ONU considera desapariciones como crímenes de lesa humanidad; Mexico lo rechaza

El Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a Organización de las Naciones Unidas (ONU) que considere medidas destinadas a apoyar al gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación del delito perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad.

Por lo que decidió llevar la situación “con carácter urgente” ante la Asamblea General al activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, el cual es un mecanismo reservado para casos de especial gravedad.

El artículo 34 de la Convención establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Afirmando que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas puede constituir un “crimen de lesa humanidad”

“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.

En un comunicado, el comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados.

A pesar de las medidas adoptadas desde que miembros de este comité visitaran México en 2021, “la situación no ha mostrado una mejora sustancial”, lamentó.

Agregó que “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y siguen siendo urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones”.

México, advirtió el comité, concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país del mundo y registró un repunte significativo en los últimos meses.

El informe, divulgado por la organización I(dh)eas, señala que la República Mexicana acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —38% del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.

El comité indicó que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la “guerra contra las drogas” a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos.

Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia.

La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General.

Las medidas que podría adoptar ese órgano, según el comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado.

MÉXICO RECHAZA INFORME: ES TENDENCIOSO Y FALTO DE RIGOR

El Gobierno de México, a través de un comunicado en conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en donde se acusó que este delito en el país se ha perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad, al calificarlo como “tendencioso y falto de rigor”.

En un pronunciamiento, SRE y Segob advirtieron que el informe es tendencioso y no consideró las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal.

“México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, señaló.

De acuerdo con el comunicado, el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, lo que “no corresponde a la realidad del México actual”.

Aunque se dijeron abiertos a la cooperación; de igual forma, subrayaron que el gobierno de México no tolera, ni permite, ni ordena desapariciones forzadas.

“Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”, puntualizó SRE y Segob.

El Gobierno de la República Mexicana indicó que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo de 2009 a 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.

”El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, enfatizaron.

Agregaron que dicho informe “omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.

Indicaron que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión “que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. Dichos señalamientos, apuntaron las Secretarías, reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores.

Señalaron además falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, así como “la ligereza de sus premisas”, incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes: “existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.

Segob y SRE destacaron “un proceso dialogado y con participación de las familias”, por lo que en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley para atender los casos de desapariciones; herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente:

- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas;
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte;
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación;
- La Plataforma Única de Identidad;
- La obligación de fiscalías especializadas estatales;
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses;
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo;
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación;
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR;
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda

Aseguraron que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias: “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, insistió.

También se reiteró el compromiso absoluto con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.