‘Ya está legislado’... Sheinbaum investiga lista de 30 casos de embarazo infantil en México

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal ya investiga 30 casos de embarazo infantil recientemente divulgados por colectivos feministas, quienes revelaron datos oficiales que muestran nacimientos en los que las madres son menores de edad.

Sheinbaum afirmó que la legislación mexicana ya establece protocolos específicos que obligan a las autoridades sanitarias a dar aviso inmediato al Ministerio Público (MP) cuando una niña o adolescente da a luz en cualquier hospital público o privado.

“Ya está legislado. Hay una norma especial de actuación de las autoridades sanitarias. Si una menor de edad da a luz, debe notificarse al Ministerio Público para abrir una investigación”, enfatizó la mandataria.

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EMBARAZO INFANTIL ES DELITO Y DEBE INVESTIGARSE: SHEINBAUM

La presidenta recordó que en México la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2016. Antes de esa resolución, las niñas podían casarse legalmente desde los 14 años, y los varones desde los 16.

“La Corte estableció en 2016 que la edad mínima para casarse es de 18 años. Esto es importante, porque antes se permitía el matrimonio de menores. Eso ya no está permitido, ni siquiera bajo ‘usos y costumbres’ de alguna comunidad”, aclaró.

Además, subrayó que si una persona mayor de edad embaraza a una niña o adolescente, el hecho debe investigarse como delito, ya que puede tratarse de un caso de abuso sexual, violación o matrimonio forzado.

PROTOCOLO OBLIGATORIO DESDE 2005

Sheinbaum explicó que desde 2005 existe una Norma Oficial Mexicana (NOM-046) que obliga a todo hospital a reportar al MP cuando una menor de edad da a luz.

Asimismo, la Norma 047 de la Secretaría de Salud establece procedimientos específicos para atender embarazos en personas de entre 10 y 19 años, y protocolos para determinar si se trata de un caso de violencia sexual o violación.

“Cuando una niña llega a dar a luz a un hospital, debe registrarse la edad del padre. Si es mayor de edad, debe iniciarse una investigación. No es opcional”, explicó.

REGISTRO DE EDADES: UNA HERRAMIENTA IMPLEMENTADA DESDE AMLO

La presidenta también destacó que una medida implementada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el registro obligatorio de la edad del padre y la madre en todos los nacimientos, con el objetivo de detectar y denunciar embarazos de menores.

“Antes no se hacía. Ahora se registra la edad del padre, y si se detecta un caso sospechoso, se investiga automáticamente”, apuntó.

Esta medida busca frenar la normalización de uniones forzadas en comunidades que alegan costumbres tradicionales, así como facilitar el acceso a la justicia para niñas y adolescentes víctimas de abuso.

DATOS CURIOSOS Y RELEVANTES

Desde 2005, la NOM-046 establece que cualquier embarazo infantil debe ser notificado al Ministerio Público.

El embarazo infantil puede ser indicativo de violación, abuso o matrimonio forzado, todos tipificados como delitos.

En 2016, la SCJN prohibió el matrimonio entre menores, eliminando excepciones por “usos y costumbres”.

México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina en embarazos en adolescentes, según datos de la ONU.

El gobierno actual registra la edad del padre y madre en todos los nacimientos para detectar posibles delitos.

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EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A INVESTIGAR

Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que no se trata de una voluntad política o de una decisión personal:

“Tienen que dar parte al Ministerio Público. No es porque la presidenta lo diga, ya está legislado.”

También insistió en que los derechos de las niñas y adolescentes deben ser garantizados sin excusas culturales ni legales, y que el interés superior del menor debe prevalecer en todos los casos.

Con esta declaración, la presidenta reafirma su compromiso con la protección de la niñez y la aplicación de la ley en todos los casos de embarazo infantil, sin distinción de origen, comunidad o condición social.

La investigación ya está en marcha, y los 30 casos identificados serán revisados uno a uno por las autoridades competentes, como parte de una política nacional de cero tolerancia al abuso infantil.