Protestas a la sombra del narco

Nacional
/ 3 enero 2008

    <span style="font-weight: bold;">Culiacán, Sin.-</span> A un año de que inició el operativo Sierra Madre en Sinaloa, las marchas contra la presencia militar, que según la Sedena son financiadas por el crimen organizado, han opacado el hallazgo de un manual de entrenamiento `kaibil' en la zona<br>

    Los reunieron por comunidades, después por municipios y cuando estuvieron listos mandaron camiones desde esta ciudad para traerlos y armar una protesta nunca antes vista en el estado. Eran alrededor de 3 mil manifestantes que marcharon por las calles de la capital el 12 de noviembre, algunos de ellos habían viajado sólo con lo puesto ya que a la mayoría les bastó con los 500 pesos, y en algunos casos hasta 2 mil, que les pagaron para sumarse a la manifestación contra la presencia del Ejército en sus comunidades de la sierra.

    A un año de la entrada del Ejército en Sinaloa con el operativo Sierra Madre , las protestas no se han hecho esperar. Al igual que la primera, ocurrida el 31 de octubre de 2007 en Culiacán, quienes estuvieron detrás de la marcha de noviembre, fueron Víctor Emilio Cázares y Joaquín El Chapo Guzmán, aseguran fuentes del Estado Mayor de la tercera región militar con sede en Mazatlán. El dinero para la logística y el pago estaba listo desde semanas antes de que se efectuara la marcha ya que sólo se trataba de reunir la mayor cantidad de gente, añaden.

    De acuerdo con fuentes castrenses, los habitantes fueron convocados por vecinos de sus comunidades para que se unieran y aceptaran "la ayuda" que los organizadores proporcionaron para que participaran en la marcha efectuada, de forma simultánea, en Culiacán y Mazatlán -con cerca de un millar de participantes- con el mismo objetivo: pedir el retiro de las tropas de las comunidades serranas.

    "Ya quisiera un partido político esa capacidad de movilización", declaró días después el director de gobierno del Ejecutivo estatal, Joel Hernández Niño, ya que en Culiacán las protestas, salvo las que realizan sindicatos o el magisterio, son expresiones poco vistas. Este funcionario anunció que se realizaría una investigación sobre el pago que varios pobladores aceptaron que habían recibido por unirse al contingente y viajar a la capital. Esta indagatoria, de acuerdo con las fuentes castrenses, no llegó a ningún lado pues el gobierno no inició ninguna averiguación, lo cual se corroboró en la Procuraduría estatal.

    Que acabe con el acoso militar

    -¿Quién pagó la marcha?, se le pregunta a Alejandro Caro Corona, un abogado oriundo de Badiraguato, quien se presentó como cabeza visible de uno de los grupos de manifestantes que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa contra los operativos militares realizados en la sierra.

    "El grupo que yo traje no estaba financiado, nosotros no, los de Badiraguato conseguimos camiones por nuestra cuenta, si otros grupos lo harían (recibir dinero), lo desconocemos", dice quien se presenta como profesor en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

    Caro Corona dice ser vecino del Ahuaje, una comunidad del municipio de Badiraguato -poblado al que pertenecen las comunidades donde nacieron El Chapo Guzmán, Juan José Esparragoza El Azul, Pablo Emilio Cázares y Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, entre otros capos -y donde los militares han realizado operaciones constantes desde 2004 en busca del líder del cártel de Sinaloa. Ha sido por estas incursiones que en un escrito presentado ante la Comisión de Derechos Humanos, los pobladores de esta zona de Sinaloa que colinda con Chihuahua y Durango, dijeron estar "de acuerdo que los militares suban a la sierra con el propósito de combatir el narcotráfico, lo que no estamos de acuerdo es que violando nuestras garantías individuales se realizan esculques (sic) en casas habitación sin presentar alguna orden de cateo". Dicen que hay testimonios sobre los robos que personal del Ejército ha cometido en las casas en las que se han introducido en busca de drogas y que este fue el motivo por el que alrededor de dos mil personas realizaron la primera marcha.

    Para la segunda protesta, de la que el gobierno del estado aseguró tener testimonios de gente que recibió pagos, el pliego petitorio de los quejosos -la mayoría de ellos provenientes de Mocorito, Sinaloa de Leyva, Badiraguato y Tamazula, Durango, lugares donde el despliegue de tropas se ha reforzado en el último año -señalaba la urgencia de que los militares acabaran con el acoso e intimidación a los pobladores. El escrito hacía hincapié en la necesidad de que los efectivos militares disminuyeran la demostración de fuerza cuando se hacían presentes en helicópteros artillados, carros de combate y vuelos rasantes ya que sólo generaban temor y sicosis entre niños y mujeres. Y exigían la reapertura del aeropuerto de Guamúchil, donde los servicios de aerotaxis son la única ayuda para los pobladores sierreños, debido a que los trayectos por tierra, para trasladar enfermos o surtir víveres tardan de 15 a 20 horas.

    Cuando Caro Corona escucha la pregunta de cómo fue recibido el pliego por las autoridades, se apresura a contestar que "ya le bajaron". Dice que desde la primera marcha "se logró el objetivo" que fue que el Ejército dejara de acosar a la población con el pretexto de buscar narcos. "Está todo normal, ya no recogen bienes, siguen patrullando pero hay menos acoso e intimidación".

    Manual kaibil genera alerta

    A principios de noviembre el hallazgo de un camioneta Ford Lobo abandonada a las afueras de la comunidad del Verano, perteneciente al municipio de Cosalá, en plena sierra, generó un despliegue militar pocas veces visto en esta región después de efectuado un aseguramiento. El hallazgo de cinco kilogramos de goma de opio, 200 gramos de mariguana, nueve armas largas y equipos de radio, teléfonos celulares y cargadores, lo realizaron tropas del primer batallón de fuerzas especiales que semanas atrás habían llegado desde la ciudad de México.

    En ese decomiso lo que más llamó la atención de los oficiales del GAFE que iban al mando de la operación, fue el hallazgo de un manual de adiestramiento de kaibiles, las fuerzas especiales del ejército de Guatemala, así como 78 estopines ordinarios, cinco paquetes de explosivos marca Tovex de 750 gramos cada uno y 40 metros de mecha lenta, artefactos parecidos a los empleados por el EPR (Ejército Popular Revolucionario) en sus últimos ataques perpetrados contra Pemex.

    Con este hallazgo, la sierra de Sinaloa se ha convertido en un territorio donde el Ejército ha colocado focos de alerta ante la posibilidad de que existan campos de adiestramiento con participación de ex kaibiles y haya gente a la que se adiestre en el manejo del explosivo más utilizado por la guerrilla en sus últimos ataques.

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