Diputado del PRI propone nueva Ley que privatiza a perpetuidad el agua; alertan sobre los riesgos

En 2015 apareció la Ley Korenfeld, redactada entonces por el polémico titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, quien renunció el 9 de abril de 2015, luego del escándalo que provocó el uso de un helicóptero oficial para fines personales. Esa fue la Ley General de Aguas que presentó la administración federal de Enrique Peña Nieto y que, desde entonces, fue congelada.

En cuanto se hizo público, el contenido de la legislación generó protestas de ciudadanos, sociedad civil y académicos quienes argumentaron que violaba los derechos humanos, era privatizadora y no garantizaba la accesibilidad del líquido particularmente para la gente de escasos recursos.

En 2018, en el último año de este Gobierno federal reaparece, pero ahora bajo el pseudónimo de Ley Pichardo, que el borrador fue presentado por José Ignacio Pichardo Lechuga, Diputado federal del PRI por el Estado de México, la entidad de donde es originario el Presidente Peña Nieto.

La similitud que guarda el nuevo documento con el anterior es notable, salvo algunas diferencias que la hacen aún más riesgosa, de acuerdo con académicos y especialistas consultados por SinEmbargo.

Uno de esos riesgos es el propio Congreso y el ejemplo más cercano es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, coinciden los expertos. El temor es que el borrador se convierta rápidamente en una iniciativa que puede ser aprobada gracias a la mayoría que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a pesar del malestar que genere en la población, explican.

Así sucedió con la Ley de Seguridad Interior, y así puede pasar con la Ley General de Aguas, alerta.

José Ignacio Pichardo, priista mexiquense, es hijo de José Ignacio Pichardo Pagaza, quien fue Gobernador del Estado de México del 11 de septiembre de 1989 al 15 de septiembre de 1993, además de titular de la Secretaría de Energía en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

José Ignacio junior preside la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, que está integrada por 10 priistas, seis panistas, tres perredistas, tres legisladores del Partido Verde, uno de Nueva alianza, uno de Movimiento Ciudadano y uno de Morena.

El documento –que consta de seis capítulos– puede convertirse en por lo menos dos semanas en una iniciativa que pueda ser llevada a Pleno, se turne a dictamen y pueda ser aprobada, incluso en fast track.

Reformar el sistema de aguas del país es la “joya de la corona” de la Reforma Energética de Peña Nieto, y en específico para actividades como la explotación de hidrocarburos con la técnica del fracking, que demanda una gran cantidad del vital líquido para realizarse, advierten los analistas.

COPY PASTE DE LA LEY KORENFELD

La Ley guarda problemas desde su “elaboración”. Miguel Ángel Montoya, consultor en Gestión Integral del Agua, expone que hubo un proceso de simulación cuando se dijo que cualquier organismo podía hacer observaciones al documento, que habría interacción con la ciudadanía y que las observaciones hechas se tomarían en cuenta.

“Pero es falso. Antes de que se presentara como borrador, hubo una primera etapa en la cual fueron convocados de manera “plural” diversas organizaciones empresariales, grupos de interés, varias industrias, organizaciones civiles y académicos. Ninguno de los puntos de vista fue tomado en cuenta. Fue un proceso de simulación. La Ley Korenfeld es la base de este borrador completo y hay coincidencias en los artículos más graves. Pero si se compara con la iniciativa Agua para Todos, que es la iniciativa ciudadana, no hay ninguna”, comenta.

El documento es público y en teoría está abierto a la discusión en línea. De acuerdo con Montoya sí convocaron, sí hubo participación pero no de manera proporcional. Por ejemplo, las inquietudes de la Cámara Nacional de la Industria Minera sí están plasmadas en el borrador. Lo mismo ocurrió con las refresqueras y la industria del acero.

Del otro lado, estuvo la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el Instituto de Geografía de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero Montoya califica eso como “una pasarela sin sentido”, porque en el borrador no hay ninguna de sus propuestas.

“La simulación ha sido para presentar un documento que es muy parecido a la Ley Korenfeld. Cambiaron algunas formas para que no fuera un copy paste vulgar, pero el sentido es el mismo y la finalidad también”, sostuvo.

Aniza Mexia Moreno, colaboradora del Programa de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana, observa en este proceso una división muy marcada entre lo que la ciudadanía quiere y lo que se está discutiendo, pero prevé que sí se va a presentar oposición por algunos diputados que presentarán una ley ciudadana.

