Pactan partidos un fondo para víctimas de criminales

México, D.F..- Los senadores de PAN, PRI y PRD registran avances significativos en dos aristas del paquete de reforma de seguridad y justicia propuestas por el presidente Felipe Calderón: la creación del Fondo para reparar el daño causado por narcotraficantes, secuestradores, traficantes de personas y robacoches a sus víctimas y la preservación de la escena del crimen.

El Fondo registra consensos de todas las fuerzas políticas, pues el PRI y el PRD añadieron que ese dinero también sea utilizado para indemnizar a terceros inocentes dañados por la expropiación de bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo con información proporcionada por el grupo de legisladores que trabaja en estos temas, existe una línea de técnica jurídica que todavía atora la Ley de Extinción de Dominio: al ser dos procesos judiciales autónomos, se corre el riesgo de que al confiscarse una casa por ser producto del narcotráfico, se caiga en contradicción jurídica si el proceso contra el supuesto narcotraficante dueño del inmueble es absuelto por otro juez; es decir, el dueño sería inocente y sus bienes serían culpables.

La información obtenida muestra que los legisladores centran su atención en una redacción que evite lesionar los derechos de los terceros inocentes y en el momento en que habrá de proceder el recurso de amparo.

La segunda arista con avances importantes está incluida en la llamada miscelánea penal, donde los tres partidos han dado su aval para la preservación de la escena del crimen, con la aplicación de sanciones severas a los policías, servidores públicos y ciudadanos que alteren la escena al pisarla, tocarla, echar ceniza de cigarro o realizar cualquier acción que impida la investigación de los peritos criminólogos.

Fueron dos hechos los que motivaron a los senadores de las principales fuerzas políticas a acelerar el consenso en materia de la escena del crimen: las explosiones en Morelia del 15 de septiembre y la caída del avión donde murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

En ambos casos fue evidente que tanto policías, como ciudadanos comunes ingresaron sin ningún control a la escena del crimen, con lo cual la alteraron y en ambos casos fue evidente que la investigación de los peritos resulta fundamental para esclarecer los hechos.

La diferencia en torno de esta discusión se centra en los años de cárcel y los sujetos de sanción.

La propuesta presidencial es que se castigue hasta con 12 años de prisión a los policías, peritos y funcionarios que alteren o permitan la alteración de la escena del crimen, pero los legisladores de oposición tienen dudas al respecto.

En cuanto al Fondo, los senadores del PRI y el PRD no le observan mayor problema, porque están de acuerdo en que el producto económico de la venta de los inmuebles confiscados al crimen organizado, así como el dinero en efectivo que se les encuentre debe destinarse para la reparación del daño de las víctimas, sobre todo en casos como el secuestro, la trata de personas y el robo de automóviles.

La propuesta que analizan los senadores, contenida en la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, precisa que la Procuraduría General de la República (PGR) "constituirá un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, con el objeto de que sean administrados hasta que se destinen a la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los hechos ilícitos por los que se siguió la acción de extinción de dominio.

"(.) La administración y destino de los recursos del Fondo, así como las medidas conducentes a efecto de transparentar y rendir cuentas de ello se realizará conforme a esta Ley y el Reglamento. Las solicitudes para acceder a los recursos del fondo a que se refiere el artículo anterior serán procedentes siempre que la víctima u ofendido cuente con sentencia ejecutoriada en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar; o bien que presente la resolución favorable del incidente.

"Que la víctima u ofendido no haya alcanzado el pago de los daños que se le causaron (...) que la víctima u ofendido no haya recibido atención o reparación del daño por cualquier otra vía, y existan recursos disponibles en el fondo", se precisa.