Penal de Mazatlán: CNDH reprobó El Castillo antes de la riña que dejó 10 muertos
El diagnóstico de 2025 señaló falta de custodios, actividades ilícitas y fallas de gobernabilidad en la prisión, donde también hubo 16 heridos.
La violencia letal registrada este jueves en el Centro Penitenciario El Castillo, que dejó un saldo de 10 personas muertas, entre ellas un menor de dos años, y 16 heridos, no ocurrió en un terreno desconocido para las autoridades. La prisión ya había sido reprobada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a severas deficiencias en seguridad y gobernabilidad.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 emitido por la CNDH, el penal ubicado en Mazatlán obtuvo una calificación de penas 5.25 sobre 10, una puntuación que documentaba previamente la incapacidad del recinto para prevenir incidentes violentos y mantener el control interno.
CNDH DETECTÓ FALTA DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES ILÍCITAS EN EL CASTILLO
Entre las principales deficiencias señaladas por la CNDH se encuentra la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, un aspecto relacionado con las condiciones de gobernabilidad y el control institucional dentro del penal.
El documento también reportó la presencia de actividades ilícitas, aunque no detalló en ese apartado cuáles eran las conductas identificadas ni atribuyó responsabilidades individuales.
En materia de prevención, el organismo observó una cantidad insuficiente de programas para evitar y atender incidentes violentos, así como deficiencias en las medidas destinadas a prevenir posibles violaciones a derechos humanos y en los mecanismos para atenderlas cuando ocurren.
La CNDH también identificó limitaciones en las vías disponibles para que las personas internas presenten quejas por probables violaciones a sus derechos. A ello se sumaron deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal y carencias o desactualización de reglamentos, manuales y lineamientos internos.
Estas observaciones fueron incluidas en el rubro de gobernabilidad, que contempla aspectos relacionados con la seguridad, el personal penitenciario, las normas internas y el respeto a los derechos de la población interna.
DIAGNÓSTICO SEÑALA DEFICIENCIAS EN CLASIFICACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
La evaluación también identificó problemas en la clasificación de las personas privadas de la libertad y en la separación entre quienes están procesadas y quienes ya recibieron una sentencia.
El informe registró deficiencias en la integración de expedientes técnicos y jurídicos, así como en la organización y los registros relacionados con el cumplimiento de los planes de actividades. También reportó insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.
La clasificación penitenciaria busca ubicar a las personas internas de acuerdo con su situación jurídica, perfil, necesidades de atención y condiciones de seguridad. Las deficiencias en estos procedimientos pueden afectar la organización del centro y el acceso a programas de reinserción social.
Como aspectos favorables, la CNDH reconoció que en El Castillo existían actividades laborales y de capacitación, además de programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
EL CASTILLO NO FUE CLASIFICADO CON SOBREPOBLACIÓN
Durante la supervisión de 2025, la CNDH registró que el Centro Penitenciario El Castillo tenía capacidad para albergar a mil 699 hombres y 142 mujeres. En ese momento, su población era de mil 247 hombres y 42 mujeres, por lo que el organismo no lo clasificó como un centro con sobrepoblación.
El diagnóstico también documentó que cinco mujeres vivían dentro del penal con cinco hijas o hijos.
En el balance estatal, Sinaloa obtuvo una calificación de 5.02 puntos. De los dos centros penitenciarios supervisados por la CNDH en la entidad, El Castillo alcanzó 5.25, mientras que el Centro Penitenciario Goros II registró 4.79.
La escala del diagnóstico clasifica las calificaciones de cero a 5.9 en el rango bajo, identificado en rojo; de seis a 7.9 en el intermedio, representado en amarillo, y de ocho a 10 en el rango alto, señalado en verde. Con su resultado, El Castillo quedó dentro del nivel bajo de la evaluación.
RIÑA EN EL PENAL DE MAZATLÁN DEJÓ 10 MUERTOS Y 16 LESIONADOS
La calificación de la CNDH se dio a conocer en el contexto de la riña armada ocurrida el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo.
En un mensaje difundido en video, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el director del centro le reportó el fallecimiento de nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que se encontraba de visita. También confirmó que 16 internos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, señaló que los disparos comenzaron en el módulo cuatro y posteriormente se extendieron al módulo cinco. Según la versión oficial inicial, el enfrentamiento ocurrió entre personas privadas de la libertad y no se debió a la irrupción de un grupo armado externo.
La autoridad indicó que la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal permitió controlar la situación.
FISCALÍA INVESTIGA EL ORIGEN DE LAS ARMAS QUE FUERON USADAS EN RIÑA DENTRO DEL PENAL DE MAZATLÁN
Tras los hechos, las autoridades reportaron el aseguramiento de al menos dos armas cortas calibre nueve milímetros. La procedencia de las armas y la forma en que ingresaron al centro penitenciario quedaron sujetas a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el centro se encontraba bajo control y que se mantendría la presencia de las autoridades para preservar el orden y garantizar la seguridad.
También señaló que el personal de trabajo social establecía comunicación con los familiares de las personas fallecidas para proporcionarles información sobre lo ocurrido.
Como medida preventiva, las visitas familiares fueron suspendidas hasta nueva orden. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de la riña y determinar las responsabilidades correspondientes.