En un comunicado de prensa, la Universidad Iberoamericana, enfatizó en la característica del Gobierno federal de aprobar reformas estructurales que han generado descontento.

Ambos consideraron que es una realidad que el actual sistema de aguas necesita reformarse, ya que ha traído sobrexplotación, contaminación y concentración.

Para Montoya, la causa por la que el gobierno insiste en esta ley, cobra sentido con la Reforma Energética. Así se convierte en el “eslabón que faltaba”.

“Detrás hay un proceso intrincado de simulación. Es producto del trabajo de dos años de la Comisión de Agua Potable que preside el Diputado Pichardo del PRI y miembro del Grupo Atlacomulco. En efecto: sí han escuchado, sí han convocado a actores, pero en realidad lo que hicieron fue un borrador que no es más que la Ley Korenfeld revolcada cual gato. Es el mismo producto y la misma intención”, agregó.

LO SOBRESALIENTE DE LA LEY

Miguel Ángel Montoya compartió los puntos más importantes del borrador.

Explicó de manera detallada durante la entrevista la ley actual y como cambia… o no. De acuerdo con su lectura, la crisis de este modelo radica en el esquema de concesiones.

En la actualidad se pueden dar concesiones de hasta 30 años con derecho a prórroga y los particulares no son afectados en sus volúmenes en los años en que tienen esa concesión, a pesar de que en ocasiones no haya disponibilidad de agua.

Se permite transferir una concesión de un particular a otro, simplemente con un contrato que avale Conagua. No importa que no haya disponibilidad de agua o que el uso sea distinto. De manera muy laxa se puede cambiar el uso por el cual se otorgó la concesión y se puede transferir.

Está el caso de contaminación de río Sonora por Grupo México, lo que perjudicó a miles de habitantes y productores de cárnicos y lácteos. A pesar de que contaminó, nunca se le quitó su título de concesión a la minera Cananea. Eso es un reflejo de cómo opera el sistema concesionario.

“Eso debió haber sido transformado en una nueva Ley, en una nueva propuesta, pero resulta que no solo lo dejaron así, lo cual es gravísimo. Qué sentido tiene una reforma si no transformas lo que hay. Lejos de no modificarlo, lo hicieron más laxo. Ahora cualquier concesionaria que tiene todas estas garantías y estas facilidades para cambiar de título, para transferirlo, para que no sea cancelado bajo condiciones de escasa disponibilidad o de contaminación. Nadie tendrá la molestia de refrendar su título de concesión, de hacer el trámite burocrático”, comentó.

Las concesiones sólo se entregarán a perpetuidad, cuando lo ideal, advirtió el consultor, sería hacer las concesiones cada tres o cuatro años, bajo disponibilidad e incentivar el rehusó y el tratamiento del agua, y si una industria lo está haciendo que sí se le renueve el permiso.

Se conserva el mismo modelo y ahora las empresas se ahorran los trámites. Eso generará una enorme concentración y además, es un modelo.

También invectiva el modelo de trasvase, el cual tiene una enorme gravedad. En el mundo son cuestionados porque generan impacto ambiental tanto en la cuenca importadora como en la cuenca exportadora.

Ahora no sólo se concesionará la infraestructura, pues el esquema que promueve la Ley Pichardo –y que ya contemplaba la Ley Korenfeld– es ya no sólo construir y operar la infraestructura, sino toda el agua que tiene ese trasvase será de los particulares, se les concesionará a perpetuidad.

Esto implica que prácticamente todas las aguas superficiales, los ríos del país, van a ser privatizados. “Eso es privatización extrema”, denunció.

Aunque es un tema polémico, el fracking, es el menor de los problemas en este modelo; trae contaminación de acuíferos y deja a esa agua inservible para el riego y el consumo humano, lo que abre la puerta a empresas como Abengoa y como Grupo Higa para que venden el agua a los organismos operadores o a los usuarios de riego.

“Los efectos son graves porque desde luego se incrementan tarifas, se hacen cortes discrecionales, los subsidios beneficiarán a los privados. Con la Ley Pichardo estamos ante un proceso de privatización en extremo, donde un puñado de empresas, los cuates del Presidente, los más cercanos, serán los beneficiados”, concluyó Montoya.