Ley de Amnistía busca "base electoral criminal" para AMLO, acusa PAN
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Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en el Palacio de San Lázaro, expresó que la ley forma parte de un “populismo criminal electorero”
La fracción del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que esta semana pretende aprobar la mayoría parlamentaria de Morena, forma parte de un “populismo criminal electorero” y concede impunidad a miles de delincuentes.
“A los ciudadanos les decimos que está en riesgo su seguridad con la probable liberación de 300 mil expedientes de delincuentes, con los que el presidente López Obrador quiere construir una base electoral, sin importarle el peligro que esto tiene para las familias mexicanas”, acusó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista en el Palacio de San Lázaro.
El legislador destacó que la iniciativa presidencial ofrece la amnistía a quienes están privados de la libertad, indiciados, procesados o sentenciados por robos sin violencia y a casa habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas crédito, o bien por delitos cibernéticos, robo de identidad y el llamado cristalazo.
Ello, con la argumentación de que son delitos menores o de baja cuantía, cuando son precisamente estos los que afectan a los sectores con menores recursos, dijo.
Romero Hicks sostuvo que, ante el grave problema que hoy enfrentan miles de familias mexicanas, resulta inconcebible beneficiar a quienes venden sustancias ilegales cerca de las escuelas y centros de diversión o en colonias populares, envenenando a la sociedad, además solapar a quienes toman carreteras y realizan manifestaciones.
“Como parte de un populismo criminal electorero, Morena busca aprobar la Ley de Amnistía, un proyecto legislativo que establecerá en México la impunidad para los que roban y envenenan con drogas a nuestros jóvenes y empoderará a los delincuentes”, señaló.
El panista subrayó por ello que los legisladores de su partido darán la batalla en las comisiones de Justicia y de Gobernación para evitar se concrete el nuevo error legislativo durante la última semana del periodo ordinario de sesiones.
Insistió en la necesidad de consultar a especialistas y organizaciones de la sociedad civil en un amplio parlamento abierto, antes de aprobar la iniciativa.