Entre 2013 y 2015, un feminicidio cada 24 horas en el país

Los ministerios públicos de procuradurías y fiscalías de 25 entidades abrieron mil 390 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el feminicidio de niñas, jóvenes o mujeres adultas en el país, entre los años 2013 y 2015. Los asesinatos de odio cometidos durante este periodo equivalen a un feminicidio cada 24 horas.

Un reporte del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) indica que los homicidios de género en contra de mujeres fueron registrados en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de los años correspondientes, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos registrados por los gobiernos estatales, en 2013 se abrieron 313 averiguaciones previas o carpetas de investigación por feminicidios; 2014, 322, y en 2015, 755. La cifra registrada durante 2015 representa un incremento de 122%, si se compara con el año anterior.

La información de Inmujeres indica que 29% de los crímenes durante este periodo se cometió en Morelos, donde se abrieron 415 expedientes. Le siguen la Ciudad de México, 129; Chiapas, 128; Estado de México, 107; Jalisco, 95, y Veracruz, 94.

Otros estados en los que se iniciaron carpetas de investigación por asesinatos de odio son: Oaxaca, 84; Guanajuato, 56; Sinaloa y Sonora, 47 por cada entidad; Tabasco, 32; Campeche, 23; Querétaro, 17; mientras que en San Luis Potosí, 15 casos.

OMITEN PROTOCOLOS

Los datos del Instituto Nacional de Mujeres indican que algunas entidades federativas no reportaron feminicidios o, incluso, omitieron proporcionar la información al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre los años 2013 y 2015.

La base de datos consultada por Excélsior muestra que siete entidades, a excepción de Chihuahua, la cual no tiene tipificado el delito de feminicidio en su Código Penal, no registraron ningún asesinato de género en contra de mujeres entre los años 2013 y 2015.

Tal es el caso de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, donde a pesar de que organizaciones de la sociedad civil y la prensa local han reportado y documentado los feminicidios, en las fiscalías y procuradurías no existe ningún registro.

Además de la falta de carpetas de investigación por feminicidio, otras entidades, entre ellas el Estado de México, Veracruz, Colima, Jalisco y Oaxaca, omitieron presentar información al Inegi en algunos años, por lo que las cifras pueden ser mayores.

Especialistas en el tema y organizaciones internacionales explicaron que la inadecuada investigación de las autoridades en los homicidios no permite dimensionar la realidad del país, al no existir registros exactos de los crímenes cometidos en las 32 entidades federativas.

"Los registros oficiales no reflejan, en absoluto, la realidad de los feminicidios. Un ejemplo es el caso de Leslie, la joven encontrada sin vida en un campus de la UNAM. No se investigó como una muerte violenta, por lo que la Procuraduría dijo que fue un suicidio. Las autoridades están obligadas a investigar todas las muertes violentas como feminicidio, y a partir de ello, comprobarlo o descartarlo”, comentó Lucía Núñez, doctora en Ciencias Sociales y colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Una de las peticiones que la sociedad civil ha impulsado es que las procuradurías investiguen los casos, como feminicidios, no como homicidios. El año pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un estudio de feminicidios en América Latina, el cual menciona que México no tiene cifras, porque cada entidad tiene una tipificación distinta, y en segundo lugar, no se están investigando casos, lo que impide tener una visión clara”, comentó Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional.

El informe de la Cepal, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona que en México “31 códigos penales de las entidades federativas (CPEF) del país, con excepción de Chihuahua, han tipificado el delito de feminicidio. No obstante, las definiciones no son homogéneas; en este sentido existen desafíos para analizar directamente los feminicidios a nivel local”.

La falta de aplicación de los protocolos por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia continúa a pesar de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por la falta de investigación y omisiones por la desaparición, maltrato y homicidio en Ciudad Juárez de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.

En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades investigar el homicidio de Mariana Lima como feminicidio. El fallo de la Primera Sala menciona que es obligación de las áreas de investigación realizar una indagación, con perspectiva de género y sin discriminación, de todas las muertes de mujeres hasta establecer si se trata o no de un feminicidio.

"Tenemos casos como el de Mariana Lima, en el que las autoridades argumentaron un suicidio, a pesar de que tenía cuestiones de que se podía evaluar como feminicidio, de ahí que el caso llegara a la Suprema Corte y determinara que todas las muertes violentas de mujeres deben de investigarse como feminicidio para ir descartando que fue así”, explicó Tamara Medina.

Ambas especialistas comentaron que la falta de registros sobre los feminicidios impide aplicar políticas públicas para prevenir y evitar más asesinatos de odio.

"Al no conocer el fenómeno de feminicidio en el país no se pueden realizar investigaciones y aplicar políticas públicas para prevenirlo. No se pueden hacer programas porque las estadísticas que las autoridades proporcionan no son exactas. Hace unos años se pedía que existiera el tipo penal de feminicidio para hacer políticas públicas, sin embargo, las autoridades no lo investigan correctamente, no entienden lo que es un feminicidio”, dijo Lucía Núñez.

"El hecho de que no se documenten adecuadamente los feminicidios impide su prevención, además de que prevalece una violencia estructural e institucional de minimizar la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujer”, explicó Tamara Medina.