Fraude en Registro afectó a jubilados
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México.- La Consejería Jurídica del Distrito Federal señaló que la red de defraudadores que operaba en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio robó a numerosos adultos mayores que acudían a esas oficinas para realizar algún trámite.
El principal interés de la banda encabezada por José Guadalupe Ruiz, alias El Perro, era quedarse con las líneas de captura para hacer algún pago desde los 18 pesos hasta los 9 mil, informó Leticia Bonifaz, consejera jurídica.
La funcionaria confirmó que varios ancianos, que acudían a efectuar algún movimiento relacionado con su pensión, denunciaron el robo de los documentos usados para trámites oficiales.
Las autoridades investigan los montos y determinan si se afectaron algunos apoyos económicos vinculados a las prestaciones de ISSSTE e IMSS.
En uno de los casos, Rosa Jiménez Rosales, de 75 años de edad, intentó sin éxito en 2007 realizar tres trámites por los que pagó 42, 114 y 965 pesos.
En su declaración refiere que antes de llegar con el cajero del Registro una persona se le acercó para ofrecerle ayuda, le tomó los documentos y realizó el pago.
Ese mismo día se dirigió al Fovissste para entregar los papeles y allí le dijeron que faltaban los originales con los montos.
En sí, lo que le robaron fueron dos líneas de captura para trámitar su pensión.
El martes EL UNIVERSAL publicó que un grupo de falsos gestores, encabezados por El Perro, ofrecía pagos a mitad de precio y para ello contaban con sellos falsos de Banorte y papelería de la notaría 144.
Dentro de la investigación de carácter penal, el gobierno capitalino presentó una denuncia contra el notario 144, Alfredo Miranda Solano.
La autoridad argumentó que con el nombre y protocolo de esa oficina se ofrecían servicios notariales, se recibía dinero y se entregaban documentos que originalmente se tramitaban en una falsa notaría -que se ostentaba como la número 94- ubicada en la calle de Carlos J. Finlay número 15 de la colonia Cuauhtémoc, justo frente al Registro Público.
En las investigaciones se dio a conocer que Higinio Guerra Velarde se presentaba como titular de esa notaría pirata y, al ofrecer servicios, entregaba recibos de pago y documentos, pero con el domicilio y número de la notaría 144.
El proceso contra Miranda Solano incluye una revisión de cuentas bancarias y de recursos manejados en ese despacho.
La ley prevé sanciones de tipo penal si el notario consiente que otros se ostenten con ese cargo; además, prohíbe colocar anuncios de asesorías o trámites en oficinas de servicios y comercios que induzcan la creencia de que un notario labora ahí.
