Defensa de Rafael Ojeda: Necedad (necesaria) y fracaso
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La dirección del caso parece unidireccional: entre más se protege a Ojeda, más señalamientos públicos lo incriminan
Más de un año llevan la Presidenta y dos fiscales tratando de evitar que la corrupción en los altos mandos de la Marina, hundida en el contrabando de combustible, termine de ahogar al exsecretario, el almirante Rafael Ojeda. Y más de un año con desgaste creciente, donde el encubrimiento político asoma una cara de complicidad y su defensa inquebrantable cada vez inculpa más al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué la necia protección? La respuesta es simple: Ojeda forma parte del club de apestados, como el senador Adán Augusto López y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quienes la mandataria protege –pese a evidencias de su malestar con ellos– para evitar que lleguen a incriminar a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos, Andy y Gonzalo.
El caso Ojeda tiene metido en un pantano al gobierno. No existe una investigación en su contra, lo que constituye un logro político, aunque jurídicamente no hay forma de exculparlo. El almirante tendría que estar en la cárcel, acusado de complicidad en el contrabando de combustible operado por sus sobrinos políticos. Sin embargo, los gobiernos de la 4T quieren esconder su responsabilidad e incluso pensaron ocultar los nombres de sus sobrinos de la investigación del huachicol fiscal. Lo que impidió esto fue que el secretario de Estado, Marco Rubio, llevaba los nombres cuando visitó a Sheinbaum el 3 de septiembre del año pasado, y que la operación para purgarlos del caso se frustró porque los planes se revelaron en X.
Los hechos, las revelaciones periodísticas y las falsedades en las que han incurrido las autoridades muestran la debilidad y vulnerabilidad de la defensa gubernamental de Ojeda, la cual va en una espiral descendente desde finales de febrero de este año, cuando se difundió un audio en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar describía al aún secretario la trama criminal del contrabando de combustible, la cual también le detalló en una carta. Epigmenio Mendieta, abogado de los sobrinos políticos de Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, dijo en su momento que dicha grabación no formaba parte de la investigación del asesinato de Guerrero Alcántar, ocurrido meses después de ese encuentro. Por su parte, la Secretaría de Marina informó a Aristegui Noticias –medio que reveló el audio y apuntó que fue grabado el 14 de junio de 2024– que no tenía conocimiento de ningún material que involucrara a Ojeda.
El almirante no sabía en ese momento que el esfuerzo para protegerlo y deslindarlo de las corruptelas de sus sobrinos políticos se caería a pedazos el 7 de septiembre de 2025. Ese día, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, explicando el audio, dijo que el almirante se había presentado en sus oficinas “hace casi dos años” (2023) para informarle que había problemas de corrupción en varias de las áreas de la Secretaría, así como contrabando de combustible.
Es decir, Ojeda sabía de esos delitos un año antes de que se mostrara sorprendido por la denuncia de Guerrero Alcántar. Gertz Manero, defendiéndolo, lo hundió. La razón por la que el exfiscal lo exoneró fue porque la investigación sobre los Farías Laguna llegaba a Andrés y Gonzalo López Beltrán, y querían que ahí topara, lo que ha sucedido hasta ahora, aunque esa muralla se está cayendo a pedazos. Nunca hubo intención de investigar al almirante y el gobierno ha buscado contener el crimen en otros mandos de la Marina, principalmente en sus sobrinos políticos.
A finales de septiembre del año pasado, Sheinbaum le pidió al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, seguir con el caso del contrabando de combustible de la mano de la Fiscalía General, donde estaban involucrados y judicializados 45 elementos que debían haber sido separados de sus cargos o detenidos, porque era, además, una presión de Estados Unidos. Sus resultados, en ese entonces y ahora, bajo la titularidad de Ernestina Godoy en la FGR, han sido limitados.
La Presidenta buscó proteger a Ojeda y le pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que hablara con el almirante para comunicarle la estrategia para deslindarlo, bajo la advertencia de que si no funcionaba, tendría que hacerse responsable de las irregularidades durante su gestión. En este contexto, el secretario Morales se reunió con Guerrero Alcántar en su oficina el 10 de octubre del año pasado. La Marina confirmó la cita, que dijo fue a petición del contralmirante, con el fin de felicitarlo, expresarle su lealtad y proponerle un esquema para una mejor recaudación en las aduanas.
Guerrero Alcántar, de acuerdo con documentos internos de la Marina sobre las redes de corrupción en aduanas, descritos en este espacio, formaba parte de los altos mandos navales que habían puesto los hermanos Farías Laguna en las aduanas marítimas. Los sobrinos de Ojeda lo hicieron administrador en la aduana de Veracruz, y el último puesto que ocupó fue el de director general de Recaudación de Aduanas, en las instalaciones centrales de la Secretaría de Marina.
Poco después de la reunión con el almirante Morales, Guerrero Alcántar solicitó vacaciones y, por procedimiento, dijo a dónde iría: Mazatlán y Manzanillo. El 8 de noviembre, casi un mes después de su conversación con el secretario, fue ejecutado en Manzanillo. Aunque la Marina reportó un contenido inocuo en su plática, la Fiscalía General infirió en la causa penal sobre su asesinato una relación directa con esa reunión, donde “posiblemente” le habló de las denuncias que formuló en la carta que entregó a Ojeda, sugiriendo que había sido un trabajo interno, porque sólo el personal de la Marina sabía fechas y lugares exactos de sus estancias.
No hay más detalles de la investigación, pero el audio permitió hacer la línea de tiempo que muestra las inconsistencias e incongruencias en que incurrió Gertz Manero al salir en la defensa de Ojeda, que tampoco sabía que una grabación que misteriosamente llegó a la opinión pública fundiría el blindaje y obligaría a que el Gobierno dijera haber iniciado una investigación contra el exsecretario por su presunta vinculación con toda la corrupción durante su administración. Fue una mentira porque, de acuerdo con la Presidenta y la fiscal, no hay ninguna en su contra.
La dirección del caso parece unidireccional: entre más se protege a Ojeda, más señalamientos públicos lo incriminan. El principal proviene de sus sobrinos políticos, quienes originalmente se habían negado a involucrarlo en el negocio criminal, pero ahora se sabe, por sus dichos y por documentos internos de la Marina hasta ahora soslayados, que el contrabando nunca podría haberse hecho sin la autorización o conocimiento del almirante.
