Impunidad, gran agravante de la tortura, señala ONG

MÉXICO, D.F.- La impunidad en los casos de tortura en México agrava la recurrencia de esta práctica. En más de 200 expedientes abiertos en la última década por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ante denuncias contra servidores públicos y militares que presuntamente incurrieron en este delito, no existe una sola sentencia.

Así lo indica el informe especial que organizaciones civiles entregaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que durante el miércoles y jueves de esta semana someterá a evaluación a México sobre tortura y tratos crueles e inhumanos.

Los datos fueron recabados con peticiones vía Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, realizadas por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", en Guerrero, y recopilados en un informe que formará parte de los documentos que serán analizados durante la revisión de los informes Quinto y Sexto de México ante el Comité contra la Tortura de la ONU.

El reporte, que se basa en la información entregada por cada una de las dependencias al ser cuestionadas sobre la prevención, investigación y sanción de la tortura, detalla incluso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó cerca de 7 mil quejas: 184 por tortura y 6 mil 604 por tratos crueles, inhumanos o degradantes, desde 2000 a la fecha, lo que contrasta con el nivel de impunidad en el país en torno a esta práctica.

La PGR, se detalla, entre 2002 y 2012 inició 72 expedientes contra servidores públicos de la institución y de otras dependencias de gobierno, por presunto actos de tortura.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Visitaduría General de la PGR, en la última década contra funcionarios de la dependencia "se iniciaron 39 averiguaciones previas por el delito de tortura, de las cuales tres se concluyeron en no ejercicio de la acción penal", y no existen expedientes consignados ante juzgados ni solicitudes de aprehensión. Destaca que 10 de los casos se integraron entre el 1 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2012.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales informó, por su parte, que "logró localizar 29 averiguaciones previas iniciadas por el delito de tortura respecto de hechos imputados a 111 servidores públicos, de las cuales ninguna ha sido consignada", sin precisar el lapso de la información.

Mientras, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (que tiene a su cargo las 32 delegaciones estatales) encontró cuatro indagatorias por tortura en el periodo 2006-2012, tres de ellas en el último año.

Para Tlachinollan, ante estas cifras, "la ausencia de sentencias condenatorias evidencia que su seguimiento es deficiente".

En el reporte destaca que el número de averiguaciones previas iniciadas contrasta con la aplicación del dictamen médico-sicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato,conocido como Protocolo de Estambul, que permite detectar abusos contra detenidos.

La PGR reconoció que de 2003 -cuando entró en vigor- a la fecha se aplicó el dictamen en 302 casos, y en 42% resultó positivo para tortura o maltrato, es decir, se recabó evidencia en torno a 128 víctimas, pero no hubo sanciones. "Por ende, las cifras de la PGR muestran que la adopción del Protocolo de Estambul no ha constituido un cambio sustantivo en términos de acceso a la justicia".

Respecto a la Sedena, de 2002 a la fecha la CNDH emitió 52 recomendaciones en las que acreditó actos de tortura de militares. En el mismo periodo, las autoridades castrenses iniciaron 142 averiguaciones previas por el delito de "violencia contra las personas causando tortura".

De acuerdo con el informe, a pesar del alto número de averiguaciones previas iniciadas, sólo seis causas penales fueron iniciadas en los juzgados castrenses por el delito de tortura de 2002 a la fecha. Pero ni en estos casos hubo sanción para los responsables, la Sedena reconoció que ningún servidor público de la dependencia ha sido penalmente castigado por la comisión del delito de tortura desde hace una década. No existe en los órganos del fuero militar ninguna sentencia condenatoria por tortura.