‘Sepultan’ diputados al Coneval; eliminan poder para suspender programas sociales

La Cámara de Diputados “sepultó” al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tras aprobar la reforma a diversas leyes que trasladan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las atribuciones de este consejo, incluyendo la medición de la pobreza y la evaluación integral de los programas sociales.

La iniciativa, respaldada por Morena y sus aliados con 353 votos a favor y 126 en contra, modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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Con los nuevos cambios se derogan los artículos 75, 76 y 77 de Ley General de Desarrollo Social, que exigían que los indicadores de resultados reflejaran objetivos sociales y fueran revisados por la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, vía la Auditoría Superior de la Federación.

Además, se elimina la capacidad de Coneval para corregir, adicionar, reorientar o suspender total o parcialmente los programas sociales —antes establecida en el artículo 72—, y también se retira la facultad de los diputados para ajustar partidas en el Presupuesto de Egresos relacionadas con dichos programas.

El Inegi será responsable de definir lineamientos y criterios técnicos para evaluar la pobreza y las políticas sociales, buscando homogeneidad y comparabilidad de datos.

Legisladores de la oposición, como el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN), calificaron la reforma como un retroceso que pone en riesgo la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas: “todo quedará bajo el control del gobierno... pareciera que quieren eliminar al Coneval para agandallarse el presupuesto”.

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En contraste, la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, defendió que esta medida amplía y democratiza la evaluación de las políticas sociales. Argumentó que el Inegi aportará una visión técnica rigurosa y de Estado, optimizando la asignación y el impacto de los recursos públicos.

La desaparición del Coneval —órgano autónomo desde 2009— y la reasignación de sus funciones al Inegi también implican una reducción de su autonomía técnica.

De acuerdo con analistas, esto podría debilitar la capacidad de evaluación independiente de los programas sociales.

Este proceso, que se deriva de una reforma constitucional previa y debía completarse en un plazo de 90 días, ha generado debate sobre la integridad metodológica y política de las mediciones de pobreza.

El dictamen se aprobó tanto en lo general como en lo particular. Con información de El Universal