Corrupción: Impulsó Gil Díaz el tráfico de influencias
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México, D.F.- Manuel Rodríguez Arregui, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fue acusado penalmente en 2002 de evasión al fisco, derivado de sus funciones como consejero del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), aunque a diferencia de otros implicados, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le otorgó un "perdón fiscal".
El ahora funcionario federal, fue coacusado de una evasión por más de 2 millones 700 mil pesos, junto con el zar azucarero Enrique Carlos Molina Sobrino, el hijo de éste, Enrique Carlos Molina Basteris -detenido por estos hechos el fin de semana-, y su abogado Jorge Isaac Gastélum Miranda, entre otros.
A todos ellos se les imputó, junto con Rodríguez Arregui, el haber incumplido ante las autoridades hacendarias el pago del Impuesto sobre la Renta , de mayo a diciembre de 1999, que grupo Caze retuvo a sus empleados del ingenio de Atencingo.
Por estos hechos, el 12 de octubre de 2002 el juzgado Segundo de Distrito en Puebla giró las órdenes de aprehensión contra los inculpados, para iniciar un eventual proceso penal; sin embargo, la Procuraduría Fiscal solicitó a ese mismo juez que se le otorgara el perdón fiscal a Rodríguez Arregui, y su caso fue sobreseído.
El perdón fiscal es la facultad que posee la Secretaría de Hacienda para deslindar de responsabilidad a un presunto evasor y solicitar a un juez el sobreseimiento de la causa penal en su contra.
El perdón fiscal le fue otorgado a Rodríguez Arregui con la autorización de Franciso Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda, y en el tiempo en que Juan Carlos Tamayo Pinto era procurador fiscal de la Federación. Según expertos, el perdón fiscal se aplica en casos excepcionales. En la investigación por la evasión fiscal en el asunto Caze, Rodríguez Arregui fue el único beneficiado con un perdón.
Oficialmente, la SCT señaló que su desempeño profesional se realiza con plena libertad y con la garantía del "perdón fiscal" que le otorgaron la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La SCT informó ayer que el subsecreatrio Rodríguez Arregui no está prófugo ni ha dejado de asistir a su trabajo.
Se argumentó que Rodríguez Arregui estaba fuera del país pero regresó el miércoles de Canadá, a donde viajó en compañía del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
La SCT indicó que Rodríguez Arregui acudió ayer a sus oficinas para desarrollar normalmente sus actividades; sin embargo, no existió oportunidad de conversar con él, ni por la vía telefónica.
El actual subsecretario de Transporte de la SCT se vinculó formalmente con el tema azucarero desde 1999, cuando el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, lo nombró consejero independiente de Caze, junto con Julio Scherer Ibarra.
Ese año, las autoridades fiscales detectaron un fraude millonario, atribuido a uno de los contadores de esa organización.
La Procuraduría Fiscal de la Federación documentó el ilícito y presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República que en 2001 imputó a todos los miembros del consejo de administración de Caze responsabilidad de los daños contra el erario. (El Universal)
Ayer la Procuraduría General de la República envió una carta a la dirección de El Universal, en la que afirma que "el Licenciado Manuel Rodríguez Arregui, actual servidor público en la SCT, no tiene ninguna relación jurídica imputable a conductas delictivas relacionadas con la causa penal 85/2002, ni en ninguna otra causa penal que se siga en esta institución".
Sin embargo, antes de que esta misiva llegara a la dirección, su contenido era difundido por medios electrónicos de comunicación.
Pese a la negativa de la PGR autoridades de la propia dependencia aseguraron que se emitió una orden de localización y captura ministerial contra Rodríguez Arregui, por una presunta falsedad de declaraciones que se investiga, derivado de este caso de evasión fiscal, que habría sido girada con el número 834, en abril de 2006 por la Delegación Metropolitana, aunque en la dependencia se rechazó la existencia de dicho documento.
HISTORIA DEL CAZE
> Desde el 2001 este consorcio ya tenía problemas con la justicia.
> 3 de septiembre de 2001. El Gobierno Federal expropia 27 de los 59 ingenios azucareros que prácticamente están en quiebra, y que tienen cerca de 50% de un débito total de 4 mil 500 millones de pesos de esas industrias con los productores. También se informa que ya se acreditó y denunció ante la PGR el fraude de exportaciones que cometió el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze).
> 19 de octubre de 2001. La Procuraduría Fiscal de la Federación solicita a la PGR girar órdenes de aprehensión contra funcionarios de Caze, entre los que figuran Julio Scherer Ibarra, David Gómez Arnau y Héctor Sabas Islas, por el cobro ilícito de subsidios destinados a la industria del dulce.
> 15 de noviembre de 2001. Enrique Molina Sobrino es presentado ante la PGR para declarar sobre los presuntos subsidios fraudulentos entregados a su empresa por más de 100 millones de pesos y por la evasión de pagos al IMSS entre 1997 y 1998. Se suman denuncias de la Procuraduría Fiscal por defraudación fiscal.
> 12 de octubre de 2002. El juzgado Segundo de Distrito en Puebla inicia proceso penal contra el principal accionista de Caze, Enrique Molina Sobrino, así como de Jorge Isaac Gastélum Miranda y Manuel Rodríguez Arregui, por omitir el pago del ISR, retenido a trabajadores del ingenio de Atencingo durante mayo y diciembre de 1999.
> 12 de julio de 2005. La Interpol detiene en Alemania a Jorge Gastélum Miranda, ex integrante del Consejo de Administración de Caze, contra quien existe una orden de aprehensión por defraudación fiscal por más de 2 millones y medio de pesos. Estaba prófugo desde octubre de 2002, cuando el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Puebla encontró suficientes elementos en su contra para ordenar su captura.
> 17 de septiembre de 2007. Acusado de evasión fiscal por más de 2 millones 700 mil pesos, es detenido en el aeropuerto internacional de Cancún, procedente de Los Angeles, Enrique Carlos Molina Basteris, hijo del empresario azucarero Enrique Carlos Molina Sobrino, y es ingresado a un penal de Puebla.
