Va juicio político contra ex funcionarios de Guerrero, por Ayotzinapa
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El pleno del Congreso estatal aprobó por unanimidad que se inicie el proceso contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja
Guerrero.- Por unanimidad, el pleno del Congreso local aprobó el dictamen con el que se inicia el juicio político en contra del ex procurador Alberto López Rosas y del ex secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal Ramón Almonte Borja, a raíz del desalojo que provocó la muerte de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El dictamen presentado por la Comisión Instructora en funciones de Examen Previo, señala que tanto López Rosas como Almonte Borja pudieron incurrir en acciones u omisiones relacionadas con sus funciones como servidores públicos, durante el desalojo instrumentado el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol.
Dichas presuntas faltas en su desempeño como servidores públicos, de acuerdo a los diputados locales, podrían ser en perjuicio de los intereses de la sociedad, a partir de que durante su desarrollo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos.
Omar Jalil Flores Majúl, presidente de la Comisión Instructora del Poder Legislativo de Guerrero, declaró que con base en la revisión que se hizo de los elementos aportados por la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en sus conclusiones sobre los hechos del 12 de diciembre del año pasado, hay condiciones para avanzar en la instalación del juicio.
La denuncia fue presentada por Yolanda Leticia Escandón Carrillo, Andrés Quesada Garza y Jorge Luis Martínez Díaz, apoderados legales de la CNDH.
En el dictamen leído en tribuna, se anota que los ex funcionarios implicados incurrieron en probables infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
López Rosas era titular de la Procuraduría General de Justicia al momento del desalojo instrumentado en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en tanto que Almonte Borja estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal.
Bajo las órdenes de López estaban los elementos de la Policía Ministerial que el 12 de diciembre acudieron armados a la salida sur de la capital de Guerrero, en donde los normalistas rurales realizaban un bloqueo para pedir audiencia con el gobernador Angel Aguirre Rivero.
En cambio, Almonte era el mando superior de la Policía Preventiva Estatal, la primera corporación que intentó abrir la circulación vehicular, lo que motivó un primer enfrentamiento con los estudiantes.
En el desalojo murieron los jóvenes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverria de Jesús, el primero originario de Atoyac de Alvarez y, el segundo, de Tixtla.
Resultó herido de bala en un pulmón Édgar David Espíritu Olmedo y presuntamente torturado Gerardo Torres, quien de acuerdo a la CNDH, fue obligado a disparar un rifle AK-47 para implicarlo en un presunto intercambio de fuego que no existió.
Los ex funcionarios relacionados con el caso sostienen que la primera corporación que disparó contra los manifestantes fue la Policía Federal, que estaba justo frente al contingente de jóvenes.
En la sala de plenos había 35 diputados, de ellos 34 votaron a favor del dictamen y solo Jorge Salazar Marchan, representante del Partido del Trabajo, se abstuvo.
La abstención no impidió que el dictamen se aprobara en forma unánime, por lo que el juicio contra López Rosas entrará en el periodo de instrucción.
