Caso Ayotzinapa cumple cuatro años, 129 detenidos, ni una sentencia, ni explicación
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La PGR ha tenido tres titulares y un encargado, sin resultados; experto vincula a ex director de la normal con Los Rojos
A cuatro años de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, se ha detenido a 129 presuntos implicados, de ellos ninguno ha sido sentenciado; además, en este sexenio se ha caracterizado por ser una de las investigaciones más costosas en materia de seguridad, pues se han erogado para el tema alrededor de 112 millones pesos.
Además, tres titulares y un encargado de despacho han pasado por la Procuraduría General de la República (PGR) sin que el caso haya sido resuelto a plena satisfacción de los padres de los estudiantes: Jesús Murillo Karam (2012-2015), quien renunció poco después de afirmar que los estudiantes fueron asesinados e incinerados (la “verdad histórica); Arely Gómez González (2015-2016) y Raúl Cervantes Andrade (2016-2017); además del actual encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán.
De acuerdo con información pública, el Gobierno federal erogó dos millones de dólares (aproximadamente representan 33 millones 930 mil pesos al tipo de cambio de ese entonces) a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La primera parte fue en 2015 y la segunda en 2016.
También la Universidad de Innsbruck, en Austria, recibió 16 mil 830 euros (cerca de 336 mil pesos en 2015) para el análisis e identificación de muestras, con el objetivo de identificar el ADN de los normalistas en restos encontrados en un río; por su parte, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación gastó 77 millones de pesos en servicios de tecnología, salarios y viáticos, entre otros.
Además se paga aproximadamente 300 pesos al día por un procesado para contar con luz, agua, alimentación, gas, manifestaron fuentes consultadas, por lo que un interno detenido por cuatro años oscilaría en promedio 438 mil pesos; y actualmente hay 129 detenidos.
El abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales, destacó en una entrevista con 24 HORAS que hay un estancamiento en el caso desde 2017, y aunque el GIEI dejó varias líneas a investigar, resaltó que no hubo voluntad política del Gobierno para avanzar en esa indagatoria.
“Es menester volver a reorientar las investigaciones; corresponderá al nuevo Gobierno electo poder darle curso”, expresó Rosales en una entrevista con 24 HORAS.
Indicó que, en el caso de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, la Rana, vinculado por las autoridades a la desparición, su descripción no corresponde a la de uno de los autores materiales, pero aún así lleva más de 170 días en el Cefereso 14, en Durango.
En tanto, el politólogo rick Uriel Sandoval Rodríguez, afirmó que el ex director de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, era amigo de Santiago Mazari Hernández, alias el Carrete, líder del grupo criminal de Los Rojos, y permitió que la escuela se convirtiera en un centro de narcomenudeo.
“No era la primera vez que prestaba a los estudiantes para que, junto con sicarios, fueran en camiones para armar desmanes en los pueblos que querían enfrentar a los grupos rivales, es decir, a los Guerreros Unidos; entonces lo de Iguala fue una operación de Los Rojos en colusión con el ex director, que por cierto ninguno de los dos están presos”, expresó el investigador del Tecnológico de Monterrey.
Destacó que “José Luis Abarca (ex alcalde de Iguala, actualmente preso) y su esposa María de los Ángeles Pineda operaban para los Guerreros, entonces algunos (normalistas) salen heridos; otras personas no tenían vela en el entierro, como el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, y a otros (normalistas) los queman en el basurero de Cocula. Entonces sale la habilidad de la propaganda contra (el presidente Enrique) Peña, dicen que es un crimen de Estado”.
Entre los normalistas desaparecidos del 26 y 27 de septiembre de 2014, trascendió que supuestamente había un militar infiltrado que era estudiante, pero Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, rechazó el señalamiento, pues afirmó que dejó el Ejército en 2013, cuando sufrió una lesión al caer de un puente durante el paso de los huracanes Manuel e Ingrid.
Por otra parte, el Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, que se dio a conocer el 15 de marzo de 2018 por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), indica que 34 personas fueron torturadas (con golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos e intentos de asfixia), para obtener confesiones que los involucrara con el caso.
