Revive EU caso Alex Saab por fraude y sobrecostos que la PGR perdonó en México
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Revive EU acusación contra Alex Saab por corrupción en el programa de despensas CLAP de Venezuela que fue investigado y archivado en México durante 2018
La nueva acusación de Estados Unidos contra Alex Saab, presunto prestanombres de Nicolás Maduro, se centra en un caso de lavado de dinero que ya había sido investigado y archivado en México. El cierre de ese expediente ocurrió tras un acuerdo reparatorio en el que un grupo de empresas donó 3 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El caso penal involucra la venta de productos perecederos para las despensas distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), uno de los programas asistenciales insignia del régimen venezolano.
Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó por lavado de dinero a 23 empresas y personas físicas que surtieron insumos para los CLAP. Entre los empresarios mexicanos denunciados figuraba Jack Landsmanas Stern, dueño de Grupo Kosmos, uno de los principales proveedores de alimentos del Gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México y de diversas cárceles federales y estatales del país.
EL FRAUDE
Saab fue detenido por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, un proceso que avanzó a pesar de los reclamos del régimen venezolano sobre su presunta inmunidad diplomática.
En esa primera imputación, la justicia estadounidense le atribuyó el blanqueo de más de 350 millones de dólares defraudados al Gobierno de Venezuela a través de un contrato para construir viviendas de bajo costo. Según los fiscales, Saab y sus cómplices utilizaron los comprobantes de un único envío de materiales de construcción importados para presentar y cobrar múltiples facturas falsas por embarques inexistentes.
Sin embargo, el 20 de diciembre de 2023, el Gobierno de Joe Biden intercambió al empresario colombiano por 10 ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela, lo que llevó a la Corte de Miami a desechar formalmente la acusación. A su regreso a Caracas, Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue removido en enero de este año, poco antes de la captura y extracción del propio mandatario venezolano.
LA RED
Tras una nueva vuelta de tuerca, el pasado 16 de mayo el gobierno de Delcy Rodríguez deportó a Saab a Estados Unidos, donde nuevamente fue acusado de lavado de dinero ante la misma Corte Federal de Florida, aunque esta vez por los hechos relacionados con México.
De acuerdo con la nueva imputación, desde 2015 el colombiano diseñó y ejecutó un elaborado esquema para enriquecerse mediante la corrupción de los CLAP.
“Los conspiradores pagaron sobornos a funcionarios públicos venezolanos y obtuvieron lucrativos contratos de los CLAP para importar alimentos bajo falsas pretensiones, incluso de Colombia y México”, detalla el documento judicial fechado el 14 de enero de este año.
El esquema consistía en una red de empresas fachada en varios países que compraban los productos en México y los revendían a Venezuela con un sobrecosto del 112 por ciento, blanqueando posteriormente las ganancias en el sistema financiero internacional, incluyendo transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos.
Según la indagatoria original de la PGR, Productos Serel y La Cosmopolitana, empresas de Jack Landsmanas, triangularon operaciones millonarias con firmas en Hong Kong y Panamá vinculadas a la red de los CLAP y a familiares de la actual presidenta venezolana.
El expediente también puso bajo la lupa a otras 10 compañías mexicanas, entre las que destacaban El Sardinero y la regiomontana Comercializadora DRR.
A finales de 2018, la PGR dio carpetazo definitivo al asunto tras firmar un acuerdo reparatorio en el que las empresas involucradas donaron 3 millones de dólares a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Aunque en 2021 el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, denunció a exfuncionarios por la presunta ilegalidad de este acuerdo al detectar anomalías por más de 156 millones de dólares, la FGR de Alejandro Gertz Manero determinó que no existían elementos suficientes para proceder penalmente contra quienes avalaron el cierre del caso.
