento de defensa ciudadana.
DATOS CURIOSOS SOBRE LA LEY DE AMPARO
• México es pionero mundial en la figura del amparo: fue implementado en la Constitución de 1847, antes que en otros países.
• El juicio de amparo ha inspirado a sistemas jurídicos en América Latina, como en Argentina y Honduras.
• El artículo 14 constitucional es uno de los más citados en juicios de amparo por garantizar que ninguna ley tenga efecto retroactivo.
• En promedio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve cada año miles de recursos relacionados con amparos, reflejando su centralidad en el derecho mexicano.
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La propuesta de Arturo Zaldívar sobre la reforma a la Ley de Amparo no busca frenar su aprobación, sino fortalecerla al eliminar dudas sobre la posible retroactividad. Con ello, se reafirma que el Ejecutivo Federal no está a favor de leyes con efectos hacia el pasado, y que el respeto a la Constitución debe prevalecer en cualquier proceso legislativo.
El reto ahora está en el Congreso, que deberá analizar las sugerencias y garantizar que el texto final de la reforma respete la esencia del Estado de derecho y la protección de los ciudadanos frente a actos de autoridad.
