Suman 27 detenidos por escándalo en Segalmex: Secretaría Anticorrupción

La Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que suman 27 funcionarios y ex funcionarios detenidos por el caso Segalmex, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector alimentario federal.

“Son como 27 funcionarios, ex funcionarios, en cárcel del caso Segalmex, nada más. Está el que era en su momento el oficial mayor”, dijo.

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Durante la conferencia matutina, la funcionaria fue cuestionada sobre si entre los detenidos se encuentra el ex director del organismo, Ignacio Ovalle.

“Lo está revisando la Fiscalía y hay órdenes de aprehensión además de esa”, respondió.

-¿Sabe si hay algo en contra de Ignacio Ovalle?, se le cuestionó.

“Hay que preguntarle al Fiscal”, soltó.

Al abordar el tema, la Secretaria planteó la necesidad de reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer sanciones más severas contra servidores públicos, al considerar que las actuales resultan insuficientes frente a faltas graves.

“Nosotros creemos que hay que modificar, en algún momento, la Ley de Responsabilidades, porque hay delitos que son graves y lo más que se llega es a una inhabilitación de un año”, dijo.

Buenrostro reconoció que los procedimientos administrativos son “la parte menor” de las sanciones a los funcionarios, en comparación con los procesos penales, pero subrayó que es necesario actualizar el marco legal para evitar que casos de corrupción terminen sin consecuencias efectivas.

También admitió que es necesario realizar otras reformas para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga plazos definidos para cerrar observaciones y evitar que expedientes queden abiertos por años sin resolución.

“Hay que modificar algunos procedimientos también para marcar tiempos de resolución a las autoridades, porque hay casos que llevan siete o diez años sin que se cierre nada”, apuntó.

La funcionaria agregó que su dependencia mantiene comunicación con la Auditoría para revisar los expedientes que siguen sin dictamen y poder determinar su situación.

”No puede estar permanentemente abierto por años sin decirnos si lo que entregamos está bien o está mal”, dijo.