Reportes ya documentaban responsabilidad de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero en el caso Ayotzinapa

El informe que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el año 2016 sobre el caso Ayotzinapa y las conclusiones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió en el año 2023 en la misma materia ya documentaban la presunta responsabilidad de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, en el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Una revisión hecha por EL UNIVERSAL muestra que en ambos informes —uno gubernamental y el otro de la sociedad civil— se reportó ocultamiento de evidencias, acusaciones de uso excesivo de la fuerza de su policía estatal, denuncias presentadas por las familias directamente contra el exmandatario e investigación sobre posibles vínculos entre su gestión y grupos del narcotráfico.

Adicionalmente, la historia da cuenta de la insistencia por parte de los familiares de las víctimas en responsabilizar a Ángel Aguirre Rivero, quien en 2017 fue increpado en un acto de campaña con gritos de “¡asesino!”.

El texto denominado Informe del caso Iguala, emitido por la entonces PGR de México, a cargo entonces de Arely Gómez, y que fue realizado tras inconformidades e inconsistencias de la llamada “verdad histórica” de Murillo Karam, documentó la responsabilidad y conocimiento en tiempo real del exgobernador Ángel Aguirre Rivero en los hechos del caso Ayotzinapa.

En el expediente, donde se reportaron las acciones institucionales, diligencias ministeriales, operativos de búsqueda y atención a víctimas realizados desde el inicio de la investigación penal el 4 de octubre de 2014 hasta el 30 de abril de 2016, se reconoce que el exmandatario ordenó movilizaciones policiales y que su administración incurrió en retrasos para procesar las escenas del crimen.

Si bien el nombre de “Ángel Aguirre” o “Ángel Heladio Aguirre Rivero” no figura textualmente en las páginas del reporte de 412 páginas, el documento puntualiza que la omisión se debió al respeto al debido proceso, así como al resguardo de datos bajo la Ley Federal de Transparencia para no afectar la presunción de inocencia.

En su lugar, se utilizaron términos generalizados como “autoridades estatales” o “gobierno de Guerrero”, entonces a cargo de Aguirre Rivero.

El otro informe analizado, el que el GIEI publicó en el año 2023, sostuvo que las autoridades del nivel estatal, “incluyendo los servicios de información y de lucha contra el narcotráfico, conocieron en tiempo real de la llegada de los estudiantes de Ayotzinapa a las afueras de Iguala y su objetivo de tomar autobuses para la marcha del 2 de octubre de 2014, aniversario de la masacre de Tlatelolco”.

En su página 4, apartado 2, el documento agrega que “todas las autoridades de ámbito estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la delincuencia organizada de las autoridades y policías municipales de Iguala y de varias ciudades cercanas”.