Militares ocupan cargos de alto nivel en seguridad pública

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/ 21 septiembre 2022

Se ha identificado que al menos 56 militares están ocupando cargos de alto nivel en secretarías de Seguridad Pública , tanto estatales como municipales, muestra de que estas instituciones están adquiriendo una cultura castrense y perdiendo las capacidades propias de una policía

El proceso de militarización que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de ser un riesgo para la seguridad mexicana, pone en peligro las libertades, los derechos, la democracia, y legitimidad de las Fuerzas Armadas, advirtieron especialistas.

Al participar en la mesa redonda sobre la Guardia Nacional: Militarización de la seguridad en México, realizada por el Instituto México del Centro Woodrow Wilson, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común consideró que actualmente México está entrando en un proceso de militarismo que se ha ido construyendo a lo largo de este sexenio en dos niveles; primero, a nivel federal cuando creó la Guardia Nacional, la cual adquirió las 43 funciones que tenía la Policía Federal, sin que esta se convirtiera en una institución civil lo que, dijo, “realmente fue un fraude a la Constitución”.

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Por otro lado, explicó que este proceso de militarización también se ha dado a nivel local, ya que se ha identificado que al menos 56 militares están ocupando cargos de alto nivel en secretarías de Seguridad Pública , tanto estatales como municipales, lo cual, es muestra de que estas instituciones están adquiriendo una cultura castrense y perdiendo las capacidades propias de una policía.

En este contexto, la experta también resaltó que debido a las 150 responsabilidades civiles que el presidente le ha otorgado a las Fuerzas Armadas, entre construcción de obra pública y control de aeropuertos y aduanas, éstas cuentan con un mayor control sobre el poder civil de lo que tenían en años anteriores.

Las implicaciones, de expandir el poder de las Fuerzas Armadas sobre las fuerzas civiles, van desde que no mejore la seguridad pública; el aumento de las violaciones a los derechos humanos, hasta la falta de transparencia, entre otras.

Con información de El Economista

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