Extesorero de Veracruz reconoció que con Duarte fueron desviados 315 mdp de recursos federales

Veracruz.- Antonio Tarek Abdalá Saad, uno de los extesoreros del gobierno de Javier Duarte y actual diputado federal por el PRI, reconoció que más de 300  millones de pesos de un subsidio federal de salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal, pero sostuvo que  solo cumplía con una política de gasto establecida así por el gobierno veracruzano.

El expediente de la investigación que derivó en una inhabilitación, por 10 años, para ejercer cargos públicos impuesta por la Contraloría de Veracruz a Tarek Abdalá, al que Animal Político tuvo acceso, establece que la actuación del hoy diputado fue considerada de “gravedad”, por lo que se le impuso la máxima sanción administrativa.

El documento de resolución, de 45 páginas, también establece que Tarek Abdalá fue “omiso” en el desempeño de las obligaciones que conllevaba su cargo, entre las que figuraban custodiar la integridad de los recursos públicos lo que incluyen los objetivos para lo que fueron etiquetados.

La investigación se dio como resultado de la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ante la Contraloría estatal, derivado de la desaparición de 315 millones 627 mil 148 pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entregado a la administración de Duarte en 2013.

La sanción recayó en Tarek Abdalá Saad porque se desempeñaba como Tesorero de la Secretaría de Finanzas en ese periodo. Estos 315 millones desviados del FASSA son solo una denuncia de múltiples que ha interpuesto la Auditoría por el desvío de más de 60 mil millones de pesos.

“Era la política estatal”

Tarek Abdalá compareció por escrito, el pasado 11 de febrero, en una audiencia a la que lo citó la Contraloría General de Veracruz como parte del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra. Esto con el fin de que explicara porque no transfirió a los Servicios de Salud de Veracruz la totalidad de las partidas federales destinadas a ellos.

En su escrito, el diputado niega “lisa y llanamente” haber incurrido en una falta de control de los recursos del referido subsidio federal, pero reconoce luego que estos se habrían utilizado con otras finalidades, ya que supuestamente se había reducido la cantidad de dinero que tenían disponible sin etiquetar.

“Mi actuar atendió a la observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en materia de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones federales del Estado”, refiere en su escrito.

La prioridad era la operación del gobierno del estado sobretodo en el tema de “pagos de salarios a maestros, policías y en general a todos los empleados del Gobierno del Estado”, respondió. A ello se suman pagos que se hicieron para cumplir con las prestaciones sociales a los empleados públicos estatales activos y jubilados.

Incluso, el extesorero de Duarte justificó el supuesto uso del dinero para atender los problemas de seguridad en el estado como la sociedad lo exigía.

“La prioridad de canalizar fondos para cubrir la creciente demanda social en materia de seguridad pública. Todo ello necesidades prioritarias de la Administración Pública, logrando así satisfacer las actividades sustantivas y mantener el equilibrio dinámico de la gobernabilidad y la viabilidad a las finanzas públicas estatales”, justificó Tarek.

Omisiones graves

El dictamen de la Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría concluye que los argumentos expuestos por el extesorero del gobierno de Veracruz no desacreditan las responsabilidades que se le imputan, y por el contrario confirman que no cumplió con su deber de custodiar la integridad de los recursos del erario público.

Aunado a ello, los contralores destacaron que Tarek Abdalá no entregó  pruebas documentales más allá de sus dichos, que pudieran desvirtuar las irregularidades que se cometieron con el manejo de más de 300 millones de pesos.

“La responsabilidad administrativa omisiva consiste en la inobservancia de una acción fijada que el servidor tenía la obligación de efectuar y además podía hacer (…) lo esencia en esta responsabilidad es el incumplimiento de un deber”, concluye en ese tema el dictamen de resolución.

La Contraloría considera que los hechos investigados son de “gravedad” derivado del monto de la afectación que sufrieron los recursos federales que se debieron destinar a los Servicios de Salud de Veracruz, motivo por el cual se le impuso la sanción administrativa más alta que permite la ley, y que es una “inhabilitación temporal de diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones” en el servicio público estatal.

El expediente aclara que  la investigación no profundizó en la verificación del destino de los recursos federales, más allá de los dichos hechos por el servidor público sancionado, sin embargo se resalta que el caso amerita la interposición de las denuncias penales correspondientes para que se realicen las indagatorias que correspondan.

La notificación de esta resolución se le comunicó al exfuncionario de Duarte desde el pasado 27 de septiembre, a través del oficio CG/DGIyESP/2062/2016, de acuerdo con los documentos que forman parte del expediente de la investigación.

Antonio Tarek Abdalá Saad se desempeñó como tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz hasta el 1 de diciembre de 2014, luego de que renunciara al cargo para postularse como candidato a diputado federal por el PRI. A la postre ganó la elección.

Actualmente Abdalá cuenta con el fuero federal lo que impide que pudiera ser detenido por una acusación penal, a menos de que hubiera un juicio de procedencia previo en el Congreso. Tarek forma parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, entre otras.

¿Y los demás?

Este proceso de sanción en contra de Tarek Abdalá fue resultado de la investigación que realizó la Contraloría de Veracruz, luego de las irregularidades que reportó la ASF en la auditoría 799 practicada con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013.

Pero el monto de daño patrimonial reportado en dicha auditoría (315 millones de pesos) representa una fracción de los más de 60 mil millones de pesos de partidas federales que la Auditoría ya ha reportado e incluso denunciado penalmente, cometidos entre 2010 y 2014 durante la administración del hoy gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.

Por lo menos seis funcionarios distintos se han desempeñado como secretarios de finanzas durante el actual gobierno estatal de Veracruz.

El último de ellos es Antonio López Pelegrín, quien reconoció públicamente, el pasado 30 de octubre, que los recursos de subsidios federales (incluidos los destinados a municipios) se usaron para el pago de salarios y otras “prioridades” del gobierno estatal y no para los fines originalmente  etiquetados.

Se trata exactamente de los mismos hechos por los cuales fue inhabilitado y denunciado penalmente Antonio Tarek Abdalá Saad.

Uno de los funcionarios que también se desempeñó como tesorero de Veracruz fue Vicente Benítez González, quien es investigado por el posible desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma. El sábado pasado, y tras tramitar una demanda de amparo contra una posible detención, Benítez rindió protesta como diputado local.