Conagua finaliza sexenio con caída en su presupuesto

La actual administración federal cierra con una drástica caída presupuestal en la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Tan sólo los recursos destinados al líquido potable bajaron casi 60 por ciento; no se concretó el derecho humano al recurso estipulado en la Constitución –la Ley General de Aguas para garantizarlo no se ha emitido–, y se mantiene la sombra de la privatización que apareció a partir de los decretos de reservas de agua de junio.

Para 2018 el presupuesto de alrededor de 26 mil millones de pesos fue casi el mismo, en términos nominales, que el de 2017, y 38 por ciento menos respecto de 2016.

Además, se destinó 36 por ciento de ese monto a tres megaproyectos: el Túnel Emisor Oriente (TEO), con 5 mil millones de pesos; obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, 3 mil 200 millones, y la presa El Zapotillo, mil 500 millones de pesos.

El Programa de agua potable, drenaje y tratamiento a partir de 2016, integró a los proyectos Agua Limpia y Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales, con lo que se mezclaron zonas rurales, urbanas y las acciones de desinfección del líquido, señaló el Coneva en la ficha de supervisión 2017

Hubo un recorte drástico a los programas que implican un beneficio directo a las comunidades, municipios y entidades federativas.

El Proagua, desde 2017 el único programa federal de infraestructura para la dotación de líquido, drenaje y saneamiento, perdió alrededor de 9 mil millones de presupuesto, una reducción nominal de 72.5, recordó Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario y consultor.

Con los decretos de levantamiento de veda del 6 de junio se puso a disposición de las grandes empresas petroleras, energéticas y mineras el líquido de los ríos, y para agilizar las concesiones se públicó el decreto del primero de octubre de 2018, cuya entrada en vigor se aplazó seis meses. Se trata de una manera de privatizar a punta de decretos. En favor de las actividades más expoliadoras del ambiente y del agua , agregó.

Además, el gobierno federal presume haber rebasado la meta del Plan Nacional de Desarrollo de cobertura de agua potable, con 94 por ciento, lo cual es tramposo, pues la instalación de alguna forma de infraestructura no implica el acceso al líquido en términos de lo que estipulan los parámetros internacionales del derecho humano; de hecho, en México 42 por ciento de la población tiene acceso continuo.

El actual gobierno federal recibió al sector con la reforma constitucional que incorporó el derecho humano al acceso al recurso y al saneamiento, la cual debía reglamentarse con la Ley General de Aguas, sin que ésta se haya concretado.

El relator de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y el saneamiento, en su informe final, luego de su visita al país a la mitad del sexenio, planteó que ha llegado la hora de cumplir la promesa de la Constitución y transformar esas obligaciones en el goce efectivo de esos derechos por toda la población mexicana.

También consideró que el marco de los derechos humanos al agua y el saneamiento requiere que las necesidades más básicas para usos personales y domésticos se reconozcan y se consideren prioritarias en todas las partes del país. La población pobre y marginada debe recibir la máxima prioridad.

Otro pendiente del gobierno federal es que recibió el TEO, una obra multianual sin concluir, que comenzó a construirse en 2009, con un costo total aprobado de 9 mil 555 millones, con asignación directa a los constructores y el cuál no pudo terminarse para 2012 como se tenía previsto. Lleva seis años de retraso, señaló Montoya.