Sheinbaum revela que Guardia Nacional protege a Rocha Moya tras pedir licencia como gobernador... ‘Como a cualquier otro’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con resguardo por parte de la Guardia Nacional, luego de haber solicitado licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa.

La decisión se da tras los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos, los cuales derivaron en investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). En ese contexto, Rocha Moya pidió separarse del cargo el pasado 1 de mayo, argumentando que su salida permitiría no interferir en el desarrollo de las indagatorias.

En paralelo, el Congreso estatal designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina en sesión extraordinaria, garantizando la continuidad institucional mientras se esclarecen los hechos.

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGO

Sheinbaum explicó que la asignación de elementos de la Guardia Nacional responde a una evaluación previa realizada por el Gabinete de Seguridad. Este análisis considera factores de riesgo que podrían poner en peligro la integridad de cualquier persona que solicite apoyo.

“En este momento tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, señaló la mandataria al referirse al caso específico del exgobernador. La medida, precisó, no es excepcional ni exclusiva de figuras políticas.

De acuerdo con sus declaraciones, el protocolo aplica de manera general:

· Evaluación de riesgo individual

· Solicitud formal de protección

· Determinación del nivel de resguardo

“En estos casos como en cualquier otro, sea para un gobernador o gobernador con licencia de cualquier estado, un diputado, senador, ciudadano que tenga consideración de riesgo de su persona solicita a la Guardia Nacional apoyo en su seguridad y se hace un análisis de riesgo”, enfatizó, al subrayar que el mecanismo está disponible tanto para servidores públicos como para ciudadanos.

INVESTIGACIONES Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El contexto en el que se otorga esta protección está marcado por las acusaciones que vinculan a Rocha Moya con grupos del crimen organizado, específicamente con facciones como ‘Los Chapitos’. Estas imputaciones han generado un fuerte impacto político y mediático.

A pesar de ello, el proceso se mantiene en etapa de investigación, lo que implica que no existe una resolución judicial definitiva. Bajo este escenario, prevalece el principio de presunción de inocencia, uno de los pilares del sistema legal mexicano.

La presidenta reiteró que las instituciones encargadas de la procuración de justicia serán las responsables de determinar cualquier responsabilidad. Mientras tanto, la asignación de seguridad se interpreta como una medida preventiva derivada de un análisis técnico.

El caso refleja la interacción entre seguridad pública, procesos judiciales y decisiones políticas en un entorno donde cada acción es observada tanto a nivel nacional como internacional.

LUISA MARÍA ALCALDE EXPLICA LA SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN CONTRA ROCHA MOYA; EU NO ACREDITÓ URGENCIA

Durante la conferencia matutina, la nueva Consejera Jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde, explicó con precisión jurídica las diferencias entre una solicitud formal de extradición y una petición de detención provisional, en el contexto del caso relacionado con Rubén Rocha Moya.

Detalló que una solicitud formal implica una carga legal más robusta, ya que debe incluir elementos como la descripción del delito, pruebas suficientes, una orden de aprehensión vigente y documentación que cumpla con lo establecido en los tratados internacionales firmados entre México y Estados Unidos.

En contraste, la petición presentada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York corresponde a una solicitud de carácter provisional. Este tipo de recurso, explicó, exige acreditar una condición específica: la urgencia, entendida como el riesgo de fuga o la posibilidad de que se obstaculice el proceso judicial.

La funcionaria señaló que la Fiscalía General de la República concluyó que no se aportaron elementos suficientes para justificar dicha urgencia. En consecuencia, la solicitud no cumple, hasta el momento, con los requisitos necesarios para proceder conforme al marco legal vigente.

“Es necesario solicitar información adicional para acreditar la urgencia”, puntualizó la secretaria, al dejar claro que el proceso no ha sido descartado, sino que se encuentra en una etapa de revisión técnica y legal.

En este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado formalmente más información al gobierno de Estados Unidos. Será únicamente cuando se presenten pruebas suficientes que un juez de control en México podrá determinar si procede o no la detención provisional.

Un dato curioso en este tipo de procedimientos es que las solicitudes provisionales suelen resolverse con rapidez cuando se acredita urgencia; sin embargo, cuando este elemento no se demuestra, el proceso puede extenderse significativamente debido a la revisión detallada de la evidencia.

La titular de Gobernación subrayó que ni la Fiscalía ni la Cancillería han emitido un juicio sobre la culpabilidad de las personas señaladas. Esto responde al principio de presunción de inocencia, uno de los pilares del sistema jurídico mexicano.

Además, advirtió que la difusión pública de información relacionada con el caso podría haber vulnerado el principio de confidencialidad, lo que abre un debate sobre el impacto mediático en procesos legales de carácter internacional.

DATOS CURIOSOS SOBRE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN OFICIAL

· La Guardia Nacional puede brindar protección a cualquier ciudadano si se acredita un nivel de riesgo mediante evaluación oficial

· En México, los funcionarios que solicitan licencia no pierden automáticamente todos sus derechos, incluida la posibilidad de recibir seguridad

· El análisis de riesgo considera variables como amenazas previas, exposición mediática y contexto delictivo en la región