Secuestro de mineros mexicanos, pone en duda las promocionadas mejoras de seguridad en el país

CONCORDIA- Al menos 12 pueblos de la sierra de Concordia, al sur del estado de Sinaloa, en el Pacífico mexicano, lucen casi desiertos y el silencio solo se rompe con el paso esporádico de algún camión. Fue cerca de uno de esos pueblos, Pánuco, donde fueron secuestrados diez trabajadores de una mina de plata y oro canadiense a finales de enero. La mitad ya han sido localizados, pero muertos.

La mayoría de los vecinos de estas comunidades han huido por miedo a las dos facciones enfrentadas del Cártel de Sinaloa que tienen sitiada la región desde septiembre de 2024, explica Fermín Labrador, un anciano enjuto de 68 años de Chirimoyos, un pueblo de Concordia. Otros, añade, fueron “invitados” a irse.

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La desaparición de los trabajadores de la mina de plata y oro propiedad de la empresa Vizsla Silver en circunstancias y por motivos todavía sin esclarecer no solo ha aumentado el miedo de la población, también genera cuestionamientos sobre las mejoras en seguridad proclamadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras asumir la gobernante reforzó su estrategia contra los cárteles con más despliegue militar, detenciones y decomisos de droga justo en Sinaloa, el estado de donde sale gran parte del fentanilo que inunda Estados Unidos. En enero, Sheinbaum presentó una marcada disminución en las tasas de homicidios el año pasado como prueba de que su estrategia de seguridad estaba funcionando.

“Este tipo de episodios lo que hacen es derrumbar la narrativa del gobierno federal que insiste en que poco a poco se va dominando la situación”, aseguró el analista David Saucedo. A su juicio, lo que hizo Sheinbaum fue “administrar el conflicto” mientras la guerra dentro del cártel se extiende y está fracturando a la sociedad sinaloense obligándola “a tomar partido por alguno de los dos bandos”.

SEGURIDAD FUGAZ

El suceso provocó el despliegue de más tropas en la región, búsquedas por tierra y aire, la visita del titular federal de Seguridad, Omar García Harfuch, para coordinar los operativos. El resultado fueron algunas detenciones y el hallazgo de cinco de los trabajadores de la mina entre los cadáveres encontrados en una fosa clandestina.

Sin embargo, el incremento de las fuerzas de seguridad no se tradujo en tranquilidad para los habitantes de esta sierra.

“Toda esa escandalera ha desperdigado a los señores que andan malos del crimen organizado... que pudieran llegar a nuestro pueblo otra vez”, dijo Roque Vargas, activista por los derechos de las personas desplazadas de la sierra de Concordia. También temen ser confundidos y atacados por las fuerzas de seguridad cuando salen del pueblo porque eso ya pasó en otros puntos del estado: hay militares investigados por la muerte de dos niñas en mayo y un universitario a principios de año.

“Estamos prácticamente abandonados”, lamentó.

CÁRTEL DIVIDIDO

Sheinbaum asumió el poder en octubre de 2024 justo cuando Sinaloa se sumía en una nueva espiral de violencia tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, supuestamente secuestrado y llevado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Seguidores de “El Mayo” comenzaron a luchar contra los de “los Chapitos” en una sangrienta batalla por el control de tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas que primero dejaron entre el fuego cruzado a los habitantes de Culiacán, capital de Sinaloa, y luego a todo el estado mientras la administración de Donald Trump ponía a ambas facciones en la mira declarando al cártel “organización terrorista” e incrementaba las presiones sobre Sheinbaum para combatirlo.

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En abril pasado, la minera Vizsla, propietaria de la mina con sede en Vancouver, Canadá, anunció la paralización de actividades en la sierra de Concordia por motivos de seguridad. El paro duró un mes.

Este mes, García Harfuch declaró sobre la investigación que los sospechosos arrestados pertenecían a la facción del Cártel de Sinaloa, leal a los hijos de Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, y que habían confundido a los trabajadores con miembros de la otra facción. No se ha explicado cómo se produjo la confusión, ya que Vizsla afirmó que los trabajadores fueron sacados de su sitio.

MINAS Y CRIMEN

Las minas, junto con otros negocios como los cultivos de aguacate y los oleoductos que transportan gasolina, han atraído desde hace tiempo la atención del crimen organizado en México como fuente de extorsión o para robar el material extraído.

Saucedo, que ha investigado casos en Guanajuato, Sinaloa y Sonora, asegura que otras veces son las propias compañías las que se han aprovechado de grupos armados para contener movimientos sociales en su contra.

Ante esta diversidad de situaciones que se mueven en límites muy difuso, la grandes empresas generalmente han optado por el hermetismo.

En el caso de Concordia, el gobierno mexicano dice que no hay registro de que Vizsla hubiera sufrido extorsiones pero la presidenta anunció que habrá comunicación con todas las empresas mineras en el país, muchas canadienses, para “ofrecer el apoyo que se requiera”.

Vizsla no respondió a solicitudes de comentarios por parte de The Associated Press, pero ha declarado que su objetivo es encontrar a los trabajadores restantes y apoyar a las familias afectadas. Los familiares de uno de los trabajadores declinaron hacer comentarios.

BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

En la comunidad de El Verde, en las faldas que se alzan entre el océano y la montaña, Marisela Carrizales se encontraba junto a pancartas con fotografías de personas desaparecidas. El camino que conducía a un lugar donde se descubrieron fosas clandestinas estaba bloqueado por una patrulla. El pueblo circundante permanecía en silencio.

“Aquí estoy, esperando respuestas”, contó el miércoles Carrizales, quien pertenece a uno de los muchos colectivos de búsqueda que se han extendido por todo México para buscar a los desaparecidos. Lleva cinco años y medio buscando a su hijo Alejandro y llegó a El Verde con más de veinte personas que también buscan a familiares desaparecidos para supervisar el trabajo de las autoridades y exigirles que les ayuden a buscar también en otros lugares.

“Tenemos información de que hay muchas más fosas aquí... tenemos que venir a buscarlas”, señaló.

Fue aquí, en la primera semana de febrero, donde las autoridades encontraron una fosa clandestina y luego más en los días siguientes. La Procuraduría General de la República informó que se encontraron 10 cuerpos en un solo lugar, cinco de los cuales han sido identificados como los mineros desaparecidos. Pero la fiscalía del estado de Sinaloa también informó que se encontraron restos adicionales en otras cuatro fosas comunes de la comunidad.

E torno al puerto de Mazatlán, se han multiplicado casos sonados.

En octubre, desapareció un turista mexicano en el bar de un funcionario estatal que renunció después a su cargo. En enero, fue un empresario. En febrero, otros seis turistas mexicanos fueron secuestrados en una zona lujosa de la ciudad turística. Una mujer y una niña que formaban parte de ese grupo fueron encontradas con vida posteriormente en las afueras de la ciudad, pero los hombres que las acompañaban no han aparecido.

Si bien el gobierno ha reforzado la seguridad en Mazatlán antes de las celebraciones de carnaval, en las montañas, maestros, médicos e incluso autobuses no llegan a muchas comunidades por miedo, dijo Vargas, el activista.

Labrador, el anciano de Chirimoyos, dijo que los días que tiene suerte aprovecha la moto de un amigo para ir a su trabajo en una caseta de cobro de la autopista cercana. Si no, le toca caminar 9 kilómetros por los cerros. La persona que se encargaba del transporte público de la zona desapareció en diciembre.

Por Aaron Ibarra y María Verza, The Associated Press.