Ordenan a Defensa entregar documentos de caso Ayotzinapa

Un juez ordenó al Ejército mexicano entregar 853 documentos de inteligencia relacionados con la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Particularmente, el juez quinto de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Alan Arriola Padilla, instruyó la entrega de 18 mensajes que se conocen como Formatos Criptográficos Arcano (FCA), un sistema de comunicaciones encriptadas de la milicia, que se generaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) “Centro” Iguala de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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Arriola dictó la orden al conceder el amparo solicitado por padres de los 43 normalistas desaparecidos contra la negativa de darles acceso y entregar la información generada por el CRFI y otras instancias de inteligencia.

La instrucción se giró al director del CRFI “Centro” Iguala, el comandante de la Novena Región Militar en Cumbres de Llano Largo y el comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero.

“En el caso, procede conceder la protección constitucional para el efecto de que faciliten la información generada por el CRFI “Centro” Iguala, Guerrero, de la Sedena y otras instancias militares de inteligencia durante el año 2014 al GIEI y a la COVAJ, de manera particular los mensajes F.C.A con los números C.R.F.I.”, se establece en el fallo.

“Se estima que existe una brecha aproximada de 853 CFRI faltantes y respecto de los cuales, en aras de la búsqueda efectivamente de la verdad, se debe dar razón y facilitar el acceso a su consulta”.

El fallo también señala que, hasta ahora, autoridades militares han otorgado acceso a 23 de los mensajes FCA que se emitieron en 2014, sin embargo faltan 18 fechados entre el 28 de marzo y el 22 de octubre de ese año, que son los que ahora deberá entregar.

La sentencia se da a raíz de un amparo que padres de los normalistas desaparecidos presentaron el 15 de agosto de 2023, con el respaldo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ante lo que en primera instancia obtuvieron una suspensión para que el Ejército no destruyera la documentación.

Pese a la orden de entregar los archivos, la Defensa tiene la facultad de impugnar el fallo a través de un recurso de revisión, que eventualmente será revisado y resuelto por un tribunal colegiado en materia administrativa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno mexicano a incorporar a la investigación del caso información de órganos de inteligencia.