Tribunal de Justicia de Guerrero, en riesgo de colapso

Ciudad de México.-  El Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero corre el riesgo de perder hasta 35 millones de pesos al dejarlos de contemplar en el presupuesto de egresos para el próximo año, por lo que es urgente que los diputados locales se sensibilicen y entiendan la dimensión del problema que implicaría para la sociedad un recorte de esa naturaleza, consideró el magistrado presidente, Jesús Martínez Garnelo.

En entrevista, el representante de esa institución del Poder Judicial, llamó a los diputados a que hagan una profunda revisión del gasto y comiencen el análisis de al menos ocho reformas penales, para no afectar el ejercicio del Tribunal y con ello la atención a los ciudadanos y evitar el rezago.

"Se requiere entrarle cuanto antes a la revisión de esos cambios legislativos que derivan de la reforma constitucional penal del 2008, aprobada por el Congreso de la Unión la que permite avances progresivos en los estados".

"Los diputados tienen todo el tiempo, pero deben considerar que se nos están acortando los tiempo porque, para fines del 2015, debemos de tener el 90% en cuanto a la legislatura, infraestructura y parte operativa", insistió.

Martínez Garnelo reconoció que no es fácil elaborar leyes y adecuarlas a los nuevos sistemas y, pese a que existe la posibilidad de que el Congreso no apruebe las reformas este año, si puede hacerlo a principios del 2014.

Comento que el Código Penal tiene que adecuarse a los nuevos tipos penales, principalmente en lo que tiene que ver con el Código de procedimientos penales del sistema acusatorio, así como a las leyes de atención a víctimas, mecanismos alternativos de solución y la de adolescentes.

Las reformas penales, continuó, les ha obstaculizado a entrar de lleno al nuevo sistema penal acusatorio, a pesar de que se ha avanzado en un 85% en la infraestructura y en el área operativa, con al menos 300 servidores públicos profesionales.

Expuso que al nuevo sistema se han incorporado unos 60 operadores que sus salarios representan unos 12 millones de peso al año; todo esto, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para este año.

Martínez insistió en su llamado a los legisladores locales, a fin de que autoricen al Poder Judicial una ampliación presupuestal de entre cuatro y cinco millones de pesos, para terminar algunas salas de oralidad, pues cada una tiene un costo aproximado, incluyendo su equipamiento, de dos millones de pesos.