Cruzada contra el Hambre es una estrategia asistencialista y no una política social: Estudio del Senado

El presidente Enrique Peña Nieto (EPN) prometió disminuir la pobreza y mejorar la educación como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; sin embargo, no hay manera de verificar los avances de dichas estrategias porque carecen de parámetros cuantitativos, concluye un estudio realizado por el sistema de indicadores para el seguimiento de políticas del desarrollo del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.

El estudio partió de los programas sociales aplicados durante 2014 y que fueron entregados por el Gobierno Federal en el “Informe de Ejecución”. En éstos se analizaron que los indicadores planteados para la evaluación efectivamente sirvieran para verificar el cumpliendo de las metas.

Aunque el informe del Gobierno Federal explica un supuesto progreso, se trata sólo de “una larga enumeración –sin jerarquía alguna– de acciones gubernamentales, lo que limita su utilidad como instrumento para dar seguimiento y evaluar los avances”, establece el análisis del Senado.

Política asistencial

El estudio elaborado por los investigadores del Instituto Belisario Domínguez evidencia que el combate a la pobreza en este sexenio –centrada en la Cruzada contra el Hambre– es una estrategia asistencialista y no una política social de “nueva generación”, como prometió la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

El la meta “México incluyente”, del Programa Nacional de Desarrollo, se tome como indicador de avance, el número total y porcentaje de la población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación.

El informe sólo reporta avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como “las acciones realizadas para precisar el universo de atención” (5.01 millones de personas) y las emprendidas para los programas que se incluyen en tal estrategia (comedores comunitarios; sistema DIF; tarjeta de apoyo alimentario SINHAMBRE; asistencia alimentaria a familias en desamparo; asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, entre otros).

“La larga enumeración de acciones no permite conocer los beneficios específicos –cantidad, frecuencia y calidad (de los alimentos)– que ha recibido la población objetivo”. En todo caso, dice el informe del Senado, “sólo se da cuenta de la contención de la pobreza extrema como resultado, básicamente, de una política de corte asistencial”.

Los investigadores advierten que se tratan de “acciones remediales”, pero para conseguir mayor impacto en el combate a la pobreza, la población objetivo debería ser incorporada a actividades productivas o al mercado laboral formal, “lo que aumentaría sus posibilidades de ejercicio pleno de los derechos sociales”.

Una de las razones por las que no se puede medir el avance es la diferencia de datos. En el documento “Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019” se reporta que la población en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación en 2010 era de aproximadamente 7.4 millones.

En cambio, en las bases de datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ascendía a 8.9 millones de personas en 2010.  Estas cifras difieren también de las reportadas en el informe de ejecución del Ejecutivo que establece que en 2008 había 6.6 millones de personas en pobreza extrema, para 2010 aumentó a 7.8 millones y para 2012 disminuyó a 7 millones.

¿Qué es la “calidad” educativa?  

Aunque el discurso del presidente Enrique Peña Nieto se ha centrado en la “calidad educativa”, ni siquiera existe una definición de ese concepto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por tanto, la carencia de “definiciones sustanciales”, es una “limitación clave para el seguimiento y valoración de las acciones asociadas a la meta México con Educación de Calidad”, concluye el estudio coordinado por los investigadores Jesuswaldo Martínez y Alberto Galindo.

El Gobierno Federal sólo “reseña actividades” derivadas de la reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución (la Reforma educativa), como la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, los concursos de ingreso al servicio profesional docente o el financiamiento en becas y mobiliario.

“Este conjunto de acciones son solamente el soporte institucional y normativo que permitirá valorar la eficacia de la estrategia central de la reforma”. En cambio, “se reportan avances mínimos, preparatorios”, sobre la práctica educativa: la elaboración de nuevos planes y programas de estudio, la formación inicial y continua del personal docente y el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo.

Otro dificultad para medir los supuestos avances, es que se canceló la prueba ENLACE, para estudiantes de primaria y secundaria, con lo que se midió el nivel de logro educativo en español y matemáticas desde 2006 hasta 2013.

Ejercicio inédito, pero mal hecho

Esta es la primera vez en la historia del país que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 incluye indicadores específicos para cada uno de los ejes o metas nacionales ahí definidos, pero lo hacen de manera “arbitraria y poco acertada”.

El artículo 6 de la Ley General de Planeación, obliga al Ejecutivo a entregar un informe ante el Congreso sobre “las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales”.

El documento entregado en abril pasado, se reportan “acciones de gestión, como las de financiamiento público o los cambios legales y no de resultados”; por lo que “reducen la utilidad del informe de ejecución como un instrumento de seguimiento y de rendición de cuentas”.

En el Plan Nacional de Desarrollo se explica que la tarea de establecer las metas numéricas se deja a las dependencias, pero “es conveniente que desde la elaboración del mismo PND se especifiquen estas referencias de desempeño”, revela el informe del Senado.