SCJN presenta protocolo para niños en juicios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó este jueves un protocolo de actuación para impartidores de justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes ya sea como víctimas, testigos o acusados en un juicio.

El protocolo, elaborado por la Presidencia de la Corte, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), propone una serie de prácticas que deben respetarse en todo proceso judicial para garantizar los derechos de los menores, en particular el de acceso a la justicia.

"El protocolo tiene la intención de auxiliar a los jueces ante quienes se encuentran niñas, niños o adolescentes, a realizar su labor desde una perspectiva apegada a las mejores prácticas internacionales", explicó el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Corte.

Ante integrantes Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y la representante de UNICEF en México, Susana Sottoli, afirmó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos obliga a los jueces mexicanos a revisar la forma en que se relacionan con los menores que acuden a los tribunales.

Sin embargo, aclaró que el protocolo no tiene ni pretende tener efectos vinculantes, por respeto a la autonomía e independencia judicial, sino que es "una herramienta de trabajo adicional que se somete a la consideración, juicio y eventual aplicación" por parte de los impartidores de justicia.

En su intervención, Susana Sottoli, consideró que el protocolo es "un esfuerzo sin precedentes en el ámbito judicial para la promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el país", pues permitirá que los menores involucrados en procesos judiciales tengan acceso a la justicia sin ser revictimizados.

Afirmó que el documento es un primer paso, pero que el mayor desafío está en su aplicación real, para lo cual consideró indispensable que magistrados, jueces, peritos y personal de juzgados y tribunales lo asuman como propio y lo integren a sus prácticas cotidianas.

El protocolo adapta las prácticas de actuación de los procedimientos judiciales para adultos, a las necesidades de los niños y adolescentes, a partir de los diversos instrumentos que consagran sus derechos, para establecer que las diligencias en que participen respeten, en primer lugar, su privacidad y derecho a la intimidad.

El documento propone la forma en que deben practicarse las diligencias que involucren a menores, cómo tomarles testimonio, las características de los lugares donde deben comparecer, la temporalidad y duración de la participación, las medidas de asistencia que deben tomarse e, incluso, el tipo de mobiliario.

Destaca que, hasta ahora, la ausencia de prácticas idóneas para este grupo de población ha repercutido no sólo en los resultados del propio proceso judicial, pues la participación de los niños en esas condiciones no brinda información relevante y, en muchos casos, genera experiencias dolorosas, o que les dejan secuelas y los someten a una nueva victimización.