Investigan omisiones en abatimiento de ‘El Comandante Toro’
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La investigación fue abierta tras ser detectados mediante el sistema de videovigilancia urbana que servidores públicos no actuaron en apoyo de los elementos de la Marina.
La falta de actuación por parte de servidores públicos estatales y municipales en Reynosa, Tamaulipas, el pasado sábado 22 de abril, cuando fue abatido “El Comandante Toro” por Fuerzas Federales, detonó la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, esto a petición del Sistema Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública (SESP).
El procurador General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica confirmó que, están dentro de esta indagatoria, elementos de:
-Policía Estatal
-Tránsito
-Protección Civil
-Policía Investigadora
-Policía Ministerial.
Explicó que, la investigación fue abierta tras ser detectados mediante el sistema de videovigilancia urbana que no actuaron en apoyo de los elementos de la Marina.
Dio a conocer que el SESP es el responsable del C-4, quien monitorea y da seguimiento a las acciones que se registran en las ciudades como Reynosa, y tras hacer una evaluación de los hechos registrados en esa localidad fronteriza encontrar actos posiblemente constitutivos de delitos.
Luego que se diera a conocer de al menos 32 bloqueos durante la refriega en la que fue abatido el líder del grupo delictivo, así como incendios de comercios y vehículos, se detectó que el personal de las instituciones señaladas simplemente no actuó.
"No se atienden y lo que considera el Sistema Ejecutivo Estatal es que esto podría ser constitutivo de delitos, de ahí que presente su denuncia ante esta Procuraduría para realizar las acciones pertinentes”, dijo.
Barrios Mojica señaló que, en primera instancia parecería que autoridades de la Policía Estatal que son las involucradas de primera instancia no correspondieron al llamado, al igual que los bomberos, tan es así que los incendios se prolongan en el tiempo y se sofocan prácticamente solos.
Tampoco se ve la participación de los agentes de vialidad para atender los bloqueos. En el caso de los elementos de PGJE, habrán de determinar si efectivamente participaron de los hechos o no, y en su caso procedería la Contraloría y Asuntos Internos.
Una de las funciones que tienen las autoridades estatales encargadas de la seguridad pública y la justicia, es precisamente que no haya impunidad y evitar que se sienta ese sentido de falta de justicia, aseveró.
"Pareciera que, por el transcurso del tiempo y vicios arraigados, hay gente en las instituciones que no dedican su función con el compromiso a la sociedad y pudieran verse involucrados con grupos delictivos, es un tema que se atiende e investiga”, refirió.
Por su parte, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz a través de su red social, salió en defensa de Bomberos, Protección Civil y Tránsito de su localidad, a quienes reconoció el esfuerzo y compromiso, además de que, recordó, que ninguno de los elementos integrantes de las mismas, cuentan con armas de cargo.
"Empezaron las detonaciones y en ese momento les pedimos que se resguardaran pues como les comenté no cuentan con armas ni están capacitados pasar ningún tipo de enfrentamiento”, explicó.
Ortiz Domínguez admitió que, recibieron solicitud de apoyo por parte de PGJE para que tránsito, bomberos y protección civil coadyuvarán en la movilización de unidades motrices y llantas incendiadas, pero no pudieron moverlos debido a que aún permanecían el fuego encendido o estaban muy calientes y no podían maniobrar con las grúas.