Reforma de la Guardia Nacional es declarada constitucional por el Senado

El Senado de la República llevó a cabo una sesión este domingo 29 de septiembre para llevar a cabo la declaratoria constitucional de la reforma en materia de Guardia Nacional, de modo que este lunes, último día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo pueda promulgar el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Senado de la República emitió la declaratoria de constitucionalidad tras recibir el respaldo de 26 congresos locales. Estas modificaciones, aprobadas en el Senado de la República apenas el 25 de septiembre, implican cambios en varios artículos de la Constitución Política.

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Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación y en vigor la reforma, el Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, así como en tareas de apoyo a la seguridad pública, según lo estipule la ley.

Las reformas establecen que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal de origen militar con formación policial y dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta institución será responsable de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formulada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que estará bajo el mando de Omar García Harfuch a partir del próximo 1 de octubre.

El Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública y deberán coordinarse para investigar delitos y cumplir con los objetivos en la materia. Además, el Congreso tendrá la facultad de expedir leyes que regulen la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la seguridad pública.

El Senado de la República también estará facultado para ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional propuestos por la presidenta de la República.

Las reformas reconocen los derechos, prestaciones y seguridad social de quienes prestan servicios en la Guardia Nacional, en igualdad de condiciones con los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los artículos transitorios de la reforma disponen que el Ejecutivo Federal tomará las medidas necesarias para que el personal de la extinta Policía Federal cese sus servicios en la Guardia Nacional y sea adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.

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El personal de organismos especializados podrá continuar temporalmente en la Guardia Nacional conforme a los convenios de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Ejecutivo Federal también estará facultado para transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional los recursos presupuestarios y financieros necesarios para cubrir los gastos de personal de la última plantilla de la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos operativos de la Guardia Nacional, excepto aquellos destinados al personal que continuará bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública.

Conforme se vayan quedando vacantes las plazas de la extinta Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública deberá transferir los recursos presupuestales correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hasta la fecha, el Senado ha recibido los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Con información de medios