Las secuelas de Acteal: ‘Hemos sufrido por más de 20 años’
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Un hombre fue despojado de su tierra y su libertad; con engaños se lo llevaron preso y lo acusaron por la masacre
PALO SECO, CHI.- Tomás Pérez Méndez fue acusado de participar en la masacre de 45 personas en Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Pasó 11 años y ocho meses preso, le quitaron sus tierras y no pudo regresar a su comunidad. Hoy el indígena tzotzil tiene 75 años y asegura: “Aunque hemos sufrido por más de 20 años, todo se ha vuelto en bendición. No tengo rencor contra nadie. Aquí vivo tranquilo”.
Desde agosto de 2009, cuando salió de prisión, Tomás y su esposa, Manuela Gómez Sántiz, de 62 años, se asentaron en Palo Seco, un antiguo rancho que el gobierno del estado acondicionó para albergar 25 familias de tzotziles de comunidades de Chenalhó que fueron acusadas de participar en la masacre.
NUNCA VOLVERÁN A SU TIERRA
La condición para liberar al tzotzil fue que al dejar la cárcel se quedara a vivir definitivamente en Palo Seco, en la región Frailesca de Chiapas, y evitara volver a Los Chorros, su comunidad de origen, ubicada a unos 200 kilómetros.
Aceptó, aunque al salir de reclusión sólo pudo trabajar dos años las tres hectáreas de tierra fértil, en el predio que le otorgó el estado. En 2011 empezó a perder la vista a consecuencia de la diabetes y ahora se vale de la ayuda de su esposa o su nieto para todo: para caminar a la Iglesia presbiteriana o para recorrer su predio.
ACUSADOS CON ENGAÑOS
Aunque ciego, el indígena recuerda con claridad lo ocurrido el 25 de diciembre de 1997. Ese día, dice, varios agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) ingresaron con sus fusiles a su casa, en la comunidad de Los Chorros, y le pidieron que los acompañara a “un diálogo a San Cristóbal de las Casas”.
El hombre pidió unos minutos para cambiarse de ropa y desayunar, pero los agentes federales le dijeron que estaba bien que fuera así; en San Cristóbal de las Casas le darían de comer un “rico mole” a él y a otros pobladores de la comunidad.
Todo fue una farsa para implicarlo en un delito que no cometió. Además de Tomás, varios pobladores fueron detenidos y llevados a Tuxtla Gutiérrez directo al penal de Cerro Hueco. En lugar de llevarlos a Jovel, como llaman los tzotziles a San Cristóbal de las Casas, los dirigieron a la cárcel. Tomás fue acusado de los delitos de homicidio calificado, lesiones y asociación delictuosa.
Tres días después ya eran 42 los detenidos, entre ellos dos menores de edad que fueron trasladados por federales, con el engaño de ir sólo a declarar al Ministerio Público, desde la cabecera municipal de Chenalhó hacia Tuxtla Gutiérrez.
Tomás Pérez recuerda que en julio de 2004, cuando del penal de Cerro Hueco cerró, fue trasladado hacia El Amate, en el municipio de Cintalapa. Durante todo su proceso, que llevó casi 12 años, el indígena se dedicó a la elaboración de bolsas típicas de Chenalhó, para tener dinero en la prisión.
Durante ese tiempo, su esposa, Manuela Gómez, tuvo que hacerse cargo de sus ocho hijos, quienes no supieron cuidar su cafetal ni las siembras de calabaza y maíz.
“Todo mi trabajo lo dejé abandonado, mi esposa, mis hijos estaban chicos, no pudieron ver mi trabajo, mis cafetales. Ahí se perdió todo”, recuerda Tomás.
EL CONFLICTO
El indígena tzotzil platica que el conflicto que culminó en la matanza de Acteal, surgió en Chenalhó en 1994, con la constitución del Consejo Autónomo de Polhó, que provocó la división de las comunidades.
Sin embargo, previo a Acteal, hubo decenas de tzotziles muertos y heridos que pertenecían al PRI y al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), dice Tomás, quien fue presidente del Comité Directivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y militante del PFCRN cuando fue detenido.
Varios organismos de Derechos Humanos acusaron a Tomás de ser uno de los “mandos” que planearon y participaron en la matanza; él asegura que es falso, no tuvo nada que ver. A pesar de que nunca tomó un arma para asesinar, estuvo preso casi 12 años.
PROMESA INCUMPLIDA
Cuenta que los últimos años fueron duros para las 25 familias que viven en Palo Seco. El exgobernador Manuel Velasco Coello los mantuvo en el olvido desde 2017, dejó de darles el apoyo semanal que recibían de mil 500 pesos para la compra de medicinas, alimentos y otros productos para su subsistencia en el lugar.
Debido a esta situación, hace tres semanas un grupo de habitantes de Palo Seco decidió viajar a Tuxtla Gutiérrez para plantarse en el Palacio de Gobierno a pedir una solución. No consiguieron nada.
Ahora Tomás Pérez pide al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que no haga lo mismo que Velasco Coello, sino que apoye a las 25 familias que viven en Palo Seco, porque aunque añoran su tierra han cumplido con quedarse en el lugar.
“El gobierno de Manuel Velasco Coello no cumplió su palabra. Estamos esperando qué razón nos va a dar el nuevo gobernador”, insiste el indígena tzotzil.
IMPUNIDAD
Los detenidos por la masacre de Acteal fueron 102; en 2014 sólo quedaban dos en prisión, mismos que fueron liberados durante ese año. A 21 años de la matanza de Acteal ya no hay ningún preso, gracias a una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Han pasado más de 2 mil días desde que Tomás fue liberado y considera que todo el sufrimiento que vivió “se ha vuelto en bendición”, porque aunque lejos de su pueblo, tuvo un nuevo hogar con su esposa, “como si fuéramos recién casados”.
Todos los domingos acude al templo que se encuentra en la parte posterior de su casa, donde llega a predicar el pastor Agustín Cruz, del ejido Puebla, del municipio de Chenalhó.
A pesar de estar ciego, como consecuencia de la diabetes, el campesino se siente tranquilo porque considera que tiene salud. Del mismo modo se dice agradecido porque tiene la “tranquilidad que nos la ha dado el Señor”.
DATOS
21 años de impunidad
El 22 de diciembre de 1997 un comando paramilitar asesinó a 45 indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas”.
Los indígenas se encontraban orando al interior de un templo cristiano.
La mayoría eran mujeres y niños, quienes estaban desarmados.
Entre las víctimas había varias mujeres embarazadas.
45 muertos dejó la masacre, la mayoría niños y mujeres embarazadas.
102 acusados por el crimen, hoy todos en libertad.
