Reserva FGR 5 años más caso de atentado contra Citlalli Hernández

La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por otros cinco años el atentado explosivo que sufrió en mayo de 2019 la entonces senadora de Morena, Citlalli Hernández, pues justificó que las indagatorias están dentro de una carpeta de investigación y que hacerlas públicas afectaría la seguridad nacional.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, la FGR justificó la reserva al afirmar que la información solicitada se encuentra dentro de una carpeta de investigación en trámite ante el agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que hacerla pública puede alertar o poner en aviso a los involucrados, “en este caso aquellos que forman parte de la delincuencia organizada”.

En junio de 2019, tras el atentado, la FGR reservó por cinco años la información sobre este hecho; sin embargo, en agosto pasado de nueva cuenta la fiscalía blindó la información por cinco años más, por lo que será hasta 2031 que se abra de forma pública este caso.

”La información solicitada se encuentra inmersa en una carpeta de investigación, la cual se encuentra en trámite; por ende, se clasifica como reservada”.

”Derivado de lo anterior, se considera que el revelar la información solicitada respecto a datos que se encuentran inmersos en una carpeta de investigación que se encuentra en trámite ante el agente del Ministerio Público de la Federación hace vulnerable la debida integración de ésta, toda vez que dicha información puede alertar o poner sobre aviso a los involucrados, en este caso aquellos que forman parte de la delincuencia organizada”, justificó.

La noche del 29 de mayo de 2019, un artefacto explosivo de hechura casera en forma de libro estalló en la oficina de la entonces senadora Citlalli Hernández, ubicada en el piso tres de la torre de oficinas del Senado.

La legisladora salió inmediatamente de su oficina hacia el servicio médico, que se ubica un piso abajo, alterada, con la vestimenta llena de polvo blanco y con leves quemaduras.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el artefacto como una “bomba casera de poco impacto” y aseguró que su movimiento siempre se ha conducido por la vía pacífica, y pidió a la población rechazar cualquier forma de violencia.

“RIESGO A LA SEGURIDAD NACIONAL”

En la página 3 del oficio FGR/UETAG/004019/2026 la FGR aseguró que la divulgación de la información sobre este atentado a la exsecretaria de las Mujeres representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

Se afirma que entregar esta información representa un riesgo real, toda vez que se expondrían las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales, se indica, se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del inculpado ante el órgano jurisdiccional competente.

También se afirma que entregar la información representa “un riesgo demostrable”, ya que al otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta fiscalía.

“Es un riesgo identificable, derivado de que la información solicitada se encuentra relacionada con indagatorias en trámite y de ser difundida, dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”.

Advierte de sanciones penales si dan información. En la página 7 de la resolución, la FGR advirtió que, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, es un delito contra la administración de justicia por parte de servidores públicos dar a conocer a quien no tenga derecho documentos que obren en una carpeta de investigación o un proceso penal que sean reservados o confidenciales.

Se indica que el funcionario que entregue información sobre este caso se haría acreedor a sanciones penales y administrativas.

“Bajo este contexto, la persona servidora pública que quebrante la reserva de la información, al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación a quien no tiene derecho, incumpliría lo estipulado en los numerales antes citados, por lo que estaría cometiendo el delito contra la administración de justicia”.

CRONOLOGÍA

La investigación del suceso lleva más de siete años.

29 de mayo de 2019

Un artefacto explosivo casero en forma de libro estalla en la oficina de la entonces senadora Hernández.

30 de mayo de 2019

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador llama a evitar actos violentos.

30 de mayo de 2019

La Fiscalía General de la República informa que abre una investigación por el hecho.

Marzo de 2020

La FGR reporta que el informe de este caso se encuentra reservado por cinco años.