Acusan Comités de Cuenca del Río Sonora y académicos que Grupo México opera una captura corporativa del Estado

CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo a una nota publicada en La Jornada, desde hace 24 años, Grupo México opera en el país una captura corporativa del Estado con el fin de continuar con total impunidad e incrementar su fortuna en más de un 900 por ciento, al pasar de 7 mil a 28 mdd en ese tiempo, provocando destrucción, contaminación, enfermedad y muertes

Esta captura corporativa, precisa Martha Patricia Velarde, integrante de los comités, la lleva acabo patrocinando campañas políticas, así como por medio de la contratación de ex funcionarios a través de la “puerta giratoria” y procesos judiciales que los abogados de la empresa encarrilan con el objetivo de que terminen siendo sanciones administrativas.

TE PUEDE INTERESAR: No habrá ‘carpetazo’ en caso Río Sonora, insiste AMLO

Estas son algunas acciones, prosigue Velarde, que la empresa que preside Germán Larrea realiza con el fin de no reparar los daños de manera integral a las comunidades y trabajadores que han sido afectados.

En este sentido, en el caso del río Sonora, tras el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México provocaron que la economía de la región quedara dañada y además originó severas afectaciones a la salud de las personas, que derivaron tan solo en sanciones, apuntó Velarde.

Durante el conversatorio Impunidad Corporativa Trasnacional, convocado por la asociación civil Poder, que asesora legalmente a personas que sufren daños a su salud, Velarde quien es una habitante del municipio de Baviácora que resultó afectada expresó que la empresa minera emplea el “lobby legislativo” con el propósito de lograr influir en la manera en que son redactadas las leyes para que de esta forma existan vacíos legales que el el consorcio hace uso a su favor, con lo que se crean las autorregulaciones con el objetivo de incumplir sus responsabilidades.

Velarde da como ejemplo de esta situación, la denuncia penal que fue interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de la empresa que preside Larrea Mota Velasco que, sin embargo, en confabulación con el gobierno de Enrique Peña Nieto se decidió conducir este proceso hacia un área administrativa con el fin de llegar a un arreglo, como el Fideicomiso río Sonora, cuyos recursos valorados en 2 mil millones de pesos no fueron suficientes para reparar el daño ocasionado a las ocho comunidades.

Raúl Ornelas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explica a la Jornada que como este caso de destrucción del ambiente, Grupo México también vertió tóxicos al río Bolaños en Jalisco, en 2010; en el río Santa Cruz en Nogales, Sonora, en 2014, y cinco años después en Sombrerete, Zacatecas, además en el Mar de Cortés.

Por lo que Ornelas considera a la trasnacional no solo “como una empresa responsable de estas acciones, sino también como una compañía criminal, cuyo poder económico no sólo radica en la minería, sino en un imperio industrial que se ha diversificado en los ferrocarriles, la infraestructura y el entretenimiento”.

Así mismo, apunta La Jornada, las afectaciones en las empresas de Grupo México se “extienden a las personas que emplea”, tas es el caso de las huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco, que llevadas acabo en 2007 en respuesta a la falta de seguridad, así como la explosión en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila en la que perdieron la vida 63 mineros en 2006.

Por último, Cristina Auerbach, quien es la directora de la organización Familia Pasta de Conchos, detalló que en las minas de carbón que son propiedad de Grupo México tienen documentadas 588 fallecimientos de mineros y en ningún caso, afirmó Auerbach, se impuesto una sanción a la empresa.

Con información de La Jornada.